“Es saludable que la Corte establezca un parámetro de calidad en abogados”

Raúl Ramírez Bogado

@Raulramirezpy

El vicepresidente segundo de la Corte, Alberto Martínez, dice que está bien que se establezcan parámetros de calidad para los abogados. Aclara que la idea no nació por el caso de Hernán Rivas. Además, que no tiene problemas para integrar el pleno en el caso de la ex senadora Kattya González.

–La Corte envió el proyecto para matriculación de abogados. Hay cierta resistencia. ¿Qué piensa del tema?

–Creo que es una reacción muy saludable de la Corte establecer un parámetro de calidad en los abogados que quieren ejercer la profesión a nivel de tribunales y que quieren representar casos. Es que cuando era juez de primera instancia, me era mucho más fácil tramitar un juicio, donde las partes entiendan Derecho, el procesal, el de fondo. Que sepan las etapas del proceso, qué se puede presentar y qué no. Porque genera muchísimo inconveniente en la tramitación que el abogado que no entiende de repente aplica, aprieta una tecla, y no sabes qué repercusiones procesales eso puede llegar a tener y literalmente te tranca el juicio. Sin embargo, los abogados que entienden cómo funciona el proceso son mucho más duchos, más eficientes, podríamos decir. Hace que los jueces podamos resolver más y con menos esfuerzo. Tenés menos cosas que ordenar o que reordenar dentro del proceso. Hay juicios que llegan a tercera instancia, y se perdió en primera instancia al plantear mal la demanda.

–Entonces...

–Entonces el año 2019, 2020 más o menos, surgió esta inquietud. Recuerdo que el primero que la mencionó fue el doctor (Eugenio) Jiménez y trabajamos con él y varios ministros de la Corte. Lo que apuntamos es modificar un artículo del Código de Organización Judicial. Que la exigencia para la matriculación sea, a más del título de abogado expedido por universidad paraguaya o extranjera habilitada, los documentos básicos, buena conducta y haber aprobado el examen de suficiencia administrado por la Corte u otra institución.

–¿No es por el caso Rivas?

–No. No es a raíz del caso Rivas porque te acabo de dar la fecha. La primera discusión fue en el 2019. Creo que el proyecto se elaboró ya en ese año. Es muy anterior al caso del senador Hernán Rivas. No guarda ninguna relación. Sí, con una inquietud sincera que siempre tuvo la Corte. Si buscas antecedentes, encontrarás discusiones de hace muchos años al respecto. Ahora se oficializó enviando al Congreso.

–¿Y el proyecto de Ley Antichicanas? ¿Qué pasó?

–Eso. Y está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Cada tanto la Corte formula una suerte de urgimiento. La Corte cambió el anteproyecto. Lo hizo más sencillo. Cuando se plantean excepciones, acciones inconstitucionalidad, se recusan o se inhiben los jueces, todo ese tiempo que se tarda en integrar o en resolver no va a correr para el cómputo total del tiempo de duración del proceso. ¿Entonces qué va a pasar? ¿Qué efecto tendrá? Que las personas están litigando ya no van a recurrir a esos resortes procesales para tratar de enfriar o congelar el caso.

–¿Es para la extinción o para la prescripción?

–Va para las dos. Tanto para la extinción de la acción como para la prescripción. La idea es que si se plantea una excepción de inconstitucionalidad, si se pone a chicanear o eso queda fuera digamos del ámbito del juez natural porque no se puede resolver, que ese tiempo se descuente. Ustedes están dando a conocer la cantidad de recusaciones que sobre un mismo caso se plantean. Cuántas veces fue portada de los diarios que llegamos a 30, 40, 50 recusaciones. Por lo general, las inhibiciones son residuales, pero el Poder Legislativo va a determinar qué se incluye o no. La Corte envió varias notas a pedido mío, instando a que trate prontamente este proyecto. Hay que ver la reacción de los gremios. Muchos me dicen queremos más energía en la justicia. Queremos que los casos se resuelvan. Hay abogados que utilizan esos resortes para alargar los procesos, pero va en contra de lo que queremos en la Corte que es acortar los tiempos del juicio y que terminen dentro de los términos legales y dentro de un tiempo razonable.

–Usted da estadísticas de resoluciones en el pleno ¿cree que es la forma de terminar la mora?

–La mora judicial es una queja recurrente que nosotros tenemos que responder con hechos. No solo son las estadísticas. Muchas veces le decís a una persona, como dije la semana pasada, que sacamos un 105% de lo que teníamos que haber sacado, cerca de 84.000 resoluciones, pero eso no dice mucho. A mí me sorprende que no tenga eco, en la misma prensa, nuestros informes cuatrimestrales que presentan todos los jueces del país. Nos envían su informe y esos datos se publican en la web. O sea, podés tener acceso a la producción de todos los jueces del país. Y nadie viene a quejarse. Se habla mucho de mora, pero la cuestión es tratar de definirla. Si es el tiempo que el juez tarda en dictar sentencia por sobre el plazo que tienen. Creo que es la correcta o entendemos la duración total del proceso y en eso hay un componente mucho más complejo. Está el componente de cuánta litigiosidad tienen las partes. Cuánto le permite el sistema legal cuestionar actuaciones procesales. Entonces esa es la primera discusión, si el juicio duró 5 años o el juez tardó un año en dictar sentencia. Ahí sí hay mora.

–Cambiando el tema, ¿hay presión política sobre la Corte? ¿El caso Kattya?

–En mi experiencia personal y por lo que percibo acá, yo fui nombrado en el 2019. El gobierno anterior ni este gobierno nunca jamás me llamaron por una causa. Nunca jamás a pedirme, ni nadie vino a hablar conmigo, por ninguna causa puntualmente. Jamás en cinco años y pico que tengo acá. Nunca me vinieron a pedir un sentido del voto, que la resolución salga a favor. Y por lo que percibo de mis colegas tampoco. Nosotros trabajamos dentro de un ámbito realmente de mucho respeto con la clase política con los otros poderes del Estado. Un hecho que me pareció sumamente relevante y que ustedes no hicieron mucho eco es que en el 2020, cuando estaba en la presidencia, el caso de las declaraciones juradas. Un hecho previo a la sentencia fue el no reconocerle la personería, no darle intervención y rechazar la recusación de 29 miembros de la Cámara de Diputados. La resolución salió 8 a 1. Fue una muestra clarísima de cómo la Corte reacciona ante lo que podría entenderse como cuestiones de interés político. Porque ahí había la exposición digamos de las declaraciones juradas de todos los funcionarios. En el caso de la ex senadora Kattya González leí que el ministro Santander había anunciado que se iba ampliar la Sala, pero no me notificaron todavía la integración. Creo que en este caso no tengo, o sea, por lo que escuché exclusivamente por la prensa, quienes intervienen, en principio no tendría inconvenientes y aceptaría en el momento. Nosotros tenemos que ser juzgados y eso es algo importante que la prensa vea, que rescate la resolución. Me parece que se tiene que ver nuestra gestión no solamente por lo que resolvemos, sino por los fundamentos, por la calidad de los fallos.