05 mar. 2025

Es inaceptable la situación de la salud pública en el Paraguay

El estado en que se encuentra la salud pública en nuestro país es harto conocido y absolutamente insostenible. A diario, la ciudadanía soporta carencias, vive humillaciones y es testigo impotente de nuevas tragedias, como la muerte de un bebé en Villarrica por la falta de terapia neonatal. Asegurar el acceso a la salud a toda la población es obligación del Gobierno, y debe ser la principal prioridad para las autoridades y los funcionarios, si realmente quieren asumir sus responsabilidades y servir con eficiencia a sus mandantes.

Desde el fatídico día en que falleció un bebé en el Hospital Regional de Villarrica, el pasado fin de semana, han transcurrido varios días en los que el Gobierno de Santiago Peña ha guardado un vergonzoso silencio. Osman apenas vivió tres días porque en el hospital público a donde acudieron sus padres no había terapia neonatal.

El Hospital Regional de Villarrica había habilitado –hacía unos diez días– la Terapia Neonatal, en un acto oficial con corte de cinta y fotografía de las autoridades presentes: el presidente Santiago Peña; la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el gobernador de Guairá, César Sosa. Se suponía que en este hospital público los bebés prematuros o con complicaciones podrían recibir asistencia especializada. Lo que sucedió y fue revelado tras la muerte del bebé es que, tras la foto oficial, los equipos se desmontaron y el servicio no fue habilitado.

Mientras el Gobierno permanece en silencio ante este caso que conmovió al país, en el Gran Hospital de Coronel Oviedo recientemente inaugurado, el familiar de una persona internada tuvo que caminar cinco kilómetros para comprar algodón, pues en el nuevo hospital no había.

La ciudadanía espera que pronto el Gran Hospital tenga los insumos y medicamentos necesarios y que los pacientes puedan efectivamente acceder a todos los servicios prometidos.

Sin embargo, otro bebé falleció hace un par de días, esta vez en el Materno Infantil de Coronel Oviedo, en un caso de supuesta negligencia médica. El padre del bebé explicó que su esposa seguía los controles prenatales en dicho hospital, y que el médico tratante había establecido el parto por cesárea; sin embargo, asegura que las enfermeras insistieron en un parto normal porque, al parecer, no había anestesiólogo.

“En vez de que te den tu bebé en brazo, te dan un acta de muerte. Este es Paraguay, este es el gobierno, esta es nuestra realidad”, lamentó el padre del bebé fallecido en Coronel Oviedo.

Para completar esta suerte de memorial de agravios, hace dos días el techo y parte de la pared de la Unidad de Salud Familiar de la compañía Hugua Po’i de Yaguarón se derrumbó.

El Puesto de Salud es atendido por dos enfermeras que ofrecen servicios de vacunación, curaciones y planificación. Un día a la semana acude una doctora que realiza consultas médicas. El local había sido construido en un terreno donado por uno de los pobladores, y era utilizado para los primeros auxilios de los habitantes de la compañía.

La situación de la salud pública es ya insostenible. Así también es intolerable la falta de asunción de sus responsabilidades por parte de las autoridades y los funcionarios.

Frente a hechos que se han hecho conocidos, denuncias y testimonios de padres que perdieron a sus bebés por las deficiencias del sector público, e historias de comunidades carentes de infraestructura, servicios, y sufriendo sistemáticamente carencias, resulta insultante el silencio del presidente de la República, la indiferencia de la ministra de Salud y la complicidad de todo un Parlamento que va camino nuevamente a no cuestionar a los amigos del poder, sin importar que por la mala gestión sigan muriendo bebés recién nacidos. No se puede seguir tolerando que ante hechos trágicos que pudieron haber sido evitados, las culpas terminen cayendo del lado de funcionarios sin poder de decisión.

Quienes gobiernan deben recordar que su razón de ser es la administración de un país para dar bienestar a los gobernados. Tampoco deben olvidar que el derecho a tener una calidad de vida y una vida digna están consagrados en la Constitución Nacional. ¡Basta de populismo de impunidad!

Más contenido de esta sección
Este no es un simple enunciado. Es uno de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. Precisamente, el artículo 6 de nuestra Carta Magna afirma que “la calidad de vida será promovida por el Estado”. En solo una semana y frente al país ha quedado al descubierto la pobre gestión del Gobierno: Un recién nacido ha muerto por falta de terapia neonatal, y las groseras deficiencias en la provisión del almuerzo escolar ya no sorprenden. Esta es la imagen del país desigual que no respeta el derecho a una vida digna.
Entre el 24 de febrero y el 8 de marzo se conmemoran jornadas dedicadas a la mujer. El primero es un día nacional, mientras que el segundo es de carácter internacional. Ambas fechas surgen de eventos en los que las mujeres han tenido sufrimientos extremos, por lo que en esas fechas son tratadas como heroínas dignas del agradecimiento popular y por parte de los organismos públicos. Sin embargo, las mujeres tienen demandas que son constantemente expresadas públicamente de diversas maneras, pero sin ser atendidas.
La deuda sigue aumentando sin que existan medidas en el corto plazo para mejorar la calidad del gasto ni aumentar las capacidades de quienes terminarán pagando en el futuro las nuevas emisiones que extienden los plazos y endeudan a quienes no están siendo beneficiados con estos fondos. Las nuevas deudas tienen vencimiento a 10 y 30 años. La pregunta es si estos fondos aumentarán la productividad de niños, niñas y adolescentes que están hoy en el sistema educativo y que serán responsables por el pago de esta nueva emisión.
Se debe fortalecer primero el plan inicial del funcionamiento del sistema de transporte nocturno Búho y luego, con base en la experiencia –que esperamos sea positiva–, ampliar el área de cobertura en una segunda etapa. Por ahora, el servicio conecta puntos claves entre Asunción y San Lorenzo. Llegar a los barrios y a otras ciudades del Departamento Central debe ser en el futuro el gran desafío a implementar. La Policía debe llevar a cabo un trabajo eficiente, amparando a los pasajeros en las paradas y en los colectivos.
Por las numerosas víctimas de la mafia de los pagarés, es necesario que el Ministerio Público llegue al fondo de este esquema corrupto. Que todos los involucrados desde el más bajo nivel al más alto rango, tanto en los sectores públicos como privados, paguen sus culpas y que se haga justicia por tantos afectados. La investigación en curso está dando buenas señales con allanamientos, incautaciones de expedientes originales y suspensión de jueces implicados. Que al final se esclarezca y que se sancione con la máxima pena a los responsables.
La Comuna de Asunción y la Policía Nacional realizan operativos de despeje de lugares tomados por cuidacoches en las calles. Numerosas denuncias se han presentado por extorsión. En este contexto, sin embargo, se debe buscar una solución de fondo al problema. Esto conlleva dar una respuesta con proximidad, en un trabajo que debe ser interinstitucional, entre el gobierno local y otras entidades del Estado, para que el tratamiento sea integral. No será una tarea fácil. Ya se intentó anteriormente, pero vale la pena intentarlo de nuevo.