Los méritos y las aptitudes deberían ser los requisitos esenciales a tener en cuenta para el ingreso a la función pública. La Constitución Nacional es explícita cuando garantiza el acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas no electivas para cualquier ciudadano, sin más requisitos que la idoneidad.
También en otra parte de la Carta Magna se enuncia que no se admitirá discriminación alguna hacia los trabajadores por preferencias políticas y por otros motivos.
Sin embargo, en la práctica el gran problema para ingresar a las instituciones públicas es que, en general, estos preceptos de la Constitución Nacional son letra muerta.
Ser familiar de algún político, tener un buen padrino, un buen contacto o haber hecho “mérito” con un trabajo político en una seccional colorada valen mucho más que una excelente preparación académica. Es una “cultura” que viene de décadas, una vieja práctica que se repite con uno u otro gobierno. Cambian las autoridades, pero no así ese modus operandi que representa una carga para el Estado, con funcionarios en la mayoría sin capacidad para el puesto y que solamente representan una distribución del presupuesto para operadores y amigos del poder.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppUna muestra palpable de esta situación es lo que publicó nuestro diario. Con Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara de Diputados, ingresaron alrededor de 300 funcionarios sin que pasen el filtro del concurso. Se saltaron para privilegiar a los operadores políticos y a familiares de principales autoridades como claros ejemplos también de nepotismo.
Entre estos casos no se puede dejar de señalar el de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, quien fue nombrada como “asesora” el 22 de setiembre pasado en el Ministerio de Justicia con un salario de G. 6.100.000, pero meteóricamente en octubre su ingreso se elevó a más de G. 18 millones como “coordinadora” en la Cámara de Diputados.
En este contexto, otro de los contratos más polémicos en Diputados fue el de Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Ovelar, quien terminó por renunciar, tras las presiones por la indignación ciudadana.
Claramente, los clanes como los de Ovelar y Alliana, que tienen a familiares diseminados en la función pública, generan millonarias erogaciones al Estado por el solo poder político que ellos representan y que el contribuyente tiene que pagar.
Con mucha razón son las quejas de jóvenes que cuentan con sobrada preparación académica o de ciudadanos en general, pero que al carecer de ese padrinazgo político no tienen las mismas oportunidades de los que ostentan “méritos políticos” o que son amigos e hijos del poder.
Ser semianalfabeto no es un impedimento para ingresar a la función pública si cumple con el requisito principal de operador político colorado y de una seccional.
Total, en la realidad, la idoneidad es la que menos se tiene en cuenta.
La Ley Fundamental de la República también dice que los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Este es el ideal que se supone deben asumir; sin embargo, en general lo que se observa es que se sirven del Estado.
La superpoblación de funcionarios en las instituciones estatales también demanda gran parte del presupuesto público en sueldos, que es otro aspecto para reducir.
En resumidas, es imperioso que los entes públicos dejen de ser un botín político que beneficia a operadores y familiares de políticos. Alguna vez se deben tener en cuenta la capacidad y la aptitud para el cargo por el bien de la patria.