El régimen jubilatorio paraguayo se caracteriza por dos cosas: Las desigualdades y la falta de claridad y transparencia en el manejo de las cajas.
Estas dos características, principalmente, han llevado a una situación de alarma en las dos cajas más grandes del régimen nacional: El Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja Fiscal.
De acuerdo con una publicación hecha por ÚH este domingo, con base en las estimaciones oficiales elaboradas por el Ministerio de Trabajo (www.ultimahora.com/c2950442), si bien en IPS la situación actual no es aún crítica, se empiezan a encender las luces amarillas. Esto, considerando que la entidad tiene actualmente diez aportantes por cada jubilado. Sin embargo, necesita ocho de ellos para cubrir el haber de un jubilado.
La Caja Fiscal, por su parte, ya viene arrastrando un saldo rojo desde hace varios años debido a las leyes especiales que están vigentes para los docentes, los policías y los militares. En el sector civil de la previsional pública, los datos indican que se tienen cuatro aportantes por cada jubilado, pero se necesitan también cuatro activos para pagar a un jubilado, algo que se denomina empate técnico. En el no civil, la cosa es más grave, ya que se tienen tres activos por cada jubilado, pero se necesitan cinco para pagar a un pasivo.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn un esquema de reparto solidario con beneficios definidos, donde los cotizantes activos financian a los pasivos, estos números preocupan y llaman a un urgente consenso para asegurar la sostenibilidad de las cajas en el mediano y largo plazo.
La jubilación, después de una vida laboral activa de 30 o 40 años, es un derecho incuestionable que debe ser garantizado, pero ante la falta de una ley marco o un ente rector y regulador único, se puede decir que ese derecho hoy está navegando por un mar de inseguridad e incertidumbre.
Dentro de su plan de reactivación económica, el Poder Ejecutivo ha incluido un programa de reformas del gasto, formando parte central de ello la elaboración de una nueva ley de jubilaciones y pensiones. Una legislación similar ya fue sepultada en 2018 en el Congreso, ante el temor generalizado en aportantes y jubilados sobre la injerencia política en la creación de una superintendencia como ente regulador del sistema.
Es evidente que las distorsiones en los regímenes y los números en rojo necesitan ser corregidas, y tener una entidad supervisora parece ser un primer paso hacia ello. Para economistas y ex autoridades como César Barreto y Carlos Fernández Valdovinos, la sostenibilidad de las cajas está estrechamente vinculada a la tenencia de una superintendencia que haga una revisión paramétrica general y se encargue de crear un reglamento marco de inversión para todas las cajas, con el fin de asegurar que los fondos jubilatorios se inviertan adecuadamente y de ese modo se vayan ampliando las reservas de las mismas.
Es muy importante, no obstante, que el Gobierno Central llegue a un consenso general y no se apure para presentar este proyecto de ley. Uno de los principales problemas del fracaso inicial de la ley de pensiones en 2018 fue justamente la falta de participación de los afectados. Tener una ley que genere desconfianza en los principales actores del sistema jubilatorio no será una decisión acertada y carecerá de legitimidad.
Estas discusiones requieren también de mucha madurez en la clase política que forma parte del Poder Legislativo. Es una verdad irrefutable que muchas personas querrán mantener el statu quo, por conveniencia particular o de un pequeño grupo de poder, ya que las cajas históricamente han respondido al clientelismo y a amiguismos momentáneos.
Sin embargo, es importante que los políticos puedan entender la magnitud del problema para que las soluciones respondan a una visión estadista. Está en riesgo la jubilación.