Errores y castigos

“El que las hace... las paga” es una expresión que define las relaciones en una sociedad que vive en un Estado de derecho. Y eso mismo debiera aplicarse a los fiscales intervinientes en el caso Seprelad o sus colegas que no investigaron a Cartes al punto que incluso el fiscal general del Estado no recordaba que él mismo había firmado la integración de un equipo especial liderado por su adjunta.
Ante esa misma Fiscalía, unos valientes abogados del interior presentaron una demanda contra los 23 del patíbulo que violaron la Constitución con el “desdesafuero” y tuvieron que recular ante el tremendo daño que infringieron a la democracia. No son errores simples que acaban con una simple disculpa o un reconocimiento de un paso mal dado, es algo mucho peor: Acciones graves que requieren sanciones iguales. Los fiscales que no hacen su trabajo o lo hacen alquilados a una parte demandante de denuncia falsa sin ser calificable de tal por la misma Fiscalía que cajoneó el expediente no ocurre porque se equivocaron. Lo hicieron adrede y no sabemos por qué motivos inconfesables, pero lo podemos presumir.

Lo peor de todo esto es que parte de un presupuesto de que el país está habitado por tontos que no se dan cuenta o de que creen que así nomás debe el poder político someter a la Justicia usando fiscales o legisladores para acabar con la democracia.

Afortunadamente, con el grito de fondo de los jóvenes que no creen en las acciones del gobierno se pudo retornar a la normalidad constitucional en el caso de ”desdesafuero” y en algunas medidas que un asustado fiscal general tomó como consecuencia de su sospechosa amnesia en los casos de alto perfil que le toca administrar.

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Veremos si la presión se mantiene o esperan que la sociedad olvide estos hechos graves que superan la definición de errores. Han violado los procedimientos o han cajoneado denuncias graves en el caso de Cartes o los 23 senadores creerán que no tienen costos sus malas acciones contra la Constitución y las leyes. Han paralizado juicios en curso y se han montado contra otro poder del Estado algo claramente prohibido en un artículo de la Constitución del 92.

El hecho de contratar a dos abogados para que le digan lo obvio también demuestra el peligro que tiene la República con una mayoría que rebuzna ignorancia y desconocimiento de la Constitución sobre la que juraron al asumir sus curules.

Tenemos un fiscal general amnésico, unos subordinados cómplices del crimen organizado y temerosos de acabar como su colega Pecci al que debieran honrar con actitudes valientes y ajustadas al derecho sumados todo eso a unos legisladores que deben pagar a un par de abogados que les dijera que lo que hicieron es un escándalo. Sugirieron con buen tono y pertinencia que Kattya Gonzalez debiera volver al Senado porque la sacaron con 23 votos cuando debieran haber tenido 30.

El daño ya está hecho y sus responsables deben ser castigados. No nos sirve a los mandantes que digan que se equivocaron y que recularon.

Deben ser castigados con la mayor severidad posible. Es la única manera que tenemos de enderezar el rumbo torcido que ha tomado nuestra democracia.

Los jóvenes siguen gritando a coro lo que los políticos se niegan a admitir y asumir. La presión está subiendo de tono y eso se descomprime con sanciones.