La impactante noticia rompió el inicio de la semana laboral y marcó el ritmo de la agenda política de la semana. Por las acusaciones fiscales contra el diputado fallecido y su hijo Alexandre, hay mucho hilo que desmadejar aún. Esto apenas empieza.
Lalo Gomes concentra en sí un perfil que hace tiempo define la narcopolítica en Paraguay. Un próspero hombre de negocios, ganadero de alto perfil, presidente de la Asociación Rural del Paraguay de Amambay, eterno aportante de campaña, diputado nacional, con nexos con los clanes del narcotráfico brasileño, que manejaba como a peones de sus estancias a la Policía, la Fiscalia y a los jueces de la zona. Su fortuna asciende a 135 millones de dólares, según su declaración jurada. Si no fuese por la investigación y presión del Brasil, su expediente, que data del 2022, iba a seguir congelado en los archivos judiciales. Este tipo de protección solo puede darse cuando existe blindaje de alto nivel. Ingresó a la política de la mano del abdismo y luego pasó a las filas del cartismo. Como dicen los colorados en campaña, “todos somos 1”.
La acusación de supuesto lavado de dinero y asociación criminal contra el hijo del fallecido diputado, Alexandre Rodrigues Gomes, y contra Óscar Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta y John Gerald Gaona fue confirmada por el juez Osmar Legal.
CAOS Y CONFUSIÓN. Al lunes de furia tras el controversial allanamiento, se sumó la visceral reacción de los diputados cartistas que pegaron el grito al cielo y reclamaron la cabeza del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía, Carlos Benítez. En el Jurado de Magistrados, el diputado Orlando Arévalo pidió la suspensión de los fiscales y el juez. Crecían los cuestionamientos al desprolijo operativo y sobrevolaba en el ambiente una supuesta “quema de archivo”.
El clima caliente ascendía ante la primera gran controversia entre el Gobierno y sus diputados, causado por un legislador vinculado al narcotráfico. Una foto trágica de la política nacional.
El presidente de la ANR, Horacio Cartes, tuvo que salir a respaldar a las instituciones involucradas. Eso bajó los decibeles, pero no calmó a los diputados que, a pesar del pedido de Peña, aprobaron una declaración contra Riera y el jefe policial, abriendo una grieta en Honor Colorado. Los senadores fueron más prudentes y como medida convocaron al fiscal general, Emilliano Rolón, y al comandante, quienes convencieron a la Cámara que les dio su respaldo.
Luego se sumaron el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana ratificando el apoyo al operativo y a sus responsables, dejando a los diputados en off side.
Pero no solo en el plano político se dieron las divergencias. También en el área de seguridad. Mientras policías y fiscales intentaban convencer de que el cuestionado operativo cumplía los protocolos, el jefe de la Senad, Jalil Rachid, profundizó la crisis al señalar que su organismo quedó fuera (por desconfianza del Ministerio Público) y acotó que la DEA (antidrogas de EEUU) estuvo detrás de la misión. Justo en momentos en que el cartismo agita la bandera de la soberanía contra el Norte tras la sanción a Tabesa. ¿Permanecerá en el cargo tras estas declaraciones?
La familia del diputado no quedó en silencio. Desde el día del mortal allanamiento cuestionaron duramente el operativo y hablaron de ejecución policial. Por las declaraciones de la esposa, la hija, parientes y abonados políticos del fallecido se nota que darán guerra al Gobierno marcando presencia mediática y política. Incluso con serias advertencias a los amigos de ayer que hoy se hacen los desentendidos. El foco se centró en el senador Natalicio Chase, quien hizo campaña con Gomes, recibió su apoyo y ahora desconoce la relación.
En la ANR, cuando las papas queman con denuncias de corrupción o narcotráfico, la primera defensa es atacar al adversario interno. El blooper lo protagonizó el presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien pretendiendo desconocer los antecedentes de su correligionario, se le recordó que sus datos ya figuraban en reportes de la Seprelab contenidos en un informe del Congreso remitido al Ministerio Público en el 2022. Dijo que no firmó el “mamotreto”, porque se concentraba en atacar a Cartes, pero en el documento aparece su rúbrica.
MARCA PAÍS. El caso Lalo Gomes es la radiografía perfecta de cómo funciona la narcopolítica en Paraguay, que ocupa el cuarto lugar en el ránking mundial de países con mayor criminalidad organizada. Ni la pobreza, ni la paupérrima educación ni la falta de empleo ni la inseguridad ciudadana han desatado semejante indignación de los diputados colorados que en una sobreactuada defensa parecían estar defendiendo más el negocio de uno de los suyos, o a un financista, atacando incluso a su propio Gobierno.
El caso impactó en todos los órdenes y demostró una vez más cómo funciona el lavado de dinero gracias a la protección institucional. La caída del diputado no hubiese sido posible sin la presión y la cooperación internacional. Las décadas en las que nadie les molestó a él ni a muchos otros están directamente vinculadas a la protección del Partido Colorado que hace 70 años está en el poder y que bajo su mando y su manto ha crecido la criminalidad destruyendo a su paso las instituciones del Estado. Tampoco debe dejar de mencionarse que en la degradación del sistema contribuyen sectores de la oposición que optaron por seguir el mismo camino, dando el argumento a los colorados para decir “no somos los únicos, ellos también son corruptos y narcos”.
Es ingenuo creer que el operativo Lalo sea el inicio de una misión más grande, la que busca rescatar a las instituciones de las garras del crimen organizado, que goza y seguirá gozando de buena salud mientras exhiba como carnet de impunidad el pañuelo colorado.
Para vencer este sistema, primero hay que entender qué “es el partido, estúpido”.
