16 nov. 2024

Estado paraguayo en peligro por el poder del narcotráfico

El negocio narco no solamente es una amenaza social y de seguridad para los ciudadanos, sino que además al estar absolutamente descontrolado supone una seria amenaza al Estado paraguayo. Cada operativo desnuda lujo, despilfarro e impunidad, además de los preocupantes vínculos con políticos y autoridades del Gobierno. Sabemos bien que el dinero sucio del crimen organizado permeó los partidos políticos, por eso, hoy el Estado está bajo el ataque de una delincuencia que es transnacional; es tiempo de ponerle freno.

La semana pasada, el político colorado y miembro de una seccional de Asunción, Jeis Leonardo Urquhart De Lacerda, fue detenido por la Policía por estar ligado al narcotráfico y al hecho de sicariato en el Ja’umína Fest de enero del 2022. A escasas horas de haber sido decretada su prisión preventiva por hechos de narcotráfico y por su supuesto apoyo logístico al PCC (Primer Comando Capital) fueron publicadas fotografías en compañía de autoridades del Partido Colorado, el actual presidente Santiago Peña, su antecesor Mario Abdo y el también ex presidente, Horacio Cartes.

Hace unos días, un grupo de presidentes de seccionales de la ANR tuvo una reunión con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y tras el encuentro fueron fotografiados con el supuesto líder narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, quien cuenta con medidas alternativas a la prisión.

No debemos olvidar otro caso muy actual, el del senador Erico Galeano, procesado por lavado de dinero y asociación criminal. Según el acta de imputación del Ministerio Público, el legislador cartista había recibido USD 1 millón para la compra de un inmueble y se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína; el año pasado había sido vinculado con el caso A Ultranza Py, por posibles conexiones con lavado de dinero.

Estos casos son la comprobación de la infiltración del dinero sucio en la política y en las instituciones. Evidencia, sobre todo, que es necesario un mejor control del dinero y la trazabilidad en las campañas políticas.

Además de penetrar la política y las instituciones, el crimen organizado y sus operaciones afectan las vidas de las personas. Recientemente el Ministerio de la Defensa Pública expresó su preocupación por la situación de muchas mujeres privadas de libertad que cayeron por involucrarse en el submundo del narcotráfico y que cuentan con altas condenas. Estas mujeres procesadas desempeñan roles subordinados, pero claramente de alto riesgo y como se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo general, al cuidado de los hijos y de personas mayores necesitan generar recursos.

El “próspero” negocio conlleva, asimismo, el aumento de la violencia como lamentablemente la ciudadanía ha podido comprobar con diversos hechos de sicariato en nuestras ciudades. Los analistas advierten que esta cultura de la violencia que impone los grupos ligados al crimen organizado, a través del sicariato puede seguir creciendo.

Los expertos señalan con frecuencia que el narcotraficante se mueve desde una mirada geopolítica, pues sabe que “territorio es poder” y con esa consideración amplían territorios y dominan zonas pensando en nuevos mercados o canales de distribución de las sustancias. El riesgo es claramente que el mismo Estado pierda el control de su propio territorio.

Paraguay ya es uno de los centros del crimen organizado a nivel mundial. Solo el último año ingresaron a Europa desde puertos de nuestro país 6,6 toneladas de cocaína. Para dimensionar el negocio, según datos de la Secretaría Nacional Antidrogas, en Paraguay el precio de la cocaína ronda en USD 7.000 por kilo, en los Estado Unidos se cotiza en USD 31.200; en tanto que en Europa se dispara el precio a USD 85.000 y la más alta cotización se registra en Australia donde cuesta USD 142.000.

Nos enfrentamos a un grave peligro. Y es la hora de asumir las responsabilidades, pues sin dudas hay una clase política que abrió la puerta de las instituciones al narco y al crimen organizado, abriendo con esto la caja de los espantos. El Estado paraguayo está bajo el ataque y es tiempo de ponerle freno.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.