El Estado paraguayo cerró el 2021 con un total de 312.496 cargos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), de acuerdo con las estadísticas que se pueden observar en la página web del Ministerio de Hacienda.
Pese a los esfuerzos fiscales por reducir ese número, eliminando una serie de cargos vacantes y readecuando categorías dentro del rubro 100, el Congreso terminó inflando el anexo de personal, y de acuerdo con el PGN promulgado hace unos días por el Ejecutivo, este año quedaron presupuestados unos 313.100 cargos.
A simple vista, decir que el Estado tendrá más de 313.000 personas a su cargo, parece más que suficiente y hasta exagerado.
En términos estrictamente estadísticos y financieros, sin embargo, el anexo de personal no debería de representar una amenaza a las finanzas públicas. Los funcionarios públicos representan solamente el 10% de la población económicamente activa, mientras que según los estándares internacionales de ocupación pública, Paraguay está muy por debajo de otros países de la región como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile (Informe Mejor gasto para mejores vidas, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).
Si comparamos con las necesidades del Estado, solamente por citar algunas, se puede observar que el Ministerio del Trabajo cuenta con apenas 30 trabajadores que se dedican a fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales en las empresas, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) tiene 100 funcionarios para controlar a 1.300.000 contribuyentes y el Ministerio de Salud cuenta con 23.708 funcionarios permanentes de blanco para atender en todos los hospitales y centros asistenciales públicos.
El problema, más bien, parece distributivo.
En ese sentido, y antagónicamente, hay otros casos que deben ser urgentemente analizados.
Por ejemplo, se puede ver que en el Congreso Nacional existe un promedio de 21 funcionarios por cada legislador que está en actividad y en la Corte se cuenta con 11.914 personas que colapsan las pequeñas oficinas de los juzgados; mientras que en las gobernaciones existen 1.124 funcionarios, quienes en su gran mayoría, ni siquiera tienen roles definidos.
A la falencia distributiva, debemos sumar las acciones que lleva adelante el Estado en su rol de garante del bienestar de la gente. Es que, en la actualidad, el plantel público no estira el mismo carro. Mientras vemos, por un lado, que las obras públicas impulsaron una parte importante de la recuperación económica, que la recaudación fiscal sigue teniendo números récord, y los esfuerzos interinstitucionales para sostener al campo en medio de la sequía; por otro lado, tenemos los cortes de luz y agua que son cada vez más frecuentes y que hacen pasar penurias a la gente, faltan remedios o insumos básicos en los hospitales y la inseguridad crece a pasos agigantados en todo el país.
Si a estas dos problemáticas le agregas los conocidos casos de prebendarismo y que encima 75 de cada 100 guaraníes que recauda el Fisco mediante el cobro de impuestos va a parar a salarios, evidentemente que la política salarial tiene que ser objeto de una profunda reforma. El dilema es, ¿tenemos un Estado abultado o un Estado ineficiente? ¿Nos sobran asesores y consultores, pero nos faltan maestros, médicos, fiscalizadores?
Lo claro y contundente es que necesitamos una ley que reglamente el servicio civil público. A medida que las necesidades sean mayores, el Estado también deberá crecer para garantizar calidad de vida, pero seguir creciendo de manera desordenada solamente aumentará el malgasto público, y a su vez, las brechas sociales gigantescas que existen en la actualidad.
El Estado paraguayo está lejos aún de ser ese sostén que necesitamos cuando las cosas van mal, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la transformación del Estado no debe empezar mañana, debió haber empezado ayer. Ya no basta con tomar nota, es hora de que las acciones hablen por sí solas.
