Los manifestantes llegaron hasta la vivienda de la senadora del Partido Demócrata Progresista (PDP) Desirée Masi, ubicada en el barrio Jara de Asunción, con pasacalles, pancartas y bombos.
La parlamentaria sostuvo en su cuenta de Twitter que la medida de fuerza en su contra es una cortina de humo creada por seguidores del presidente de la República Horacio Cartes y que prueba de ello es que la cuenta de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Facebook promociona el escrache.
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Los protestantes lanzaron papel higiénico contra la casa de la legisladora y entonaron cánticos pidiendo que la misma renuncie, informó NoticiasPy. Los organizadores alegaron que la mayoría de los jóvenes son universitarios.
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Lo veo al dirigente cartista, que estuvo convocando desde ANR y al periodista/empleadito (Anibal Coro) que recibe plata de Yacyreta, en el escrache frente a casa. pic.twitter.com/JoiP6kZBQX
— Desirée Masi (@desimasi2) 9 de agosto de 2018
Un hombre que estaba grabando la manifestación con una cámara fue increpado por las personas que estaban en la manifestación y tuvo que ser escoltado por los agentes policiales que llegaron hasta el lugar.
Uno de los convocantes al escrache indicó que seguirán realizando protestas contra políticos con procesos abiertos con la Justicia y pidió a la ciudadanía que la indignación no sea solo contra los políticos colorados.
Asimismo, refirió que celebran que José María Ibáñez, ex diputado colorado, haya renunciado, pero sostienen que las manifestaciones deben realizarse también en contra del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre, de Camilo Soares, de Salyn Buzarquis y de Paraguayo Cubas, entre otros.
Por último, afirmó que son ciudadanos autoconvocados. En el lugar se encontraban efectivos de la Policía Nacional resguardando la vivienda del ex ministro y la parlamentaria.
Antecedentes
La senadora Desirée Masi no cuenta con procesos judiciales en su contra. Sin embargo, su marido, Rafael Filizzola, junto a los empresarios españoles Guillermo Casado y Álvaro Lasso, ambos de la firma Proibérica, están acusados, junto con Aníbal Gerardo Muñoz, por la supuesta compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía Nacional.
Según la investigación del Ministerio Público, los helicópteros habían sido entregados sin sus manuales logísticos, que son de uso obligatorio. De esta forma, se habría producido un perjuicio de cerca de G. 50.000 millones.
