La lentitud de nuestra Justicia es aliada de la corrupción. Las chicanas promovidas por políticos, autoridades electas y funcionarios públicos políticos retrasan durante años las causas. Es bien sabido que las causas de políticos procesados por hechos de corrupción en su mayoría no son investigadas; y también ha sucedido que, en los casos en que la Fiscalía toma cartas en el asunto, en ciertos casos tras la presión de los medios y de la ciudadanía, muchos quedan varados en el camino, por las dilaciones, más conocidas como chicanas.
La propia Justicia paraguaya ha logrado convertir en letra muerta la Constitución Nacional, que en su artículo 47, que garantiza a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la Justicia, así como la igualdad ante las leyes. Porque para el sistema no somos tan iguales; o como bien había expresado el escritor polaco Stanislaw Jerzy Lec: “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”.
Es por eso que debemos hablar de ejemplos vergonzosos, como el del diputado colorado Tomás Rivas, cuya causa, llamada de los caseros de oro, fue extinguida luego de que haya arreglado con el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, resarcir el daño a través de la estafa. Pagó G. 121 millones, por lo que quedó sobreseído.
Pero hay muchas otras causas emblemáticas de políticos que todavía están pendientes de respuesta por parte del Tribunal de Apelaciones y otras, inclusive, cajoneadas. Como la del ex diputado liberal Carlos Portillo, quien está procesado por tráfico de influencias. El caso ya fue elevado a juicio en noviembre del 2020, sin embargo, presentó varias dilaciones y, desde abril del 2021, el Tribunal de Apelaciones de CDE se mantiene en silencio sobre la apelación contra la elevación a juicio (que es inapelable).
Se ajusta a esta infame lista el pleito del ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, conocido como el chicanero serial. En 2021, fue cuatro veces condenado, pero hasta ahora no pisó la cárcel. Otro caso es del ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, sobreseído en febrero de este año porque la jueza Alicia Pedrozo alegó que el hecho quedó prescripto. El caso data del 2011, y tiene relación con obras en comisarías que supuestamente causaron perjuicio de G. 974 millones.
Hay más casos, como el del ex senador Víctor Bogado, condenado en el 2019 por cobro indebido de honorarios. Se dispuso que debe pagar G. 480 millones, en el caso de la niñera de oro. La sentencia hasta ahora no se cumple por masivas chicanas; la última, una acción de inconstitucionalidad, pendiente en la Corte. Lo mismo que el actual senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod tienen un caso pendiente en el Máximo Tribunal de Justicia. Se trata sobre una supuesta declaración falsa; desde julio del 2020 la Corte tiene cajoneada una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa. Por este motivo, todavía no se realizó la audiencia preliminar para saber si van a juicio.
Es inaceptable que la lentitud de la Justicia siga propiciando tanta impunidad. No podemos permitir que los casos de corruptela sigan quedando impunes; necesitamos ejemplos que nos permitan ver que otro país es posible.
