Las comunicaciones entre un diputado fallecido con magistrados y políticos han dado muestras de injerencias en la Justicia; se desdibuja la imagen del Paraguay que superó la IV Ronda de Evaluación Mutua de Gafilat en 2022 y alcanzó el grado de inversión en 2024, y surge otra de un país donde miembros del órgano constitucional que controla a los jueces recibe instrucciones de políticos vinculados con el crimen organizado. Existía la sospecha, pero el contenido de las comunicaciones que siguen revelándose desborda la creatividad más suspicaz.
Todo ello produce una indignación que rápidamente se transforma en temor al sistema, incertidumbre en cuanto a las reglas de juego y desconfianza hacia quienes deben aplicarlas. Las consecuencias de la nociva espiral descienden del plano político al económico donde perduran. Quienes creen e invierten en Paraguay o planean hacerlo necesitan nuevas garantías de que en el país rige el Estado de derecho y persiste un compromiso con el fortalecimiento de las instituciones republicanas, incluyendo al sistema de justicia.
Justicia independiente. Para el individuo y la empresa que trabajan e invierten en Paraguay y crean riqueza las riñas políticas son generalmente cuestiones de segundo orden ¿Qué país no las padece? De primer orden son la estabilidad macroeconómica, baja presión tributaria, costos competitivos y disponibilidad de mano de obra, incentivos a la inversión y el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, cuando el factor político traspasa su ámbito natural e invade el de la Administración de Justicia intentando subordinarla y corromperla, surge la preocupación de primerísimo orden que se denomina inseguridad jurídica.
La independencia judicial es un cimiento del Estado que brinda a las personas acceso a un tercero imparcial o juez capaz de dirimir conflictos vinculados con sus bienes y honra conforme a derecho.
En Paraguay, los jueces son custodios de la Constitución (art. 247) y de la vigencia del orden jurídico establecido (art. 137). Esta ley suprema garantiza su independencia de criterio y prohíbe a miembros de otros poderes u otros funcionarios arrogarse atribuciones judiciales o entrometerse en juicios bajo pena de nulidad, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y otras sanciones (art. 248).
Para fortalecer la independencia, la Convención Nacional Constituyente de 1992 suministró al menos tres elementos: La autarquía presupuestaria del Poder Judicial (art. 249), el Consejo de la Magistratura (arts. 262-4) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (art. 253), ninguno de los cuales ha sido suficiente.
En 1992, el objetivo al crear el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados era que la selección, promoción y control de los jueces no quedare exclusivamente en manos de ellos mismos (Poder Judicial) ni del ámbito político (Congreso y Ejecutivo), sino de órganos extrapoder especializados con una composición plural donde se diluirían las pretensiones hegemónicas. La realidad fue otra y las revelaciones de los últimos días se amontonan en una añosa pila de indicios de intromisión en la labor jurisdiccional, a contramano de los fines tenidos en mira al establecer el Consejo y el Jurado. Es más, ambos órganos habrían sido utilizados por ciertos agentes para obtener privilegios y presionar a jueces. Y si la experiencia anterior era “sencillamente nefasta” en palabras del profesor Óscar Paciello, presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, la posterior que se extiende hasta nuestros días acaso no ha variado.
¿Cuál es la raíz del problema? La debilidad institucional es la causa estructural y la politización de órganos creados para profesionalizar la Administración de Justicia es la causa específica. De los ocho integrantes del Consejo, uno solo es magistrado judicial; los demás representan a los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo), y a docentes y abogados ungidos en elecciones gremiales cada vez más reñidas. En el caso del Jurado, la participación –también minoritaria– asignada a la magistratura se eleva a dos escaños; los seis restantes corresponden a representantes del Consejo de la Magistratura, senadores y diputados. El problema no es la composición en sí misma, ni siquiera el procedimiento que en el caso del Jurado se ha actualizado en fecha reciente (Ley 6814/2021), sino la conducta de quienes de tanto en tanto acceden a estos órganos para actuar como operadores políticos y desnaturalizarlos. Algo parecido a lo que sucedió en Melanesia cuando se implantaron instituciones inglesas donde, siguiendo a Fukuyama en Los Orígenes del Orden Político, los hombres fuertes devenidos en parlamentarios continuaron comportándose como caciques de sus respectivas tribus o “wantoks”.
Como sea, la desnaturalización de estos órganos constitucionales compromete la probidad e independencia de los tribunales, corroe la imagen país y desalienta la inversión.
Percepción y realidad. Para la Real Academia Española, la corrupción que se da en “las organizaciones, especialmente en las públicas” consiste en “la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”.
La percepción de corrupción en Paraguay, medida por índices internacionales, es alta. Las flaquezas institucionales son signos de alerta para las calificadoras crediticias. En su edición más reciente (2024), el indicador del Proyecto de Justicia Mundial asignó una calificación disminuida a la vigencia del Estado de derecho en Paraguay, ubicándonos en el puesto 100 de 142 a nivel global y 24 de 32 en Latinoamérica y el Caribe.
Indicadores negativos causan un daño reputacional, pero cuando la realidad coincide con la percepción en función de evidencias concretas son aspectos estructurales vinculados con el modelo de país los que requieren atención urgente. El intento sistemático de intromisión en la Justicia, a través de prácticas y esquemas que se descubren y repiten en el tiempo sin aparente solución de continuidad es, o debería si no lo es aún, el primer desafío en la agenda nacional. De lo contrario, las consecuencias serán peores y de largo alcance.
Costos. La corrupción que atenta contra la independencia judicial crea inseguridad jurídica: En lugar de decidir conforme a derecho, el juez sometido cede a presiones o intereses, incluso contra la jurisprudencia pacífica de los tribunales y sus propios precedentes. Entonces, el Estado constitucional y sus pilares fundamentales de respeto a la dignidad de las personas y la propiedad privada, la libre concurrencia, la igualdad ante la ley, las garantías para los ciudadanos, entre otros, corren el riesgo de naufragar en fallos injustos. Los costos de tal inseguridad jurídica que se resume en la incertidumbre sobre la vigencia del derecho en un país son difíciles de cuantificar, pero ciertamente exorbitantes.
En el campo internacional, la inseguridad jurídica daña el prospecto de Paraguay tanto ante la comunidad de naciones como ante los inversores extranjeros. Frente a los gobiernos, nuestro país puede perder estatus y transformarse en un aliado menos relevante para el combate contra el crimen transnacional; de hecho, la evaluación de Gafilat asigna a Paraguay un nivel de efectividad bajo en investigación y persecución penal de lavado de activos. Para las empresas extranjeras la seguridad jurídica más que una condición es un factor eminente en la decisión de invertir. Las dificultades que continuamos experimentando para atraer inversión extranjera directa son costos para el desarrollo en términos de oportunidades que se desvanecen. En general, el financiamiento, las relaciones comerciales internacionales y las corresponsalías bancarias se dificultan o encarecen cuando el país es más riesgoso. Y para los propios paraguayos, las decisiones de trabajar, invertir y a veces hasta de permanecer en nuestro país dependen de la vigencia del Estado de derecho.
¿Qué hacer? En el largo plazo, la solución es el fortalecimiento institucional. Por años hemos discutido la necesidad de modificar la Constitución para eliminar o reemplazar al Consejo de la Magistratura y al Jurado; lo cierto es que ambos organismos fueron desnaturalizados no precisamente por un problema de diseño, sino por el mal desempeño de algunos de sus miembros en connivencia con actores exógenos. En el fondo, es un problema de personas quienes no han internalizado el rol del servidor público y terminan debilitando a instituciones con nobles propósitos.
Pero las circunstancias requieren acciones inmediatas, sin las cuales difícilmente el panorama mejorará.
Primero, renovar el compromiso con el Estado de derecho al más alto nivel. Así como la Constitución prohíbe la injerencia en causas judiciales y establece la separación de poderes, también prevé que estos desarrollen un sistema de coordinación y recíproco control (art. 3). El fortalecimiento de la independencia judicial debería ser encarado como un compromiso de los tres poderes del Estado, en virtud del cual los políticos (Legislativo y Ejecutivo) confíen su representación ante los órganos extrapoder a representantes probos y capaces, presten todo el apoyo requerido, se abstengan de intervenir en materia jurisdiccional, y el Poder Judicial lidere una reforma con objetivos y plazos auditables.
Segundo, que ese compromiso alcance al Consejo y al Jurado; también a los demás entes vinculados con la función jurisdiccional (Fiscalía General del Estado) y el control de la gestión pública (Contraloría). En una idea, que todo el sistema de justicia y de control de la República quede comprendido en el proceso de fortalecimiento.
Tercero, reevaluar las herramientas de transparencia para que la ciudadanía pueda ejercer su rol y derecho de auditoría social. Al margen de las solicitudes acceso a la información, ¿cuáles son los mecanismos de publicidad de la gestión del Jurado y otros entes?, ¿son efectivos?, ¿son suficientes?
Cuarto, que los casos expuestos en los últimos días sean investigados con todas las garantías del debido proceso y resueltos en un plazo razonable. La ciudadanía espera y merece una respuesta del órgano judicial.
Ojalá que las autoridades dimensionen el problema e interpreten la frustración ciudadana, que en esta ocasión ha tenido eco en organizaciones de la sociedad y los principales gremios de la industria, el comercio y los servicios. Quienes se pronunciaron son el motor de la economía nacional. El Estado de derecho es necesario y se convertirá en la inversión más rentable del pueblo paraguayo, si somos capaces de fortalecerlo.
