El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quizás presagiando que podría ser el próximo acosado, decidió sacar del cajón un caso casi olvidado: El de los “detergentes de oro”.
Inexplicablemente esta causa estaba estancada desde octubre de 2021. Durante casi tres años estuvo hibernando en alguna gélida carpeta fiscal hasta que, de repente, volvió a cobrar vida.
Recordemos. Al inicio de la pandemia, en 2020, el intendente de Asunción transfirió unos 21.000 millones de guaraníes de los fondos Covid-19 para la compra de detergentes. Tiempo después se descubrió que el precio unitario de los mismos era de 390.000 guaraníes. Por eso fueron llamados “de oro”. Fue entonces cuando se hizo conocido Wilfrido Cáceres, un abogado y productor musical que fungía como el jefe de gabinete. Él hizo una altisonante explicación sobre la “alta concentración y calidad del detergente de procedencia francesa”.
Como la Intendencia se negaba a mostrar los documentos respaldatorios, la prensa se puso a investigar por su cuenta. No se tardó en descubrir que el representante de la marca en Paraguay no había vendido nada a la Municipalidad y que, además, sus precios eran significativamente inferiores.
¿Entonces, a quién le habían comprado? De los tres proveedores consignados, uno tenía un local inexistente, otro figuraba en las nóminas de IPS como empleado de una ferretería ganando salario mínimo y, la tercera, era una joven de 20 años, dueña de una firma denominada Bastian Comercial. Esta sí fue encontrada: estaba en un pequeño y precario local del Mercado Municipal N° 5, que sigue funcionando hasta hoy abasteciendo detergente a granel.
El sello de la impunidad impregna este caso y hace juego con la lentitud de la Fiscalía. La que autorizó y compró estos absurdos desinfectantes mientras la gente se moría en los patios de los hospitales se llama Nidia Rosa López, ex directora de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunción. Ella hoy es titular de la Dirección Nacional de Correos. El propietario de una de las firmas proveedoras de esos productos, cuya oficina nunca fue encontrada, se llama Miguel Ángel Lisboa. Él hoy es el director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia.
Me corregirá usted, señalando que Wilfredo Cáceres, la mano derecha del intendente Rodríguez, sí está siendo investigado. Pues, le aclaro que es por otro caso, no por el de los detergentes.
La Contraloría denunció ante el Ministerio Público a este señor, a su esposa y a la secretaria de ésta por “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
Con tantos indicios de sobrefacturaciones, insumos fantasmas y contrataciones millonarias realizadas a escondidas en plena pandemia, resultaban sospechosos los signos exteriores de riqueza del funcionario. Hace unos días fue allanada su imponente casa en San Lorenzo. Allí estaba viviendo cuando la allanaron, aunque supuestamente la había vendido a precio irrisorio a una estudiante de odontología, amiga de su esposa.
Aunque Cáceres afirma que calificar a su mansión como “lujosa” es algo subjetivo, las imágenes mostradas parecen dar la razón a la Contraloría General cuando sostiene que su fortuna no tiene justificación alguna en los papeles formales.
Tampoco fue molestado por este affaire -por usar una palabra del mismo origen que el desinfectante- el jefe de todos, Nenecho. Por ahora este es el menor de sus problemas. Al fin y al cabo, ¿qué son 21.000.000 millones de este caso frente a los 500.000 millones de los bonos?
A propósito, con tanto olor a detergente trucho, mejor no permitirle que siga emitiendo bonos.
