El diputado colorado Luis Urbieta fue escrachado en la noche del sábado por un grupo de ciudadanos indignados en Concepción, al momento en que este verificaba la construcción de una vivienda que será utilizada por su secretario.
Al percatarse de su presencia, los pobladores del lugar comenzaron a escracharlo y a lanzarle varios improperios, en reclamo por las presuntas irregularidades que saltaron a la luz cuando se desempeñaba como gobernador.
Los indignados llegaron hasta el barrio San Agustín de Concepción, donde se encontraba el diputado Urbieta (ANR) y lo calificaron de “dipuchorro, inútil y ladrón”.
Respuesta. Sin embargo, lejos de guardar silencio y retirarse del lugar, el legislador respondió con ofensas más fuertes y tildó a los ciudadanos de “burros, patoteros y vándalos”. Además, dejó entrever que fueron pagados por otro grupo político para ir hasta el lugar a escracharlo. Bastante ofuscado se retiró presuroso del lugar.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppProceso. La Fiscalía tiene abierta una investigación contra Héctor Romero, ex presidente de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Concepción, quien actualmente es el secretario de Urbieta, por el delito de producción de documentos no auténticos.
De acuerdo con los antecedentes, cuando Luis Urbieta era gobernador, la Asociación de Funcionarios de la Gobernación extraía grandes cantidades de dinero sin los documentos respaldatorios.
Los cheques, cuyos montos llegaron inclusive a los G. 200 millones, supuestamente salían a nombre de Romero y los firmaba el jefe departamental.
El clan. Los habitantes de la capital departamental luchan desde hace varios meses por la renuncia del intendente liberal Alejandro Urbieta, hermano del diputado colorado, y por la intervención de la Comuna. Son varias las acusaciones de los pobladores, entre ellas la venta del puerto Nanawa por USD 700.000 a la empresa TLP, por las sospechas de que se trató de un negociado.
Además, reprochan el pésimo estado de la ciudad, con calles destrozadas y obras mal ejecutadas, sumadas a una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos.
Igualmente, resaltan que existen procesos judiciales que soporta el intendente por los supuestos hechos de desacato judicial, apropiación y lesión de confianza.
No obstante, hasta el momento no se consiguió la intervención de la Comuna y los ciudadanos se encuentran en pie de guerra.