El 2021, el segundo año de la pandemia, cerró con algunos números un tanto discordantes.
Por ejemplo, las proyecciones de cierre de año del Banco Central del Paraguay (BCP) indican que el producto interno bruto (PIB) paraguayo registró un crecimiento del 5%. Este indicador nos dice básicamente que el valor monetario de todos los bienes y servicios aumentó, es decir, la riqueza del Paraguay se incrementó.
Las estimaciones de la banca matriz dan cuenta de que esta mayor riqueza se sustenta en los sectores secundarios y terciarios, impulsados por la construcción y el comercio, principalmente.
Esta especie de mejoría en el bienestar económico también tuvo resultados positivos en los indicadores laborales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al cierre del tercer trimestre del 2021, reflejan que la tasa de ocupación en comparación al mismo periodo del 2020 creció en 1,8 puntos porcentuales (156.195 personas), la subocupación cayó en 3,8 puntos (121.990 personas) y la desocupación también disminuyó en 1,6 puntos (51.791).
Por otro lado, el mismo BCP nos revela que la inflación cerró el 2021 en 6,8%, muy por encima del 2,2% del 2020 y la mayor en la última década. Esto nos señala que todo está más caro y evidentemente el más afectado por la suba del precio de los productos es la microeconomía: el pan aumentó de forma interanual 12%; el coquito, 8,7%; la carnaza blanca, 16,2%; la pechuga de pollo, 30,7%; el puchero, 25%; el queso paraguay, 17,6%; el gasoil común, 34,1%; la nafta común, 35,5%, y el gas doméstico, 34,8%, entre otros.
El 2022 no arrancó precisamente bien. La inflación sigue su tendencia alcista y en enero llegó al 1,5%, con importantes aumentos en frutas y verduras, y en los combustibles, que hace una semana volvieron a subir G.600 en promedio. Si bien esto último se redujo en G. 350 en el gasoil común, clave para determinar los precios del pasaje, del flete agrícola y de varios productos de la canasta familiar, los últimos reportes internacionales hablan de que el precio sigue escalando.
Economistas como César Barreto y Carlos Fernández Valdovinos, ex miembros del Equipo Económico Nacional, coinciden en que la presión inflacionaria podría continuar aumentando, sobre todo por los elevados precios de las materias primas y del dólar. Para Barreto, la inflación llegaría este año al 5,5%, 1,5 puntos porcentuales por encima de la meta anual del 4% del BCP.
Este duro e incierto escenario actual invita al Estado a intervenir en favor de la gente. Además de un ajuste en las tasas y de los instrumentos de control que tiene el BCP, una medida que debería continuar es la reducción de la carga del impuesto selectivo a los combustibles. Si bien poco y nada se puede hacer cuando los precios internacionales suben, una forma de contener los aumentos a nivel local es una reducción —TEMPORAL— de ese tributo.
El problema, allí, sería qué hacer con el déficit fiscal ante una merma en los ingresos tributarios y en un contexto de retorno a la regla del 1,5% y de reducción gradual de nuevo endeudamiento. Pues bien, es momento de un buen ajuste de cinturones e ir eliminando de una buena vez gastos, como bocaditos, las “ayudas por vacaciones”, los vales de combustible para los legisladores, los retiros voluntarios y hasta las subvenciones a los partidos políticos.
A esto debe acompañar una política impositiva más agresiva y justa. Es momento que los tabacaleros aporten más, que las multinacionales aporten más, que bancos y financieras aporten más y que los grandes empresarios no terminen tributando casi la misma tasa en el impuesto a la renta que un asalariado o un profesional independiente que factura G. 6,5 millones al mes y ni siquiera tiene seguro social.
