El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), con el patrocinio del procurador de la República, Marco Aurelio González, presentó ante la Fiscalía denuncias contra dos empresas por perjuicio al erario público, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
A Montego Trading SA se le tribuyen los delitos de presunta explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que determinen la investigación.
La denuncia sostiene que, a pesar de haber sido revocada su autorización para la explotación de apuestas deportivas en forma online y en salas físicas, siguió operando en la plataforma electrónica crowncityplay.com.py.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLos socios accionistas son el salvadoreño Nasry Árguedas Safie; el boliviano Erick Vázquez Loza y el mexicano Gerardo Bermúdez Arreola.
En tanto que los directivos son de nacionalidad paraguaya, identificados como Carmen Carolina Duarte, ex presidenta, y nuevamente aparece Bermúdez como ex director. Asimismo, son mencionados José Monges y Ricardo Fernández, actuales autoridades.
Para Conajzar, estas personas deben responder por los hechos porque la empresa no actúa sino a través de sus representantes.
En este caso, se solicitó la investigación, incluyendo el allanamiento y cierre de los locales físicos, así como el bloqueo de su web.
Los representantes se exponen a 5 años de prisión o multa, mientras que los apostadores que operaron con esta empresa pueden ser condenados a 2 años de cárcel o multa.
Por otro lado, la firma Amazing fue denunciada por producción de documentos no auténticos al presentar dos contratos de pólizas de seguro, presumiblemente falsas. Los socios son los hermanos Abigail y Ariel Alegre Cola, quien además es el presidente.
Conajzar refiere que en el 2019 otorgó a la empresa autorización para la explotación de la nueva modalidad denominada “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar”.
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El contrato obligaba a presentar una póliza de seguros para garantizar su cumplimiento, por la suma de G. 300 millones y G. 5 millones por otro seguro para pagos de multa, intereses moratorios y punitivos.
La póliza debía renovarse cada año, pero la empresa no lo hizo. Ante la insistencia de Conajzar, presentó el 7 de agosto pasado un contrato de póliza con Asepasa Aseguradora y La Consolidada.
Sin embargo, tras las averiguaciones de la institución y pedidos de informes a las aseguradoras, se descubrió que estos contratos no existían.
El perjuicio al erario público
En el primer caso, Conajzar advierte que representa un daño al erario público debido a que desde la clandestinidad Montego Trading no paga el canon correspondiente.
Estos recursos se destinan no solo al Tesoro Nacional, sino también a las gobernaciones, municipalidades y a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.
Según la institución, las operaciones desde la clandestinidad también afectaron a la firma Daruma Sam, cuya marca es Apostala, que fue adjudicada para la explotación de apuestas deportivas con carácter exclusivo en todo el país. Al reducirse sus ingresos, también disminuyen las contribuciones al Estado.
En el segundo caso, existe el riesgo de no poder ejecutar la póliza de seguro en caso de ser necesario.
