En contrapartida, perdió en dos juicios, uno que promovió la empresa Cimportex Paraguaya ICSA, vinculada a la familia Zapag, más de G. 10.500 millones; y en otro que no pudo cobrar por reaseguro, perdió G. 5.619 millones, los que suman más de G. 16.000 millones.
En el caso de los policías, la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes, rechazó la casación contra un fallo que admitió la reparación del daño por parte del Estado.
En el 2012, fueron condenados los ex policías Hermes García Balmaceda, a 9 años de reclusión; Carlos Sánchez Cano a 7 años; Juan Silverio Melgarejo, a 8 años; Francisco Benítez Figueredo y el comerciante Dionisio Sanabria, a 6 años.
Tras quedar firmes las penas, la Procuraduría General, entonces a cargo de Roberto Moreno, inició juicio indemnizatorio por parte del Estado Paraguayo, por la suma de G. 1.101.104.900, en contra de los condenados. En el 2016, los condenados, García Balmaceda y Melgarejo, devolvieron al Estado la suma de G. 440.441.960. Ahora, con el fallo de la Corte, se sumarán otros G. 660.662.940, lo que totalizará el monto reclamado.
LA CORTE. Ahora, los ministros de la Corte, con su resolución, ratifican el acuerdo y sentencia del 23 de marzo del 2018, del Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala.
Esta resolución, a su vez, confirmó lo resuelto el 2 de marzo del 2017, por el Tribunal de Sentencia que admitió la demanda del Estado contra Francisco Benítez Figueredo, por G. 660.662.940.
El fallo de la Corte estudia la casación promovida por el defensor Público, Diego Fabián Duarte, en representación del condenado ex policía Francisco Benítez Figueredo.
En forma unánime, dicen que la acción indemnizatoria es accesoria a la condena principal. Con ello, dicen que no es materia de estudio en casación. Así, ratifican el fallo.
PÉRDIDAS. A esta ganancia del Estado, tenemos también que en dos juicios perdió más de 16.000 millones de guaraníes.
En el primer caso, la Sala Constitucional Corte rechazó la acción de la Procuraduría contra dos fallos adversos para el Estado y el Instituto Forestal Nacional (Infona), favorables a la empresa Cimportex Paraguaya ICSA, vinculada a la familia Zapag.
En ese caso, el Estado perdió G. 10.504.032.185, hasta ahora, ya que los intereses suman en forma mensual.
A esto se suma el caso donde el Estado Paraguayo perdió la suma de G. 5.619.560.000 porque según los fallos judiciales, la demanda se presentó fuera de plazo por parte del ex procurador.
En este caso, la Sala Constitucional de la Corte rechazó in límine la acción del actual procurador Sergio Coscia, contra los dos fallos adversos donde se reclamaba la indemnización a la Comtecpar SA y El Comercio Paraguayo el 13 de marzo del 2015.
Condena por sobrefacturar carne de la Policía Nacional
Según la sentencia dictada en el juicio oral, los procesados, los comisarios y el civil, se comprobó que vendían carne que debía ser distribuida de forma gratuita a las comisarías del país.
El tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Gloria Hermosa, Sandra Farías y Héctor Capurro.
Fueron condenados los comisarios Hermes García Balmaceda, a 9 años de reclusión; Carlos Sánchez Cano a 7 años; Juan Silverio Melgarejo, a 8 años; Francisco Benítez Figueredo y el comerciante Dionisio Sanabria, a 6 años.
La condena fue apelada, pero el Tribunal de Apelación ratificó el fallo, y también la Sala Penal de la Corte. Así, la Procuraduría inició la acción indemnizatoria.
