Resulta grave que se esté normalizando la proliferación de clanes vinculados al crimen organizado. El Departamento de Canindeyú actualmente es uno de los principales escenarios donde se desarrolla una puja por el dominio de las plantaciones de marihuana. Es evidente que la estrategia de seguridad del Gobierno es un absoluto fracaso. Es inaceptable que, tras el debilitamiento de un grupo, otro nuevo asuma el comando. El crimen organizado está exponiendo de manera clara y vergonzosa la fragilidad de nuestras instituciones.
Sin embargo, un trabajo de ÚH pudo recopilar datos que señalan que los clanes que van emergiendo en Canindeyú no son de productores de drogas, sino que son organizaciones que contratan a personas y financian la producción de la marihuana, e incluso se encargan del pago al personal; serían pues estructuras intermediarias de acopio, principalmente de drogas que luego venden al mejor postor, generalmente a facciones brasileñas. Al mismo tiempo, en la zona también se forman clanes familiares que manejan buena cantidad de trabajadores, cultivadores. Este sería el motivo por el cual la situación se ha vuelto más violenta porque estos grupos fueron adquiriendo armas de fuego para su defensa.
Además de que la existencia del crimen organizado está prácticamente normalizado se debe reconocer que el Estado ha permitido el crecimiento y la expansión de este sangriento negocio.
En 2023 la Operación Dakovo, emprendida entre el Brasil, los Estados Unidos y Paraguay logró desmantelar la mafia del tráfico de armas. De esta manera, pudimos saber que, una parte importante de las armas de fuego que Paraguay importaba desde Europa tenía como destino final facciones criminales del Brasil, y una parte de ellas también quedaba para la mafia local. Así se supo que la red que blanqueaba las armas movió casi USD 240 millones en los últimos tres años. También se reveló la implicación de empresarios, militares, funcionarios públicos y facciones criminales.
Esta situación no es reciente. Lo que los expertos explican es que en los últimos años ganó visibilidad. Hace apenas tres años, el Índice Global de Crimen Organizado ni siquiera mencionaba al Paraguay, pero un día de 2023 el país apareció en todas las portadas por haberse convertido en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada. Paraguay apareció en el puesto número 4 de entre los 193 Estados miembros de la ONU incluidos en el estudio.
Sin duda, fue un proceso lento que incluye en primer lugar la corrupción que ha permeado a las instituciones y la filtración de las mismas organizaciones criminales en las instituciones y en la política. Paraguay tiene un sistema de control muy frágil por lo cual es muy fácil que permee el crimen organizado. Los controles en nuestras fronteras permiten que el crimen organizado opere exitosamente, además de que los puestos de controles y comisarías se encuentran precarizadas y con bajo presupuesto y a eso se suma que hasta que el momento Paraguay no cuenta radares para supervisar el tráfico aéreo.
Como expresaba el diputado liberal Ever Villalba, “De acuerdo con los estudios criminológicos, hoy en día el Estado paraguayo está en estado de mafia. Los grupos criminales han penetrado las distintas estructuras del Estado y se aprovechan de esa estructura para seguir cometiendo sus crímenes, por ejemplo, lavando dinero”. Y sobre el caso reciente de la detención de un concejal colorado por presunto tráfico internacional de drogas, afirmó que se da con “otros concejales e intendentes, incluso con diputados y otros actores políticos”.
Es hora de la acción, pues si las autoridades, funcionarios, líderes políticos y económicos no reaccionan, pronto la situación afectará al sistema democrático y el Estado de derecho.
