Más al pensar por qué permitimos que nos pasen encima con medidas que ni siquiera persiguen ordenar a una Asunción que se cae a pedazos y que tiene un administrador incapaz.
Nos ponemos en el lugar de la gente que gana un poco más del salario mínimo o que tiene varios niños que mantener y que ahora tiene que pagar G.4.500 la hora por dejar aparcado su automóvil o motocicleta en algunas de las destrozadas calles de Asunción. El enojo aumenta con la idea de que el gobierno municipal y la empresa concesionaria que explotará el estacionamiento tarifario ni remotamente pensaron en las personas que se verán afectadas por esta erogación compulsiva, lo que deja solo esa imagen de que sector público y privado se alían solo en busca de lucro para que unos pocos ganen a expensas de una gran mayoría que padece los efectos de frecuentes medidas sin la gente.
Esas que contemplan componentes jurídicos y económicos, pero no el beneficio ciudadano. Son medidas que a corto o mediano plazo se vienen abajo, se complican o fracasan, porque olvidaron a las personas.
Pretendiendo resolver un problema generado por la misma administración municipal, que alentó y dejó crecer el número de cuidacoches, permitiendo que se adueñen de las calles, ahora quieren blanquearlos ampliando el negocio, unificando las tarifas y las áreas tarifadas. Ni gobierno central ni municipal buscaron resolver el problema social que hay detrás de los cuidacoches. Mucho menos ordenar la Capital.
Por supuesto, la medida ya echó a andar, sin que empresa, gobierno municipal y Gobierno Nacional hayan buscado resolver previamente el deficiente y grosero sistema de transporte público que, antes que una alternativa, es otro castigo para la gente, con sus reguladas y su servicio, en general, deficiente.
Así que lo del estacionamiento tarifado, además de costoso, es otro ejemplo que planes sin una mirada integral. Se pone en vigencia sin solucionar antes el grave problema del servicio de transporte público. Si este funcionara regular y correctamente, muchas personas no tendrían la necesidad de movilizarse en su automóvil, ahorrarían dinero, no sufrirían el estrés de conducir en una ciudad caótica, el tráfico sería menos cargado, habría menos motociclistas, menos accidentes (Mejoraría el presupuesto de hospitales como el del Trauma) y tendríamos menos contaminación. Todos saldríamos ganando, no solo quienes están detrás de Parxin.
Si los planes y proyectos fueran serios y a largo plazo, también podríamos pensar en arreglos de las calles, hermoseamiento de la ciudad y mayor seguridad para quienes desarrollan sus actividades en ella. Pero no, no es así.
Se trata de recaudar y punto. Asusta esta tendencia a adoptar medidas rimbombantes y parciales como la que anunció el presidente Peña para el ingreso de las microempresas al sistema de seguridad social de IPS, sin que a la par o previamente se inicie un proceso de ampliación y mejoramiento del sistema de salud de la Previsional que lleva décadas saturado y en la práctica implique aguardar meses para un estudio médico o para acceder a turnos con especialistas. Es como sobrecargar de pasajeros un barco repleto de gente y en medio de una tempestad, como es la realidad del IPS.
Estas decisiones apresuradas y no trabajadas en profundidad terminan colapsando y generando más decepciones de lo que ya llevamos acumuladas los ciudadanos.
Las que se ven exacerbadas cuando vemos cómo la política, en lugar de buscar el bien común, de defender los intereses públicos, se convierte en un mecanismo bastardeado intencionalmente para generar nuevos ricos que llevan una vida principesca en un país pobre, y que imponen sus decisiones desde sus estándares de vida.
