En lo que va de este año, ya suman tres las entidades solidarias que se hallan en sendos procesos de fiscalización o de intervención por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), ante sospechas de diferentes tipos de irregularidades.
La primera de ellas fue la cooperativa Medalla, la cual fue fiscalizada por el ente regulador luego de darse a conocer públicamente la imputación de los directivos de la institución, por supuestos malos manejos a nivel financiero, conforme a las evaluaciones de la Fiscalía.
Luego, casi en simultáneo, ocurrieron los casos de las cooperativas San Cristóbal y Capiatá, derivados del operativo A Ultranza Py. Las investigaciones sobre una red de narcotráfico y de lavado de dinero salpicaron a Juan Carlos Ozorio, ex diputado nacional y ex presidente de San Cristóbal, y a Erico Galeno, quien sigue siendo legislador y obtenía millonarios préstamos de la cooperativa Capiatá siendo socio.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl analista Amílcar Ferreira consideró que este tipo de hechos impactan en términos de confianza o imagen de las entidades afectadas y esto, eventualmente, puede afectar también al resto del sistema cooperativo, que es relevante y representa aproximadamente un tercio del sistema financiero total en nuestro país.
No obstante, consideró que la situación actual que afecta principalmente a las cooperativas San Cristóbal y Capiatá puede ser superada en la medida en que el Incoop actúe correcta y rápidamente, brindando información oportuna sobre la solvencia de las instituciones y arbitrando los mecanismos necesarios para atender a los socios.
“Es importante que las señales del Incoop sean claras, lo más rápido posible y comunicar la solvencia de estas entidades, qué están encontrando, de tal manera que la masa societaria pueda recibir la información correcta (...), es importante restaurar la confianza en el menor tiempo posible”, manifestó.
Dudas. Por su parte, el economista Aníbal Insfrán coincidió en que las sospechas de operaciones relacionadas a hechos irregulares golpean a las entidades solidarias y causan dudas, pero consideró como reducido el riesgo de que las derivaciones afecten al sistema cooperativo en general, resaltando la solidez adquirida a lo largo de los años.
Sin embargo, apuntó que, a su parecer, existen debilidades institucionales en comparación con los bancos y las financieras, considerando los mecanismos de seguridad, y añadió que, en el caso de que sí exista un riesgo significativo sobre entidades importantes o sobre el sistema cooperativo en general, la gran duda es cómo se haría frente a esta situación.
“No hay un prestamista de última instancia, por ejemplo, no hay una red de seguridad, no hay un sistema de seguro de depósitos, no hay sistema de liquidación de activos tan organizado como los bancos, y mismo el proceso de intervención (en las entidades) es diferente, todo eso hace que se genere algún tipo de falta de confianza”, manifestó el economista.
Agregó que a su entender el ente regulador del sector no cuenta con todas las herramientas para encarar una eventual situación extrema que afecte a las cooperativas y que existen cuestionamientos en cuanto al esquema de gobernanza que se deben trabajar o al menos debatir para fortalecer la institución.
“Yo creo que es claro el sistema de gobernanza, pero no es el mejor, por el hecho de que (el Incoop) no tiene total independencia, los miembros del Consejo del Incoop son miembros de las cooperativas y eso no está bien. Independientemente de las personas, es una cuestión institucional, no son los incentivos adecuados”, refirió Insfrán.
Regulador. Asimismo, el analista Stan Canova consideró que los escándalos que salpican a ciertas cooperativas locales impactan mayormente al Incoop, que debe controlar lo que está ocurriendo y prevenir irregularidades. Puso como un ejemplo lo sucedido en San Cristóbal, donde se retiraron G. 17.000 millones poco antes de la intervención a la entidad.
Adicionalmente, comentó que se puede esperar que exista un cierto éxodo de ahorristas y apuntó otras cuestiones que restan en cuanto a la credibilidad. “¿Cuántas cooperativas publican sus estados financieros actualizados cada trimestre por lo menos o rinden cuentas de los gastos de sus directivos?”, preguntó.
Canova también hizo énfasis en que varios directivos de entidades solidarias ya están atornillados en la cúpula dirigencial gracias a un sistema electoralista que permite la perpetuidad de las autoridades mediante un simple cambio de roles. “Las autoridades de las cooperativas del 2022 son las mismas prácticamente de 2002, 2012... son perpetuos”, dijo.
El Incoop promete impulsar el fondo de garantía
Pedro Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), anunció que el ente regulador se propuso en volver a impulsar el proyecto de ley para crear el Fondo de Garantía de Depósitos para el sector de las entidades solidarias, herramienta con la que sí cuentan en la actualidad los bancos y las financieras que operan en el país.
Ocurre que la situación generada por las entidades solidarias que se encuentran en procesos de fiscalización o de intervención por parte del Incoop, lleva a los socios de las cooperativas a plantear nuevamente la creación de un fondo que proteja sus ahorros ante los hechos que pueden resultar vulnerables.
En este sentido, el titular del Incoop explicó que el documento ya tiene prácticamente consenso dentro del segmento cooperativo, pero aclaró que faltan detalles a definir antes de presentarlo a instancia del Congreso. “Vamos a trabajar sobre actualizar el proyecto, corregir lo que haya que hacerlo, conversar con el Equipo Económico para tener opinión y ahí elevar al Parlamento”, dijo. No es la primera vez que se habla de la iniciativa, que en ocasiones anteriores ni siquiera llegó a manos de los legisladores.
G. 17.000
millones se retiraron de San Cristóbal poco antes de la intervención a la entidad, según cifras del Incoop.