Última Hora publicó recientemente la historia de Feliciano Mai Franco, un joven, de 33 años, quien con la intención de velar mejor por su familia optó por trabajar para una plataforma de movilidad con su motocicleta. Para eso, a fines de octubre pidió un crédito para comprar una nueva moto, ya que hace tres meses, en el mes de agosto sufrió el robo de otra motocicleta. Lamentablemente e incluso antes de pagar la primera cuota fue nuevamente asaltado.
Cuando regresaba a su hogar, en el barrio Kokueré, se cruzó con los presuntos motoasaltantes quienes lo interceptaron con un arma de fuego. Relató que prestó un celular para llamar al 911 y esperó 40 minutos en línea sin obtener respuesta, según denunció. Cuando pudo llegar hasta la Subcomisaría 5ª de Calle’i, se encontró con una llamativa situación, pues afirma que la suboficial que le atendió no quería tomarle la denuncia e incluso le dijo que no era la jurisdicción donde ocurrió el asalto.
Fei Mai Franco también dirigió un mensaje a las autoridades del Gobierno para solicitar más seguridad para los trabajadores que día a día arriesgan su integridad.
La historia del joven se entremezcla con otros titulares publicados el mismo día: el que habla del robo de celulares sucedido apenas a una cuadra de Comisaría 3ª y del Ministerio del Interior y el que da cuenta del violento asalto a una gasolinera para robar G. 40 millones.
Triste y preocupante es la realidad que se vive en el país. Es una situación que genera gran preocupación y agobio a la ciudadanía. Las personas sufren el efecto de la ola de delincuencia se sienten abandonadas por sus propias autoridades, las que deberían trabajar por procurar el bienestar de todos. Las condiciones en las que debe vivir la población son ya insoportables, ya que prácticamente ni encerradas en sus hogares se sienten seguras las personas.
Además, se debe considerar el dato que provee el Atlas de la Violencia e Inseguridad, que afirma que más de la mitad de la población ha sido víctima de la delincuencia criminal, pero que solo cuatro de cada diez afectados deciden denunciar el hecho, pues no confían en las instituciones; esto significa que no se confía en la Policía ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, ya que se considera que están afectados por la corrupción. Este nivel de desconfianza debería ser un llamado de atención tanto para las autoridades electas como para los funcionarios.
Es oportuno recordar que, después de asumir el cargo en la cartera e Interior, el ministro Enrique Riera había anunciado que su trabajo se enfocaría en potenciar tres principales ejes para combatir la inseguridad que atraviesa nuestro país.
Afirmó que potenciaría al Grupo Lince de la Policía Nacional, atacaría el microtráfico e implementaría el uso de las tobilleras electrónicas. Según Riera, el fortalecimiento de estos tres puntos sería crucial para la disminución de los hechos delictivos y para recuperar la seguridad.
Lamentablemente, mientras la población espera con impaciencia que se hagan realidad las promesas electorales y las promesas de los integrantes del gabinete del presidente Peña, la ciudadanía permanece prácticamente secuestrada por el accionar de los delincuentes que actúan con total impunidad.
Urge que se delineen acciones, planes y políticas públicas para combatir la delincuencia y la violencia urbana. Es inaceptable que el Estado paraguayo permita a través de sus instituciones que en el Paraguay se enseñoree la criminalidad por todo el país de manera impune. Los paraguayos tienen derecho a una vida segura y con bienestar.
