Paraguay necesita hacer una reforma completa de su sistema de seguridad social, de manera que se garantice una cobertura universal y un financiamiento sostenible a largo plazo. Adicionalmente, el sistema debe contribuir a reducir las profundas desigualdades.
El sistema actual no satisface ninguno de estos objetivos; al contrario, es una de las fuentes de desigualdad, lo que se traduce en un malestar ciudadano incompatible con el objetivo de cohesión social de cualquier estado de derecho moderno.
En el año 2022, el Fisco necesitó más de 100 millones de dólares de impuestos para cubrir el pago de haberes de alrededor de 20.000 policías y militares. Esta cifra es similar al monto destinado al programa de alimentación escolar o al programa Tekoporã. La situación se agrava si se considera la cantidad de personas mayores que permanecen excluidas de cualquier mecanismo de acceso a un ingreso en la vejez, ubicadas en los estratos de menores ingresos. Pero a la vez, sobre ellas recae proporcionalmente más el peso del pago de los impuestos necesarios para financiar el déficit.
El déficit de los regímenes policial y militar está siendo cubierto por un subsidio financiado con impuestos, mientras que en el caso de los docentes es cubierto por el aporte de los colectivos laborales superavitarios. Dado que la estructura poblacional está en transición hacia un rápido nivel de envejecimiento, los regímenes civiles empezarán a tener problemas más graves en el mediano plazo.
Según el último análisis actuarial incluido en el Informe de Finanzas Públicas 2023, los excedentes de la Caja Fiscal llegaban a 383 millones de dólares, pero si continúa este ritmo de aumento del déficit sin reformas, la Caja quedaría sin reservas para el 2027.
Ante esta situación alarmante, las autoridades fiscales señalaron la urgente necesidad de reforma del sistema jubilatorio público. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda presentó hace unos meses al Congreso un proyecto de ley que se espera sea tratado en los próximos meses. El proyecto pretende aumentar la tasa de aporte al 20% para los tres sectores deficitarios, así como la edad mínima de jubilación para los docentes a los 55 años. Esto, según la propuesta, podría permitir un ahorro de 159 millones de dólares anuales en los primeros cinco años de su implementación.
Lo que hay que entender es que estas reformas son parciales, solo logran postergar el problema cuya situación se agravará a medida que pasen los años. Paraguay requiere una profunda reforma del sistema de seguridad social que no solo pase por ajustes paramétricos. Como ejemplo se tienen los cambios realizados en el 2003, cuyos resultados financieros positivos duraron apenas poco más de una década. Veinte años después estamos de nuevo en una situación crítica.
La reforma de la Caja Fiscal es urgente y requiere ser realizada en el corto plazo. Sin embargo, si esta reforma no se enmarca en un proceso más amplio y estructural, dentro de pocos años volveremos a enfrentar el problema y la solución será nuevamente un parche. Es fundamental que la población se interese en este tema, se incentive un debate sobre la necesidad de ampliar las coberturas y garantizar el derecho a la seguridad social.
La garantía de un ingreso en la vejez no solo es el resultado del buen desempeño económico de un país. Es la señal más nítida de la vigencia de un contrato social en el que se pone en primer lugar a las personas y a su rol en la construcción de la Nación.
El sistema actual que incluye al Instituto de Previsión Social es complejo, inequitativo, insostenible y fragmentado. El país necesita ponerse de acuerdo en un sistema de cobertura universal y de largo plazo. Un sistema de seguridad social contributiva debe pensarse por al menos 50 años, de manera que quienes hoy inicien sus aportes al sistema tengan la garantía de recibir una jubilación hasta el final de sus días.
