A Palo le llamó la atención que todo el recorrido fuera hecho sin el acompañamiento de alguien uniformado o alguna autoridad de la institución. Pero, finalmente, fue recibido por un pastor evangélico, dio la disertación para la que fue convocado y se tomó selfies con muchos internos. También le pareció extraño que tuvieran teléfonos celulares, pero recién al emprender la vuelta y verse rodeado por una turba de reclusos un poco menos amables, cayó en la cuenta de que nadie lo protegía. Felizmente, pudo salir sin sufrir daños.
La Dirección de Establecimientos Penitenciarios sostuvo en un comunicado que el ingreso del periodista al penal fue autorizado por el director y contó con todas las medidas de seguridad, pero ello resulta difícil de creer. Sobre todo, porque Palo no tiene motivos para mentir. Todo indica que las autoridades penitenciarias no tenían conocimiento del evento y que ese insólito paseo desnuda la vulnerabilidad de la seguridad en el penal más grande del país.
Hace pocos meses este Gobierno conmemoró con un acto público el primer aniversario del Operativo Veneratio, aquella operación conjunta de fines de 2023 en la que 2.500 policías y militares recuperaron el control de la Penitenciaría de Tacumbú. Santiago Peña dijo entonces: “Ya no hay más guardiacárceles que reciben órdenes de un clan, o de un narcotraficante. Ahora responden a los organismos del Estado”. Era el inicio de un nuevo modelo penitenciario.
Esta semana, ocho presos, entre ellos cuatro presuntos miembros del Primer Comando Capital (PCC), se fugaron de la penitenciaría de alta seguridad de Minga Guasu. Los mismos estaban recluidos en un pabellón de “régimen cerrado especial”, donde existen celdas individuales.
La grabación del circuito cerrado muestra que un guardiacárcel entrega a uno de los presos una llave, con la cual este va abriendo, con total tranquilidad, las puertas de los cubículos de sus compañeros. Los agentes que vigilaban el área se ausentaron convenientemente. Luego, los prófugos subieron al techo de una garita de control –vacía, por supuesto– y ganaron el muro principal que da al exterior de la cárcel.
No fueron vistos por los militares, encargados de la custodia perimetral de la penitenciaría y, mucho menos, por el distraído funcionario que vigilaba las múltiples cámaras que mostraban en directo la fuga colectiva. Tanta complicidad hizo que nadie, desde los cargos de responsabilidad, se atreviera a desmentirla.
La penitenciaría de Minga Guasu fue habilitada en mayo pasado, con siete módulos de régimen cerrado y una capacidad de más de 1.200 reos. El entonces ministro de Justicia, Ángel Barchini, aseguró que era una estructura de máxima seguridad, sobre todo porque también empezarían a cumplir funciones 125 nuevos oficiales penitenciarios formados “bajo los más altos estándares de excelencia”. También entonces se habló del inicio de un nuevo modelo penitenciario.
La realidad resulta muy distinta a la expectativa. Se puede entrar y recorrer Tacumbú sin que las autoridades se enteren. Y en el presidio de Minga Guasu detenidos muy peligrosos pueden salir cuando quieren con la ayuda de quienes deben vigilarlos.
La verdad es que nada ha cambiado. Nuestro sistema penitenciario está bajo el control total de grupos criminales. Desde luego, un país con tanta corrupción gubernamental no puede pretender que haya honestidad en sus cárceles. La fácil entrada de Palo y la más fácil salida de los soldados del PCC son la mejor prueba de ello.
