El diputado Erico Galeano cumplió este martes en presentarse a la convocatoria realizada por la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos (CBI) del Congreso Nacional.
Se trató de su segundo llamado, teniendo en cuenta que en la primera ocasión se excusó de asistir presentando un certificado de reposo debido a un cuadro de Covid-19.
El parlamentario colorado es investigado por la Fiscalía debido a sus presuntos vínculos con el operativo A Ultranza, una de las mayores investigaciones realizadas en el país sobre el narcotráfico y el lavado de dinero.
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Sin embargo, antes de iniciarse la reunión en la CBI, el diputado Galeano presentó un documento con el cual da poder a los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres Alsina.
Ya durante la audiencia, el legislador se amparó en un artículo de la Constitución Nacional para no responder ninguna de las consultas realizadas por los integrantes de la CBI.
El senador Jorge Querey aclaró que la convocatoria al legislador no representaba una acusación o algo de lo que se desprenda una pena, sino más bien de un informe solicitado por ambas cámaras del Congreso sobre un tema de interés público.
Al término de la reunión, Querey indicó que se le trasladó todas las inquietudes sobre él y sus 14 empresas, entre ellas los vínculos de sus firmas con accionistas y personas condenadas en Brasil por diferentes delitos, como narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con Alberto Youssef, que era el gran lavador de dinero de Darío Messer.
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También dijo que trasladaron otras preguntas sobre familiares que hacen compraventa en sus empresas o por qué las grandes operaciones de dinero se hacen en efectivo, en bajas denominaciones y monedas extranjeras.
Mencionó que solo el gerente de Tabesa, José Ortiz, y el diputado Erico Galeano se negaron a declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación.
Finalmente, el senador sostuvo que el diputado perdió la oportunidad de desvincularse de personas ligadas al lavado de dinero, narcotráfico o de hechos consultados y que llamarse al silencio no es la manera más adecuada de defenderse.
Uno de los abogados del diputado Galeano mencionó que es de interés poner en conocimiento que el legislador está siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público y que se inició con un allanamiento dentro del operativo A Ultranza, por lo que se entregó la documentación requerida y también evacuaron dudas.
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Entre otras cosas, dijo que existen 64 tomos dentro de la investigación y que varias de las cuestiones y preguntas son las mismas o guardan relación, por lo que existen los conductos para solicitar dicha información al Ministerio Público.
Investigación vinculada al operativo A Ultranza
La investigación contra el diputado se dio luego de la venta de una propiedad a Hugo González, implicado en el esquema criminal desmantelado en el marco del operativo A Ultranza PY, por USD 1 millón, con un pago en efectivo, lo que activó las alarmas de la Seprelad.
Dicha propiedad no fue declarada tras asumir como legislador en el año 2018, como tampoco otras lujosas propiedades y 12 cuentas bancarias, según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Operaciones sospechosas
Según el informe al que accedió el Ministerio Público, otro de los puntos que llaman la atención sobre las operaciones de Galeano es que omitió en su declaración jurada de bienes 12 cuentas bancarias, de las que 11 estaban activas antes del 2018, cuando asumió como parlamentario.
Otra operación financiera que halló la Seprelad fue una transferencia que realizó Galeano al ex presidente de la República Horacio Cartes, por un monto de USD 2,5 millones en el 2021. El legislador, al igual que Cartes, es propietario de una tabacalera.
A las operaciones sospechosas por parte de Erico Galeano se le suma el vínculo que el uruguayo Sebastián Marset Cabrera, líder del esquema criminal desmantelado en A Ultranza PY, tuvo con el Club Deportivo Capiatá, donde el diputado era presidente.