“Lamentamos las malas intenciones de personas que en otros momentos estuvieron tan de cerca y que hoy buscan perjudicar a nuestra familia con tamaña persecución”, expresó la política colorada, aunque no brindó nombres de las personas que estarían detrás de la persecución.
En ese sentido, afirmó que el “pecado” de su esposo fue “brindar oportunidades laborales a jóvenes profesionales abogados de Paraguarí", en referencia a Reinaldo Chaparro, uno de los imputados que tiene título de abogado.
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La intendenta en ningún momento hizo referencia al informe de empresas telefónicas que ubica a los tres supuestos funcionarios de la Cámara Baja en lugares totalmente distintos a donde se encontraba su marido en los días de sesión legislativa.
“La contratación de los jóvenes, por la que fue imputado el diputado, se ajusta plenamente a las disposiciones de la Cámara de Diputados. Todo se hizo dentro del marco de la Resolución Nº 3371", señaló Benítez.
Esta resolución dispone que cada legislador tenga dos choferes y un secretario privado y estos firmen asistencia en planillas.
