La semana pasada, el político colorado y miembro de una seccional de Asunción, Jeis Leonardo Urquhart De Lacerda, fue detenido por la Policía por estar ligado al narcotráfico y al hecho de sicariato en el Ja’umína Fest de enero del 2022. A escasas horas de haber sido decretada su prisión preventiva por hechos de narcotráfico y por su supuesto apoyo logístico al PCC (Primer Comando Capital) fueron publicadas fotografías en compañía de autoridades del Partido Colorado, el actual presidente Santiago Peña, su antecesor Mario Abdo y el también ex presidente, Horacio Cartes.
Hace unos días, un grupo de presidentes de seccionales de la ANR tuvo una reunión con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y tras el encuentro fueron fotografiados con el supuesto líder narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, quien cuenta con medidas alternativas a la prisión.
No debemos olvidar otro caso muy actual, el del senador Erico Galeano, procesado por lavado de dinero y asociación criminal. Según el acta de imputación del Ministerio Público, el legislador cartista había recibido USD 1 millón para la compra de un inmueble y se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína; el año pasado había sido vinculado con el caso A Ultranza Py, por posibles conexiones con lavado de dinero.
Estos casos son la comprobación de la infiltración del dinero sucio en la política y en las instituciones. Evidencia, sobre todo, que es necesario un mejor control del dinero y la trazabilidad en las campañas políticas.
Además de penetrar la política y las instituciones, el crimen organizado y sus operaciones afectan las vidas de las personas. Recientemente el Ministerio de la Defensa Pública expresó su preocupación por la situación de muchas mujeres privadas de libertad que cayeron por involucrarse en el submundo del narcotráfico y que cuentan con altas condenas. Estas mujeres procesadas desempeñan roles subordinados, pero claramente de alto riesgo y como se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo general, al cuidado de los hijos y de personas mayores necesitan generar recursos.
El “próspero” negocio conlleva, asimismo, el aumento de la violencia como lamentablemente la ciudadanía ha podido comprobar con diversos hechos de sicariato en nuestras ciudades. Los analistas advierten que esta cultura de la violencia que impone los grupos ligados al crimen organizado, a través del sicariato puede seguir creciendo.
Los expertos señalan con frecuencia que el narcotraficante se mueve desde una mirada geopolítica, pues sabe que “territorio es poder” y con esa consideración amplían territorios y dominan zonas pensando en nuevos mercados o canales de distribución de las sustancias. El riesgo es claramente que el mismo Estado pierda el control de su propio territorio.
Paraguay ya es uno de los centros del crimen organizado a nivel mundial. Solo el último año ingresaron a Europa desde puertos de nuestro país 6,6 toneladas de cocaína. Para dimensionar el negocio, según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas, en Paraguay el precio de la cocaína ronda en USD 7.000 por kilo, en los Estado Unidos se cotiza en USD 31.200; en tanto que en Europa se dispara el precio a USD 85.000 y la más alta cotización se registra en Australia donde cuesta USD 142.000.
Nos enfrentamos a un grave peligro. Y es la hora de asumir las responsabilidades, pues sin dudas hay una clase política que abrió la puerta de las instituciones al narco y al crimen organizado, abriendo con esto la caja de los espantos. El Estado paraguayo está bajo el ataque y es tiempo de ponerle freno.
