Fue ministro de Hacienda durante dos gobiernos y fue uno de los artífices de la estabilidad macroeconómica de la que goza el país desde el 2003, que le permite hoy al Paraguay emitir bonos en el mercado internacional de capitales a tasas similares a países con grado de inversión.
Durante su gestión se dieron los últimos años de superávit fiscal, un resultado que pasó a ser un recuerdo en el historial de Hacienda. Dionisio Borda es de los que incómoda cuando habla porque pone a la gente en el centro de la economía y no solo a los indicadores del mercado.
Hace ocho días salió al ruedo proponiendo que se opte por las transferencias monetarias antes que la entrega de kits de alimentos a los más carenciados por la crisis sanitaria, y el Gobierno recogió el guante. En tiempos de cuarentena, Dionisio Borda respondió sobre la emergencia económica que sacude al país por la irrupción del–¿Cómo evalúa las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la ley de emergencia económica?
–Estamos enfrentando una crisis sanitaria y económica sin precedentes reciente e impredecible a nivel mundial y nacional para salvar la vida de la gente. Las medidas deben ser drásticas y rápidas. En ese sentido, la Ley de Emergencia es una urgencia para proteger la vida de la gente, el consumo de los trabajadores informales independientes, los indigentes, las micro y pequeñas empresas, la pequeña agricultura familiar campesina y el empleo de las empresas formales. Sin embargo, en tiempo de crisis, el costo de las medidas debería ser mejor distribuido sobre sectores privilegiados y actuar con celeridad para llegar a tiempo a los más vulnerables, que no tienen empleo seguro, ahorro, patrimonio y está endeudado. El confinamiento, aislamiento y las medidas sanitarias exigen grandes sacrificios. Esta crisis es una oportunidad para que los privilegios de la élite económica, política y de la burocracia estatal sean corregidos en una sociedad marcadamente desigual en oportunidades, ingresos y riqueza, y en un país con servicios y bienes públicos de baja calidad, cobertura, eficiencia y transparencia, con una presión tributaria extremadamente baja del 10% del PIB frente al 25% de la región y un sistema tributario regresivo.
–¿Está de acuerdo con endeudar al país por hasta USD 1.600 millones?
–Las medidas de emergencia tienen costo, pero me preocupa el alto endeudamiento mencionado, precisamente por nuestra limitada capacidad de pago y por el proceso de endeudamiento con emisiones de bonos anuales que iniciamos en el 2013 y los vencimientos ya en 2023 de USD 780 millones, más la incertidumbre de los recursos adicionales de Itaipú en proceso de negociación con Brasil, el costo de estas medidas de emergencia para las instituciones financieras públicas (AFD, BNF, CAH) y la evolución de la situación a nivel mundial poscrisis. Por eso, te insisto, que es la hora de apelar al patriotismo para que los más privilegiados carguen con el costo de salvar la vida y poner a prueba nuestro sentido de solidaridad con los más vulnerables ahora, antes de que sea tarde; pensemos de una vez por todo en el bien común por encima de los intereses particulares y no poner en riesgo la fortaleza fiscal, monetaria y financiera del Estado. Es hora de pensar en la gente, que es el objetivo de la economía, y no en el PIB y las ganancias y utilidades en tiempo de crisis, ni en los privilegios de la burocracia estatal.
–Usted dice que la población vulnerable es el sector más afectado por la paralización de la economía, ¿cómo evalúa las medidas tomadas hasta ahora para asistir a ese segmento?
–Son medidas necesarias, pero no suficientes. Se necesitan más celeridad y más transferencias monetarias para los pobres e indigentes para asegurar la alimentación para abastecerse por sus propios canales de suministros. Es el momento de coordinar acciones interinstitucionales y echar mano a los registros administrativos del Gobierno que tienen identificados y bancarizados a los beneficiarios y ampliar rápidamente con los medios digitales. Recuerdo que la Secretaría Técnica de Planificación trabajó ya en la administración anterior en la identificación de pobres e indigentes, el Ministerio de Desarrollo Social tiene sus registros de beneficiarios de transferencia monetaria condicionada, el Ministerio de Hacienda tiene de los que reciben la pensión de adultos mayores en situación de pobreza, el Mitic viene trabajando en coordinación con el Gabinete Social. La cuestión es actuar rápido hoy y pensar a mediano y largo plazo. Me alegra que nuestra sugerencia de transferencia monetaria ha prendido y escucho que doblaron el monto. Hay que actuar rápido para los trabajadores independientes (cuentapropistas), micro y pequeñas empresas y para refinanciarles sus vencimientos sin interés punitorio.
–Usted había propuesto una retención del 5% a la exportación de soja como un mecanismo para financiar el combate a la pandemia, diciendo que es un impuesto de fácil recaudación. Héctor Cristaldo le respondió que es una idea descabellada y que refleja una visión mezquina y prehistórica; ¿qué responde a eso?
–Ah, vi la respuesta de la UGP. Estamos en emergencia y se necesita actuar rápido. El sector sojero y la ganadería, principalmente los frigoríficos, se han beneficiado en los últimos 20 años y su contribución con el Fisco ha sido muy exigua. En esta crisis se pide que renuncien un poco a su margen de utilidad y contribuyan con el Fisco en años récord de producción y tipo de cambio muy favorable. Este sector siempre pide refinanciamiento a la AFD y al BCP en años de malas cosechas y se le ha otorgado. Apenas tiene que hacer por reciprocidad.
–En este contexto hubo acusaciones de mezquindades, hasta la UIP salió a reclamarle a los bancos su escaso respaldo financiero a las empresas; ¿hay falta de apoyo y de solidaridad de los sectores más pudientes?
–Estoy totalmente de acuerdo con el reclamo de la UIP. Ese sector necesita respuesta rápida para proteger a sus trabajadores, cuidar el empleo y disponer de liquidez durante el confinamiento. Ese sector financiero también ha tenido un amplio margen de ganancia, inclusive durante la recesión, y en esta crisis debe también hacer renunciamientos a sus ganancias, sin presionar al BCP y poner en riesgo el sector financiero. El BCP va a otorgar un crédito puente al Ministerio de Hacienda para disponer de liquidez, pero se debe devolver.
–Muchos cuestionan al Gobierno por no recortar el gasto del funcionariado público y dicen que el peso de la crisis recae en el sector privado; incluso en Uruguay anunciaron la reducción temporal de los salarios públicos. ¿Qué opina al respecto?
–También estoy de acuerdo. Pero no se tiene que mirar solo una parte de la ecuación, solo poner el peso sobre el sector público, sino también el sector privado tiene que cargar con el costo de la emergencia, con un sistema tributario regresivo, en el que el que tiene más paga menos en términos relativos a sus ingresos y patrimonio. Esta crisis debe servir para recortar gastos superfluos, privilegios salariales de la burocracia y combatir frontalmente la corrupción y mejorar los servicios sociales y protección social para tener una sociedad más justa. Los políticos también deben cargar con el costo de la emergencia.
–¿Cómo evalúa las medidas de auxilio financiero a las mipymes, son suficientes?
–Es interesante y el Gobierno debe actuar rápido para proteger el empleo y a las empresas del sector.
–Benigno López dijo que luego de la pandemia habrá que hacer un ajuste impositivo; ¿cree que será posible atendiendo a la oposición que hubo para la reciente reforma fiscal?
–Muy de acuerdo con el ministro. Será, sin dudas, necesario un ajuste impositivo. El costo de la medida de emergencia es del 5% del PIB y la reciente reforma tributaria no va a recaudar ni 1% del PIB cuando esté en vigencia plena y no corrige la regresividad. Paraguay tiene una imposición directa (utilidades, ingresos y patrimonio) de 20% frente a 80% de impuestos indirectos (bienes y servicios), en los países de la región esa relación es de 40-60 y en los países del primer mundo 60-40. Es una regresividad que no aguanta. Es hora que los ricos paguen sus impuestos para tener una paz social y exigir a los políticos que el Estado mejore su calidad del gasto y terminen con los despilfarros. Necesitaremos un nuevo contrato social para tener una economía más inclusiva y sustentable, un Estado más transparente y una democracia más representativa y de mejor calidad.
–¿Está de acuerdo en quitar a los municipios los fondos de los royalties para derivarlos al combate al coronavirus?
–Estoy de acuerdo, han mostrado baja capacidad de gestión, planificación y transparencia
–En estos días se planteó la dicotomía economía versus salud cuando se anunció la flexibilización de la cuarentena, por presión de grupos empresariales, hasta que el Presidente ratificó el confinamiento; ¿qué opinión tiene al respecto?
–Estoy totalmente de acuerdo con la medida tomada de mantener el confinamiento hasta el 12 de abril para ayudar a nuestro sistema de salud a preparase mejor y actuar con celeridad, proteger al personal de blanco y aplanar la curva de la propagación del virus y, al mismo tiempo, agilizar al máximo las medidas económicas de la Ley de Emergencia para responder a la urgencia económica y social. Los países con mejores sistemas de salud y que priorizaron la economía ahí están con más contagios, muertes y pérdidas de vidas del personal de blanco. Es el momento de actuar rápido y asumir el costo de la emergencia sanitaria.
–¿Cómo se sostiene en el confinamiento una economía como la nuestra, basada en amplios sectores informales y en la que el mayor porcentaje de empleos proviene de pequeñas y medianas empresas?
–La nueva Ley de Emergencia, que está en vigencia, contempla las medidas para paliar en parte los efectos de la paralización económica para los próximos meses, mediante la habilitación de financiamiento, postergación de otros compromisos para proteger a las pequeñas y medianas empresas y créditos para los sectores informales. Supongo que el Gobierno seguirá viendo otras medidas adicionales en el año con la cooperación multilateral y bilateral para mantenerlas activas. Además, el Gobierno debería de avanzar con iniciativas para conseguir recursos con recortes de privilegios en el sector público y más impuestos para los sectores más ricos.
–¿Qué medidas sugiere para que las empresas sobrevivan a esta paralización de la economía?
–Durante este confinamiento y la cuarentena que seguirá por un tiempo, las empresas y los sectores vulnerables necesitarán recursos financieros rápidos que el Estado debería facilitar para cumplir con sus compromisos de producción y consumo. En ese sentido, la Ley de Emergencia apunta en la dirección correcta. Además de su implementación rápida, creo que todos juntos, la cooperación internacional, el Gobierno, las empresas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil van a aunar esfuerzos para salir adelante. Nuestra sociedad siempre ha respondido con patriotismo y solidaridad para enfrentar las graves crisis que hemos sorteado como nación. Vamos a salir adelante.
–¿Cuál es el escenario económico que se viene a futuro para el país en este contexto marcado por la pandemia?
–Es un escenario incierto que debemos ir monitoreando porque es mundial e impredecible. Hay que actuar ya sin perder de vista el mediano y largo plazo. Sin olvidar que el sistema de Justicia debe mejorar, cuidar el medioambiente y seguir combatiendo el crimen organizado y la corrupción.
