El sistema tributario paraguayo es quizá el menos complejo de la región. Pero también el que más imperfecciones presenta a la hora de formalizar la economía. Los controles se aplican en mayor medida sobre quienes ya están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes, el cual también demostró permeabilidad, como los casos de megaestafa descubiertos en el gobierno anterior.
Además, existe una parte de la economía que no es controlada, por lo cual no se sabe exactamente a cuánto asciende la posible evasión tributaria ni cuál es el impacto verdadero en el producto interno bruto (PIB).
Un estudio elaborado por la Asociación PRO Desarrollo Paraguay sobre la economía subterránea reveló que esta representó el 38,6% del PIB en el año 2017. Agrega que, de los USD 30.186 millones del producto interno bruto, USD 11.652 millones corresponden a la economía subterránea.
La empresa encargada del estudio explica que la economía informal comprende las actividades legales cuyos participantes no cumplen con obligaciones impositivas o regulaciones como no pagar impuestos ni emitir factura y la economía subterránea está conformada por actividades ilegales como contrabando, narcotráfico, evasión general de impuestos, entre otros.
Ante estos números corresponde preguntarse si es necesario iniciar un proceso de reforma tributaria o abocarse a la tarea de aplicar con rigurosidad las leyes impositivas vigentes.
Veamos, el impuesto a la renta personal (IRP) termina de implementarse el próximo año, cuando alcanzará a quienes perciban hasta 36 salarios mínimos anuales. El planteamiento inicial era que el tributo sirva para que los ricos paguen más, pero tras varias maniobras políticas se convirtió en un “impuesto formalizador”.
Si bien necesita ser revisado, ni siquiera fue implementado del todo, por lo cual surge la duda sobre la urgencia de la modificación en este momento.
Después está el impuesto a la renta a las actividades agropecuarias (Iragro), un tributo modificado a inicios del gobierno de Horacio Cartes. El impuesto nació con la promesa de dejar como ingreso al fisco aproximadamente USD 300 millones, pero a varios años de su implementación la recaudación no llega siquiera a los USD 50 millones.
En el caso del impuesto selectivo al consumo (ISC), las tasas aplicadas a los productos derivados del tabaco y a las bebidas –tanto alcohólicas como azucaradas– son las más bajas de la región. Ocurre el mismo caso que con el IRP: urge elevar las tasas, pero también aplicar mayores controles al ingreso de bebidas alcohólicas –principalmente– para que la recaudación sea mayor.
Ante este escenario, cabe preguntarse si no sería más adecuado lograr que el Estado ejerza su rol principal de controlar, de manera que todos los habitantes del territorio paraguayo estén formalizados y abonen los impuestos como corresponde, antes que seguir hablando de modificaciones impositivas.
Si se hiciera mejor el trabajo de fiscalización, no habría necesidad de hablar de cambios a cada rato.
