Una realidad que quedó expuesta con la pandemia del Covid-19 es la necesidad de atender a la salud mental. Más recientemente la sociedad paraguaya ha sido testigo de la crisis que se enfrenta en el sector educativo, por la cantidad de denuncias de abuso sexual, acoso y amenazas de violencia en instituciones escolares.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Educación, hasta junio se registraron 200 denuncias de vulneración de derechos de niños en establecimientos educacionales, que abarcan desde agresiones, amenazas de atentados, bullying hasta abuso y acoso sexual.
Esta es una situación para la cual el Estado no está preparado: El MEC solo tiene 113 sicólogos nombrados para un total de 8.500 instituciones.
La desigualdad en el acceso a una educación de calidad es un hecho irrefutable. Los niños y los jóvenes que acuden a instituciones del sector público, a diferencia de aquellos niños y jóvenes que asisten a instituciones privadas, no tienen acceso a infraestructura adecuada. La escuela pública no tiene bibliotecas, laboratorios ni espacios para que la niñez y la juventud practiquen deportes. A la par se viene desarrollando una epidemia silenciosa y que cada año está creciendo más: el aumento de la obesidad en niños y niñas. Datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud señalan que en 15 años este índice pasó de entre 2% a 6%, al 15%”. Actualmente el índice de sobrepeso y obesidad en la población infantil es del 34,1%, además, el 73% realiza insuficiente actividad física. Estos datos sin dudas presagian un futuro sombrío.
En lo que se refiere a la actividad física, las nuevas generaciones se están moviendo mucho menos, indicativo de esto es el tiempo que la gente pasa concentrada en sus dispositivos electrónicos. Los profesionales de la salud indican que esto lleva, como es de suponer, a diversas enfermedades; pronostican, por ejemplo, presión alta a los 25 años, diabetes a los 30 años, cáncer e incluso pueden requerir de diálisis, lo que pasa a ser un problema de salud pública.
Urge por lo tanto que el Estado entienda que la situación en que nos encontramos es extremadamente delicada y requiere acciones urgentes y decididas. Las instituciones deben asegurar el derecho de la población a una alimentación adecuada, en tiempos en que se consumen tantos alimentos procesados la gente consume menos frutas y verduras, lo cual es una incoherencia en un país que produce alimentos para el mundo. Los alimentos saludables deben estar al alcance de todos.
Por otro lado, se suele referir la importancia del ejercicio físico para mantener no solo la salud a nivel biológico sino también mental. Esto supone también que el Gobierno Central, las municipalidades y gobernaciones que cuentan con suficientes recursos deberían crear espacios públicos seguros para que las personas puedan realizar estas actividades físicas, recreativas, lo que redundará en su salud física y mental. Considerando las presiones y el estrés de la vida cotidiana, en un país con los problemas que ocupan los espacios en los medios de comunicación, falta de empleo, dificultad para acceder a la salud y la inseguridad, la población siente el impacto en su calidad de vida.
A esto se debe agregar ahora el impacto del cambio climático para la salud mental y el bienestar. Según un reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la rapidez del cambio climático supone una amenaza cada vez mayor para la salud mental y el bienestar sicosocial, al provocar trastornos que van desde el malestar emocional hasta la ansiedad, la depresión, el dolor o las conductas suicidas.
Estamos en una emergencia y es obligación del Estado cuidar del bienestar de la población.
