Según la clase social a la que uno pertenece y su nivel de complicidad partidaria, uno es ocupante o invasor. En ambas situaciones está presente la irregularidad, no obstante las diferencias son amplias cuantitativa y cualitativamente.
En las “ocupaciones vip” hay pocos y poderosos “propietarios” que construyen lujosas edificaciones como muestra de su riqueza y para aumentar sus rentas a costa del Estado, mientras que las “invasiones” en realidad representan una acción reivindicativa del sector campesino e indígena en el acceso a la tierra para vivir, producir alimentos y desarrollarse en ella con una visión comunitaria. Es el anhelado tekoporã.
Pero el Estado paraguayo arrastra una larga historia de despojos e incluso fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2005 tuvo una sentencia por el caso Yakye Axa, cuyas tierras ancestrales fueron vendidas con la comunidad viviendo en ella, lo que significó la violación de derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Similar situación ocurrió con los casos Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa. El Estado tardó años en activar los mecanismos para las reparaciones a las víctimas y hasta ahora solo cumplió a medias.
En caso de Villa Hayes, vimos cómo el Estado actúa con sutilezas con los ricos infractores hasta el propio procurador de la República, Marco Aurelio González, fue personalmente hasta los Jardines de Remansito para conversar con otros trajeados acerca de los documentos que respaldan la ocupación, mientras que a los campesinos e indígenas los desalojan con extrema violencia en procedimientos policiales. Estas poblaciones vulnerables quedan a la intemperie, generalmente, al costado de las rutas y con niños en brazos o peor, ¿ya nos olvidamos de la masacre de Curuguaty?
Una importante comitiva policial llegó hasta el asentamiento de Marina Cué por tierra y por aire, en hectáreas estatales que los campesinos pretendían recuperar de la usurpación ilegal que había hecho la familia Riquelme.
Nada se aprendió de aquel suceso que enlutó al país, para colmo, casi una década después se promulgó la Ley 6830, que criminaliza las ocupaciones campesinas con una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Los proyectistas fueron Enrique Riera, impulsor de otras medidas que implican una regresividad en los derechos como la resolución que prohíbe la difusión de materiales sobre teoría de género en las instituciones educativas y Fidel Zavala, el ex senador provida que irónicamente fue demandado para asumir la paternidad de un hijo extramarital.
Pero, además, estuvo como representante de los intereses de poderes económicos en el Congreso, sobre todo, de los ganaderos y es que forma parte de la Asociación Rural del Paraguay, que a través de una comisión de defensa de la propiedad privada conformó civiles armados que ingresaban a los asentamientos. En las intervenciones más violentas, hace casi 30 años, falleció el dirigente campesino Crescencio González.
La ley Riera-Zavala institucionalizó la violencia que siempre se ejerció en contra de las poblaciones vulnerables. No solo criminaliza la lucha campesina, sino la extrema pobreza, que no es otra cosa que el resultado de la violencia estructural perpetrada desde el Estado, incapaz de ejecutar una verdadera reforma agraria.
Los verdaderos invasores son los herederos de la dictadura stronista y los trajeados que se apropian de tierras y rellenan humedales con la complicidad de la clase política corrupta. Es oportuno que con esta reflexión ciudadana impulsemos la eliminación de la nefasta ley Riera-Zavala que solo se aplica contra los pobres.
