Recientemente, el Gobierno había lanzado la iniciativa denominada Estrategia Integral para la Protección de la Familia, que procura la evaluación de riesgos para la prevención de los feminicidios y plantea un mayor involucramiento de la sociedad para eliminar la violencia dentro de las familias. La propuesta tuvo una positiva aceptación, aunque el mensaje que transmitía el video oficial de la campaña del Ministerio del Interior, prácticamente dejaba el peso de la responsabilidad en la ciudadanía. Las campañas contra la violencia son muy necesarias, pero siempre son el Estado y sus instituciones los responsables fundamentales.
Cuando las autoridades instan a las víctimas y a los testigos a realizar las denuncias, parecen olvidar los cientos de casos en los que fueron precisamente los funcionarios de las instituciones quienes les fallaron a las víctimas.
Recordemos el primer caso de feminicidio de este 2024. La pareja golpeó a su víctima cerca de una caseta policial y la llevó hasta su domicilio, donde fue encontrada sin signos de vida. De acuerdo con el testimonio, la policía tenía conocimiento de la situación, y es necesario subrayar que el feminicida contaba con antecedentes por violencia familiar en 2007, y había sido previamente detenido por esta causa en la misma comisaría, y aunque en aquella ocasión quedó a disposición de la Fiscalía, fue liberado. Ante casos como este no resulta justo pedirle a la sociedad lo que las mismas instituciones no hacen. Si el Estado no acciona con efectividad, y sus instituciones no cumplen con su tarea, vamos a seguir lamentando más violencia intrafamiliar y más mujeres morirán por la violencia machista.
De nada sirven los discursos y los lanzamientos pomposos de campañas que quedan en la nada, lo que el Paraguay requiere son planes y políticas públicas para frenar la violencia. Como parte de esto, se debe apoyar con todos los recursos posibles a instituciones como el Ministerio de la Mujer, el que cada año ve reducido su presupuesto. Asimismo, deben entender las autoridades electas y los funcionarios de Gobierno que tampoco aportan soluciones que se declaren solemnemente como provida y profamilia, cuando cotidianamente avalan hechos de violencia, degradación e intolerancia en los discursos políticos.
Es absolutamente aterradora la realidad que viven los niños y niñas sometidos a todo tipo de violencia y abusos, pero es mucho peor saber sobre los grados de impunidad y que en el 90% de los casos, aquellos de abuso ocurren en el entorno familiar. Asimismo son preocupantes los datos sobre violencia ejercida contra las mujeres. En los primeros seis meses de este 2024 se contabilizan ya un total de 16 feminicidios y 14 casos de feminicidio en grado de tentativa.
Los datos no aportan a la solución, sino son utilizados por las autoridades para plantear estrategias y planes que lleven a acciones efectivas. Despertar la conciencia de la sociedad es muy importante, pero las autoridades deben redoblar su compromiso y sus esfuerzos para que todos los niños, niñas y todas las mujeres que viven en este país puedan desarrollar sus talentos, sus potencialidades, vivir con dignidad y seguridad.
