La crisis sanitaria y sus derivaciones sociales altamente devastadoras, como nunca antes nos dejaron lecciones en todos los ámbitos. Una de esas es la necesidad imperiosa de contar con un Presupuesto Público realista y enfocado en mejorar la calidad de vida de la gente.
Cuando se vino la pandemia del Covid-19 hace un par de años, el Presupuesto Público mostró su verdadera cara, la cara que fue moldeada a medida con el correr de los años para responder solamente a caprichos coyunturales o políticos de apenas unos cuantos.
Esa verdadera cara demostró que el plan de gastos del Estado no está preparado para responder a crisis severas. Claro, si más del 70% de la recaudación de impuestos va a salarios y más del 90% de los gastos son rígidos, lo que no le permite al Tesoro tener un margen de maniobrabilidad.
Este es el momento, entonces, en que el diseño, la programación y la ejecución deben ser revisados profundamente. El enfoque debe ser acortar las enormes brechas físicas y sociales que sufre a diario la gente, quizá desde algo tan sencillo como garantizar agua potable a comunidades rurales a otra cosa un poco más compleja como la reducción del analfabetismo.
Pero no.
Nuevamente, la clase política le está dando una cachetada a la gente.
Es que, el proyecto de ley que establecerá el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023 ya se desbordó totalmente durante su estudio en el Congreso.
Pesando en las elecciones internas del próximo domingo y en las generales que se vienen luego en abril, los diputados y senadores no tuvieron mejor idea que aprobar un PGN inflado, desfinanciado y con un aumento feroz en el gasto salarial.
De acuerdo con los resultados al inicio de la segunda vuelta de análisis en Diputados, el Presupuesto Público alcanzó un monto global de G. 105,32 billones (USD 14.839 millones). Ese monto contempla un aumento de G. 146.863 millones frente al monto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo y una sobreestimación de ingresos tributarios por valor de G. 156.542 millones. Esto último es en realidad el desfinanciamiento, porque se proyectaron ingresos solamente para calzar los gastos, sin considerar variables como las estadísticas oficiales, la variación del PIB o el tipo de cambio.
Los legisladores ya incrementaron el gasto en sueldos y beneficios ligados al sueldo (gratificaciones, bonificaciones) en unos G. 300.000 millones, con lo que el desembolso que deberá realizar el Estado para este rubro ya va llegando a los G. 30 billones. Para hacerlo más fácil, el Tesoro deberá gastar en 2023 unos G. 82.000 millones o USD 11,5 millones por día para mantener a su plantel. Y que conste, el problema no es cuánto se destina, podría ser incluso más. El problema es que se paga ese dinero por una alta ineficiencia, obviamente, con honrosas excepciones.
Pero por si fuera poco, los aumentos generalizados aprobados para entes como el Congreso, la Corte, la UNA o Defensa Pública, tirando por el suelo la obligatoriedad del concurso, los parlamentarios decidieron usar deuda pública para pagar parte de los salarios, en total contramano a las reglas básicas de las finanzas públicas, ni que decir de las leyes permanentes. Peor aún, recortaron dinero de la inversión en obras y del subsidio al pasaje para usar ese dinero en el pago de los sueldos, como si fuera que nuestro país no ocupase los últimos lugares en cuanto a infraestructura y calidad del transporte público.
Evidentemente, la gran mayoría de los parlamentarios sigue viviendo en una burbuja, totalmente alejada de la realidad. Como cada 5 años, la ciudadanía el próximo domingo tiene la oportunidad de devolverle el favor a la clase política. Es momento de renovación.
