El niño murió en el camino, diez horas después de que se determinara que su cuadro era de extrema gravedad y sin haber recibido nunca los cuidados intensivos que le urgían. Ciertamente, el caso es uno más de los que engrosan la dolorosa estadística de la salud pública, pero permite formular algunas preguntas que apuntan al corazón del problema, preguntas cuyas respuestas pueden ser tan indignantes como aterradoras.
¿Por qué se demoraron tanto en asignarle un lugar? ¿Qué falló? ¿Fue negligencia... o solo es otra víctima de un esquema montado para lucrar a costa de la vida y la salud de las personas?
Ahora mismo, los ojos están puestos en el SEME. ¿Por qué tardaron tres horas para concluir que no había camas disponibles en los hospitales públicos? ¿Realmente no había camas? El propio viceministro de Salud, Saúl Recalde, nombrado después de este último escándalo, dijo que el documento en el que se dejó constancia de tal situación pudo haber sido alterado. ¿Por qué lo habrían hecho? ¿Cual fue el criterio para seleccionar una clínica privada ubicada a más de 70 kilómetros del hospital de Presidente Franco? En un primer momento dijeron que esa había sido la decisión del juez que ordenó el tras-lado, pero era mentira. La designación provino del SEME. ¿Por qué mintieron? ¿Qué esconden?
Como en tantos otros dramas que se desatan al interior del Estado, la sospecha es que la causa principal son los negociados. Me explico. Teóricamente, el SEME administra las limitaciones del sistema de salud distribuyendo a los pacientes según las urgencias y las disponibilidades de los hospitales. Cuando no hay espacios en la acotada cobertura estatal, los pacientes deben ser trasladados a sanatorios privados, siempre a costa del Estado. Esto significa que la insuficiencia del sector público se convierte a menudo en un lucrativo negocio para el sector privado. Y siempre que se genera buena rentabilidad es posible compartir el lucro con quien garantiza el negocio. Los pagos realizados a clínicas privadas por traslados, estudios y tratamientos de pacientes provenientes de hospitales públicos alcanzan cifras multimillonarias.
¿Qué pasa si unos pocos funcionarios pueden alterar los datos y comunicar que no hay camas disponibles en el sector público solo para asegurarle un paciente a un determinado hospital privado, con costas al contribuyente? Después de todo, es solo una variación del mismo modus operandi que se aplica en otros servicios públicos. Dejar que el servicio se deteriore y colapse para luego hacer las compras necesarias de manera urgente y sin licitación ni concurso. Allí está el negocio.
El propio viceministro dio un ejemplo. Hay un contrato abierto y recursos disponibles para hacer el mantenimiento de las ambulancias del SEME, pero, curiosamente, las administraciones dejan que estos vehículos queden sobre tacos para luego forzar la contratación de talleres por la vía de la excepción. El mismo esquema se puede aplicar para forzar compras directas con cualquier servicio del Estado, desde los medicamentos y equipos médicos hasta los pupitres escolares o los desinfectantes de la Municipalidad de Asunción.
No faltará el burócrata que refiera cínicamente que el Estado siempre operó así y que no es un problema de esta administración en particular, como si ello justificara lo ocurrido. El punto es que si la vigencia de estos negociados es lo que provoca como consecuencia ulterior muertes como la del pequeño del hospital de Presidente Franco, no estamos solo ante ladrones comunes, sino ante asesinos.
Supongo que pretender que el Ministerio Público investigue cuestiones baladíes como estas es pedir demasiado; ellos están para cosas más importantes, como eliminar los lomos de burro.
