El 8 de octubre, el Ministerio Público realizó cuatro imputaciones que afectaron a Anadelia Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Oviedo y Juan Ramón Acosta, por lo que entre mañana lunes y el martes aumentarán la cantidad de imputados a siete según adelantó la fiscala interviniente.
Fiscalía. Norma Medina, fiscala de la causa de presunta estafa, adelantó que en la semana se producirán tres imputaciones más. No quiso especificar de quiénes se tratarían; no obstante, además de los cuatro imputados, existen otros funcionarios investigados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como del Banco Nacional de Fomento (BNF).
El caso. El 2 de agosto, dos funcionarios de la ANDE mueren trágicamente durante el ejercicio de sus funciones al entrar en contacto con un alambrado electrificado en el distrito de R. I. 3 Corrales en Caaguazú. La funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa, entonces responsable de la secretaría de la mujer de dicho municipio, recomienda asistencia legal a la mamá de Marino Ramírez Casco y a la viuda de Antonio Acosta Contrera.
El abogado recomendado por Acosta fue Darío Flores, quien tras algunas diligencias de Acosta Armoa, logra efectivizar dos cheques que eran para cada una de las familias afectadas por G. 400 millones cada una.
Acosta Armoa entrega G. 45 millones a la viuda Lorena Brítez González y G. 30 millones a Juana Honorina Casco en concepto de indemnizaciones previo “descuento” de G. 5 y 10 millones respectivamente por “los servicios prestados”. Acosta Armoa solicita a las víctimas no contar a nadie sobre el monto recibido. Sin embargo, el 29 de setiembre, el caso llega al periodista Pablo Marecos de Caaguazú quien alertado por los montos ínfimos recibidos por las dos mujeres inicia una investigación que culmina con la confirmación de que la indemnización era muy superior a lo recibido. Esta investigación llega a la fiscala Salinas que días después, procedió a las imputaciones.
Anadelia. La principal apuntada en este caso, Anadelia Acosta Armoa fue notificada para presentarse a la sede del Juzgado Penal de Garantías para su audiencia de imposición de medidas este viernes 18. Desde el 8 de octubre, la misma no aparece en su lugar de trabajo y también se niega a atender a la prensa. Su abogado Marcial Ayala alegó que la mujer se encuentra “emotivamente muy mal”.
BNF. La fiscala se constituirá el martes o el miércoles en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para saber quién autorizó el pago de las indemnizaciones a terceras personas. “Desde la Dirección de Asuntos Judiciales se debía emitir un dictamen jurídico para que se pueda pagar ese cheque. El cheque decía no transferible y el artículo 1740 del Código Civil dice que primero se debía aprobar una cuenta y ahí se tenía que depositar el dinero. Estaba obligado el gerente a hacer ese proceso”, culminó.
