Con la operación internacional liderada por las autoridades brasileñas se logró desmantelar la mafia del tráfico de armas en la región.
La operación denominada Dakovo fijó su atención en la empresa International Auto Supply (IAS), cuyo presidente es el ciudadano argentino Diego Dirisio. La casa que este compartía con su pareja, Julieta Nardi, fue allanada y en el lugar se encontró un verdadero arsenal de guerra. La Policía Federal de Brasil mantiene en la mira a la ex modelo como una de las piezas principales del esquema investigado por tráfico de armas; presumen que esta tenía un rol gerencial en la organización delictiva. Las armas que se traficaban iban a parar a manos de facciones criminales del Brasil.
De los resultados obtenidos hasta el momento, uno de los desconcertantes y que genera no solo indignación, sino gran preocupación, es el directo involucramiento de militares de alto rango en actos vinculados a actividades ilícitas, en particular del crimen organizado transnacional. Muy recientemente fue detenido un condecorado ex comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, el general Arturo Javier González Ocampo, envuelto en un esquema de tráfico de armas, en el que su papel, según primeros datos, consistía en proveer de contactos políticos y favores a la organización. Así también el ex director de la Dirección Nacional de Material Bélico (Dimabel), el general Jorge Antonio Orué Roa. Resulta pues que la institución a cargo de los militares funcionaba como brazo principal dentro de la organización criminal de tráfico internacional de armas, que tiene como cabeza de operaciones a la importadora International Auto Supply SA, descubierta en el operativo Dakovo.
En el caso de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, acusado de ser líder de una red transnacional de narcotráfico, se había demostrado el grado de penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas, cuando en mayo el coronel Luis María Belotto, miembro del Comando de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor, habría ofrecido al personal militar encargado de la seguridad de Penal Militar de Viñas Cué dinero en efectivo y otros beneficios a cambio de permitir la entrega de un teléfono celular al recluso, quien está imputado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y comercialización ilícita de sustancias y vinculado además al narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset, considerado uno de los autores morales del crimen del fiscal Marcelo Pecci.
Los expertos que estudian estos fenómenos señalan que históricamente en nuestro país, jerarcas militares y oficiales del ejército han estado implicados en diversos tipos de cuestiones ilegales. Apuntan a que se dispone de registros periodísticos y judiciales que prueban que, entre 1960 y 1990, representantes de las Fuerzas Armadas han estado involucrados en el narcotráfico y contrabando. Que esta sea una información conocida e incluso comprobable no disminuye la vergüenza y la preocupación ante tan escandalosa situación.
La opinión del coronel (R) Édgar Duré, publicada por Última Hora, viene a confirmar que en la época del dictador, el general Alfredo Stroessner (1954-1989), existían otros tipos de actividades ilícitas y que el propio poder local otorgaba los permisos a los privilegiados a fin de manejar los negocios ilícitos. “Hoy existen verdaderas organizaciones con una estructura más fuerte que el propio Estado y con poder fáctico para torcer voluntades por las buenas y por las malas, incluyendo dentro del ámbito castrense”, explicaba el militar retirado.
Se confirma asimismo el poder que tiene el crimen organizado y su infiltración en las instituciones del Estado, situación que supone un peligro para la misma democracia.
