René González Ramos, Kiara Coronel y Carlos Aquino
Al menos siete instituciones educativas de la zona de Tacuatí, San Pedro, fueron abandonadas por la migración de las familias y tuvieron que cerrarse por la escasa cantidad de estudiantes.
Rodeada de cultivos de soja encontramos el pequeño espacio de lo que hasta el 2015 fue la escuela Toro Ñu, de la localidad que lleva el mismo nombre, en San Pedro.
Es un establecimiento de madera y techo de zinc abandonado por la migración de familias que vendieron sus parcelas para el cultivo de la soja. En el fondo, restos de tareas en papel de doble raya y cartones de leche de la merienda escolar todavía permanecen en el patio, como un recordatorio de lo que fue hasta hace poco este lugar: un espacio donde los niños estudiaban, soñando en un país mejor.
Los hormigueros y nidos de teju son los que copan ahora la escuela Santa Rosa, de la zona de Castillo Cué, también en Tacuatí. Esta institución fue abandonada a mediados del año pasado, por la misma razón, la migración.
En este caso el recordatorio de lo que fue esta escuela permanece en una lección olvidada en la pizarra.
Los bosques van desapareciendo en el sitio, reemplazados por el monocultivo de soja, trigo o maíz.
Así como desaparece la floresta, las familias abandonan el lugar vendiendo sus tierras al mejor postor. Los que mejor pagan son los menonitas, según admiten desde el MEC.
La pobreza extrema, la falta de asistencia y apoyo a la agricultura familiar, son motivos que obligan a miles al desarraigo, donde luego forman cordones de pobreza en las cabeceras departamentales o las principales ciudades del país.
Sin control. En un recorrido por el distrito se ve claramente que no se cumplen normas ambientales como la protección de caminos vecinales o espacios mínimos de 50 metros entre las poblaciones y las plantaciones, según dicta la Ley Nº 3742 de la Senave.
“El cultivo de la soja está despoblando la comunidad, las escuelas se están cerrando en varios lugares”, comentó el profesor Pablo Duarte, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP - SN) en San Pedro.
Choré, Santa Rosa, Nueva Germania son otras localidades afectadas por este drama, según este sindicato.
Un informe del MEC que data del 2011 indica que eran alrededor de 500 las instituciones educativas de todo el país afectadas a los sojales, según referencia del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
LA CIFRA
45 escuelas de San Pedro están en peligro máximo, siendo el departamento más afectado por falta de infraestructura.
Supervisor dice que Gobierno debe frenar venta de tierras
El supervisor administrativo de Tacuatí, Ángel Ayala, comentó que las familias de este distrito venden sus parcelas principalmente a los menonitas. Explicó que esta comunidad es la que mejor paga por las chacras, para luego transformarlas en cultivos de soja, principalmente.
Otro drama es la falta de trabajo en la zona, problemática que termina afectando a las escuelas públicas.
“Cuando no hay mucho acceso al trabajo también se ve la migración, los jóvenes, por ejemplo, viajan para estudiar y luego ya no vuelven”, comentó el representante del MEC.
“El Gobierno debe ver una forma de frenar la venta masiva de tierras, porque las familias después quedan como campesinos sin tierra”, agregó.
Informó que de acuerdo con los datos oficiales, son tres las escuelas que cerraron por la soja desde el 2015 hasta lo que va de este año lectivo.
Una vez que las escuelas quedan con menos de 10 alumnos se cierran y tanto docentes como alumnos, si es que quedan en los alrededores, son reubicados a otros centros educativos.
Acerca de las fumigaciones, Ayala dijo que desde lo educativo buscan orientar acerca de los peligros que implican las fumigaciones si es que entran en contacto con la gente. “Las comisiones vecinales deben supervisar esto”, refirió.
Docentes presentaron expo “La educación de los pobres”
Los excesivos recorridos de los maestros taxi, la falta de capacitaciones y la escasa infraestructura escolar fueron los principales temas en la expo “La educación de los pobres”, que organizó ayer la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN).
Los educadores exigieron igualmente el cumplimiento del salario básico profesional, que implica un aumento del 32% en el salario a partir del año que viene.
“Trabajamos en precarias condiciones y buscamos que en lo posible esto no afecte tanto a los estudiantes, que también vienen de múltiples necesidades, afectados por la pobreza del país”, apuntó la gremialista Blanca Ávalos.
Para los profesores, el aumento del PIB en educación es el principal pilar para observar cambios en el sector.
“Si no aumenta el presupuesto para la educación, el salario básico profesional del docente no se cumplirá y las escuelas también seguirán con gran déficit”, expresó Ávalos frente al Panteón de los Héroes, donde desarrollaron el encuentro.