Dos escuelas públicas de Minga Guazú en Alto Paraná necesitan con urgencia la reparación de toda la estructura del techo. Desde hace tres años que reciben a técnicos de la Comuna local y están en la lista de microplanificación para recibir el Fonacide, pero hasta ahora no reciben prioridad.
En Lambaré, un colegio de gestión pública no cuenta con un solo baño, por lo que estudiantes y docentes deben ir a la escuela vecina para utilizar el sanitario de los niños y niñas. Sucesos de este tipo se observan cada año que pasa, pese a los once años de vigencia de la Ley Nº 4758/12 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que otorga cada año millonarios recursos a municipios y gobernaciones para infraestructura y programas de alimentación escolar.
De acuerdo con el último informe de la Contraloría, 54 municipios tienen indicios de hechos punibles por utilizar mal los recursos que recibieron en los últimos tres años.
Las 54 comunas suman en supuestos actos de corrupción más de G. 19.250 millones, todos por casos de programas de alimentación escolar, en los que se hallaron irregularidades en los controles y en las documentaciones brindadas por cada administración municipal. Además, la Contraloría también detectó que decenas de municipalidades no usaron 304.000 millones de guaraníes que recibieron para reparar escuelas y entregar alimentos.
Grave. “Lucrar con la alimentación de miles de niños es criminal”, apuntó Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi). El gremio presentó una nota a la Fiscalía General exigiendo la investigación de cada uno de los intendentes afectados al informe de la CGR. El Ministerio Público se comprometió con los directores a llevar a cabo una investigación sobre el reporte oficial.
Cambios. La revisión total de la normativa, alegando que ya no responde a las necesidades actuales de la sociedad, plantea con el Fonacide el nuevo ministro de Educación, Luis Ramírez.
“Hay cosas que pensar todavía, insumos que tenemos que recoger de los propios municipios y gobernaciones para poder saber si le vamos a dar un sentido nuevo al Fonacide”.