Iván Lisboa – @Ivan_Lisboa
La solidez fiscal ya venía generando preocupación en organismos y analistas antes de la pandemia, pero con el golpe que ocasionó a nivel social y económico el Covid-19, este pilar público ya se encuentra en un nivel de alerta.
La deuda del Estado paraguayo ya superó el umbral de los USD 15.000 millones y llegó exactamente al 37% del producto interno bruto (PIB), alejándose cada vez más del 30% que era recomendado como prudente y cada vez más cerca del 40%, un nivel que el propio Ministerio de Hacienda ha considerado como comprometedor.
Lejos de frenar esa veloz carrera, para este 2023 se tiene previsto tomar un nuevo endeudamiento (bonos, créditos y llave en mano) por más de USD 1.400 millones, mientras los técnicos del Tesoro realizan lobby para la aprobación de otros USD 2.000 millones vía préstamos multilaterales.
A su turno, la situación de la Caja Fiscal tampoco es para nada agradable. La entidad —que se encarga de administrar los aportes de los funcionarios públicos y de pagar a los jubilados— viene arrastrando sucesivos déficits que lo están llevando a una ineludible quiebra en el corto plazo.
El último informe actuarial indica que la previsional pública podría quedarse definitivamente sin reservas en el año 2027, acumulando un agujero negro de USD 1.650 millones entre este 2023 y el 2027. Así, la salida que le queda al Estado para seguir cumpliendo con el pago de las jubilaciones es manotear la recaudación de impuestos, como ya lo viene haciendo para no desfinanciar a policías y militares en situación de retiro.
Sumémosle a estos dos indicadores el abultado gasto salarial que sostiene el Tesoro.
Pese a que el plantel público paraguayo se encuentra entre los más bajos a nivel regional, en comparación con la población económicamente activa (1 de cada 10 trabajadores es funcionario estatal), orilla los USD 4.000 millones el gasto promedio anual solamente en sueldos, bonificaciones y gratificaciones ocasionales.
Este año, para ser más precisos, el 30% de todo el presupuesto público o el 72% de toda la recaudación de impuestos va a ir al cumplimiento de los servicios personales. Ni hablar del derroche en las contrataciones o compras públicas.
En niveles bastante apretados en cuanto a endeudamiento y gastos, el sistema tributario ni siquiera puede actuar de salvoconducto cuando la presión tributaria (impuestos nacionales sobre el PIB) es de apenas el 10%.
El dinero que se recauda en impuestos no alcanza, y en medio de cada vez más necesidades sociales, inseguridad jurídica y desconfianza en las instituciones, el argumento de la atracción de inversiones con las tasas bajas quedó totalmente desfasado.
Es necesario entonces, que el equipo ganador de las elecciones generales empiece a pensar en un nuevo gran acuerdo que permita encarar los cambios y las reformas que requiere la política fiscal para no entrar en luz roja en el corto plazo, con todo lo que podría implicar una nueva cesación de pagos, como a inicios del 2000.
En entrevista brindada a este diario hace unos días, el considerado como padre de la solidez económica de los últimos 20 años, Dionisio Borda, llamó a la sociedad paraguaya a llevar adelante un nuevo pacto político, económico y social.
El reconocido académico y ex jefe del Equipo Económico Nacional cree que urgen reformas que permitan no solo garantizar que las finanzas públicas vuelvan a un orden razonable y no afecten a los objetivos del aparato estatal, sino que también podrían ser claves para avalar que la economía siga creciendo y que esa expansión se convierta en desarrollo y bienestar, sobre todo, para aquellos sectores eternamente olvidados por la clase política.
“El reto es doble: crecimiento y distribución”, sostuvo Borda.
Escuchemos a los que saben.
