El Estado paraguayo adolece de un problema profundo que se agudiza con las elecciones internas del Partido Colorado. Clientelismo, prebendarismo y, sobre todo, ineficiencia y corrupción son lastres que no se han logrado desterrar por la simple razón de que el Estado es un patrimonio colorado. La continuidad de la ANR en el poder no permitió la modificación de esta cultura de la administración pública marcada por las luchas facciosas. El sector técnico económico del Estado, como Hacienda o BCP, se ha ido divorciando de la exasperante coyuntura electoral, pero tampoco puede eludir los golpes de los irracionales tiempos electorales.
Estos espasmos suceden periódicamente, pero se intensifican en la recta final de un periodo de gobierno. Las primarias presidenciales son los débiles tiempos en que el Estado se convierte en moneda de cambio entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde también juega fuerte el Judicial. El oficialismo intenta gobernar cada vez más empantanado, mientras el “opositor” colorado pone palos a la rueda porque en su intención de derrotar al candidato oficialista no le conviene que las medidas gubernamentales de su propio partido tengan éxito. Porque la ANR es oficialismo y oposición al mismo tiempo, una desquiciada fórmula que no tiene costo electoral hasta el momento.
La paralización institucional empieza a intensificarse al menos seis meses antes de las internas. El escenario actual refleja la situación con creces. El calendario electoral actual señala que el 18 de diciembre son las internas partidarias: a la larga campaña que definirá al candidato de la ANR a la presidencia de la República, prosiguen otros cuatro meses de intensa campaña hasta la elección presidencial misma (abril 2023). En este lapso, los colorados buscarán curar las heridas, reatar alianzas teniendo al Estado como botín. Cuando finalmente llega la fecha de las elecciones generales, elegidas las nuevas autoridades, quedan aún otros cuatro meses de indefinición y estancamiento hasta la fecha de asunción de las nuevas autoridades el 15 de agosto. Ese largo periodo de 4 meses es un tiempo perdido. La incertidumbre es el principal rasgo porque los funcionarios no se animan a tomar decisiones porque temen perder sus cargos o prefieren no comprometerse con proyectos que probablemente no tendrán continuidad en el nuevo gobierno, no importa si gana el mismo partido político. Es la parte más esquizofrénica de la historia. La prosecución de los planes no se da ni en los sucesivos gobiernos colorados. Aunque Ud. no lo crea, que ganen los mismos de siempre no es una garantía de estabilidad ni continuidad. Cuántos millones de dólares se pierden en estos procesos truncos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa asunción de la nueva administración tampoco activa automáticamente la maquinaria estatal. Lleva su tiempo acomodarse en el poder.
El Estado paraguayo se paraliza al menos un año desde el inicio de la disputa presidencial, hasta la asunción de los nuevos administradores.
LA ENFERMEDAD. El centro de la disputa se da en el Congreso. Allí surgen los proyectos más populistas con el objetivo de granjearse el apoyo de los votantes. Así, inventan privilegios insostenibles, ampliaciones presupuestarias sin el menor rigor técnico, en medio de un caos institucional donde ni siquiera se ponen de acuerdo los que gobiernan. Por dar un ejemplo: hace días, de la mano de los propios oficialistas, el Congreso aprobó la ley que deduce el 100% del impuesto al valor agregado (IVA) para los productos de la canasta básica, contra la desesperada opinión del Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto, en el Poder Ejecutivo, la campaña tiñe y altera toda la administración, empezando por el mismísimo presidente de la República, que disputa la titularidad de la ANR. En los ministerios se vive un tembladeral porque varios de sus titulares disputan cargos para el Congreso y sin ningún empacho usan y abusan del dinero público, convirtiéndolos en seccionales coloradas. Los funcionarios, algunos voluntarios y muchos obligados, participan de las actividades políticas porque en este país se sigue dependiendo del carnet partidario para obtener trabajo y permanecer en él. La lealtad se mide en función de compromiso partidario.
NI LA PANDEMIA. Tras la crisis sanitaria mundial del Covid-19 que impactó en todos los órdenes, especialmente en la economía con un fuerte impacto social, había una expectativa con respecto a la responsabilidad política de impulsar los proyectos para la recuperación económica.
Y aunque la pandemia elevó nuevamente la tasa de pobreza, hay retrasos en la implementación del sistema de protección social, cuya aprobación fue en el 2019 con el apunte de “prioridad nacional”.
Educación, ni hablar. Los niños y jóvenes perdieron dos años, ya irrecuperables, y ahora sectores religiosos ultraconservadores agitados por sectores políticos ponen trabas a la urgente reforma educativa.
Los diversos organismos multilaterales ven cómo los fondos crediticios por los que se pagan altos intereses se consumen en medio de la inacción y la paralización. Proyectos ejecutados a medias que ingresan al terreno de la incertidumbre porque nadie quiere asumir riesgos. Así se pierden oportunidades de desarrollo. Tanto o peor que el costo de la corrupción es el costo de la ineficiencia y la mediocridad.
Es cierto que este sombrío diagnóstico del Estado no es coyuntural sino estructural. Ineficiencia, corrupción, favoritismos políticos que entumecen los músculos institucionales existen siempre, pero estos daños se profundizan en tiempos electorales.
Este estado de paralización no solo afecta a las instituciones del Estado. Se traslada a las municipalidades y a las gobernaciones.
El Poder Judicial no se encuentra ajeno a esta contienda. Aquí se cuecen habas del tamaño de una sandía y las sentencias donde están involucrados los políticos están escritas con impunidad o venganza. La falta de independencia judicial pone en tela de juicio todos los procesos.
El Ministerio Público no disimula que es el vil instrumento de castigo o impunidad del internismo colorado.
La marcha del costoso e ineficiente Estado entró en punto muerto.
De más está decir que este país dará el salto el día que el Estado deje de ser patrimonio de un partido político y represente a todos los ciudadanos.