De paso, casi deja al presidente electo Santiago Peña con las sentaderas al viento.
Contextualicemos la historia para entenderla mejor y acomodar en el pedestal que corresponde las genialidades jurídicas de Galeano. En el génesis hay dos Adanes y ninguna Eva; Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Ambos aparecen como cabeza de una organización criminal que remesaba drogas a Europa por millones de dólares. Empecemos por ellos.
Marset es un uruguayo que arribó al país como jugador de fútbol, uno muy particular porque –según la Fiscalía– lejos de cobrar pagó diez mil dólares para fichar por el club Deportivo Capiatá. El presidente del club era por aquel entonces Erico Galeano, diputado nacional quien, por cierto, había sido propietario de una pequeña tabacalera que aparecía como una de las principales compradoras de cigarrillos de otra más grande, la de Horacio Cartes, por aquel tiempo presidente de la República y líder del movimiento que postuló a Galeano. Puras casualidades.
Lo cierto es que, de acuerdo con la investigación fiscal, Marset empezó a operar en el acopio y exportación de cocaína junto con el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, reducidor de autos, corredor de rally y generoso financista de la Iglesia de su hermano José, pastor devenido prófugo. A Insfrán le calzaron el mote de Tío Rico por la forma delirante como gastaba dinero, algo que solo podría hacer si tuviera esa bóveda atiborrada de billetes en la que nadaba extasiado el emplumado personaje de Disney.
Pero volvamos a nuestro humilde diputado. Galeano tiene pocos pelos, pero ninguno de tonto. En 2013 compró una propiedad en un barrio cerrado en poco más de 21.000 dólares, y la vendió hace tres años en más del millón. Dos detalles le hacen ruido a la Fiscalía. La primera es que Erico olvidó mencionar el inmueble en su declaración jurada; la segunda, que quien lo adquirió aparentemente es solo un testaferro de un tal Miguel Ángel Insfrán, Tío Rico para los amigos. Más coincidencias.
Pese a su vínculo con el negocio tabacalero, Erico no fuma, lo que seguramente le permitió comprar una humilde avioneta, nave que fue utilizaba con frecuencia por el narcodelantero Sebastián Marset y el derrochador Tío Rico. Galeano explicó que esto se debe a que autorizó a su piloto a usar el avión para el servicio de taxi aéreo, y que es –cuándo no– pura casualidad que entre los pasajeros más frecuentes se encuentre a este presunto par de pillos. Cuando se le recordó que en Tributación ni en la Dinac estaba registrado como taxista de altura se limitó a responder muy suelto de cuerpo que la informalidad es una costumbre paraguaya.
El mismo día que la Fiscalía imputó a Erico, el presidente electo Santiago Peña emitió un comunicado informando que pidió al diputado que se someta a la Justicia. Galeano, quien ganó en las elecciones últimas una banca en el Senado, llamó a conferencia de prensa. Muchos creyeron que para allanarse al pedido de su futuro presidente. Fue todo lo contrario.
En un arranque de originalidad, Erico dijo que era víctima de persecución política, que gozaba de doble inmunidad, como diputado y senador electo (una suerte de profiláctico reforzado para evitar situaciones embarazosas) y que además era inimputable, como si fuera un párvulo, un deficiente mental o resistente a la criptonita. Básicamente, exigió que le mantengan los fueros.
Si su socio comercial y los paniaguados de este le seguían el juego, Peña habría quedado con los lienzos por el suelo. Felizmente –por ahora– primó la cordura. Pero esta primera experiencia le sirve al presidente electo para recordar que deberá gobernar con un partido atestado de terribles coincidencias.
