La clase política debe ser la más interesada en promover la calidad en el servicio público para que ingresen a la función los más aptos y presten una atención eficiente a los ciudadanos. Una buena legislación ayudará a combatir el nepotismo y a incentivar la meritocracia. Es hora de dejar de lado los malos hábitos y dar ese salto de calidad en la función pública. Pero, debido a las apetencias de políticos, en el Senado excluyen del proyecto de ley del Servicio Civil al Congreso y al Poder Judicial. Así, seguirán manteniendo a la clientela con fondos públicos.
Si no se instala un nuevo paradigma con una normativa y voluntad política que reordene la metodología de ingreso de los dependientes estatales, la estructura pública estará conformada siempre en la mayoría por funcionarios que ingresaron por el padrinazgo de algún político o por un integrante de peso de determinada institución.
Si se pretende que el país emerja y se desarrolle de forma sostenida es vital que el funcionariado sea eficiente en todos los órdenes, pero para ello se debe comenzar a trabajar en un reordenamiento que encamine hacia ese objetivo. Caso contrario se irá agrandando el Estado con hijos de políticos sin preparación, operadores, seccionaleros, entre otros.
Los casos de nepobabies y nepobachis fueron claros ejemplos de cómo no importa la preparación académica para ingresar a la función pública. Sino más bien ser hijo de un político determinado o simplemente vinculado políticamente al presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez.
Considerando estos antecedentes, tiene un gran valor el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para una ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil con la intención de que afecte a los tres poderes del Estado, pero lamentablemente en la Cámara Alta modificaron y excluyeron al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El proyecto de ley será tratado este miércoles en la Cámara de Senadores.
Claro, no aplicando la normativa inicial al Congreso Nacional, los legisladores seguirán utilizando como un botín político el Parlamento para ubicar a sus leales y parentela, sin que importe su formación.
El proyecto inicial fue mutilado y aspectos claves, como la evaluación de desempeño y la implementación de una política salarial, fueron modificados. Respecto al primer punto citado, la iniciativa del Ejecutivo señala que los resultados de la evaluación de desempeño se emplearán para tomar y fundar decisiones sobre ascensos, promociones, movilidad interna, necesidades de capacitación, estímulos no monetarios, renovación contractual y planes de mejora institucional.
Sin embargo, la versión del Senado agrega que la evaluación de desempeño no podrá ser utilizada para determinar la desvinculación automática del servidor público o para imponer una sanción de manera directa, por el solo hecho de no aprobar la evaluación de desempeño. Con esta incorporación realizada por la Cámara Alta, se omite tajantemente la meritocracia como una condición esencial para ocupar cargos en la función pública.
La clase política debe ser la más interesada en promover la calidad en el servicio público para que ingresen a la función los más aptos y que también se preste la debida atención al ciudadano. Una buena legislación ayudará a combatir el nepotismo y a incentivar la meritocracia. Si se promueven los méritos académicos y las aptitudes, especialmente los jóvenes tendrán más incentivos para capacitarse. Es hora de dejar de lado los malos hábitos y dar ese salto de calidad que es tan necesario en la función pública. Lamentablemente con una ley fragmentada, todo hace indicar que otra vez habrá que esperar. Más aún cuando políticos están comprometidos con su clientela de base, antes que con el bien común y el mejoramiento del país.
