Un nuevo escándalo, esta vez en el penal de máxima seguridad de Emboscada, nos remite a una situación que las autoridades no han podido resolver: la corrupción que permite el total descontrol dentro de las cárceles del sistema penitenciario. Resulta evidente que el crimen organizado ha tomado ventajas de las debilidades del Estado para posicionarse y tomar el control en los penales locales. El sistema de justicia es otro factor que colabora, creando las condiciones de hacinamiento, que son otro caldo de cultivo para la crisis.
Imágenes de circuito cerrado del sector de máxima seguridad de la Penitenciaría de Emboscada, exhibidas por el canal Telefuturo muestran la manera en que el Clan Rotela toma el control de dicha penitenciaría. El material muestra a integrantes del grupo criminal destrozando las cámaras de seguridad del pabellón, ante la presencia de agentes penitenciarios que no intervienen.
Además de las imágenes, fueron publicados unos audios que revelan una negociación entre un interno ligado al citado grupo con un agente penitenciario. En la conversación se los escucha buscando un acuerdo para no llegar a un motín dentro del penal de Emboscada, considerado de máxima seguridad.
El ahora ex director del penal de máxima seguridad Tomás Édgar Bolaños había reportado a sus superiores que agentes penitenciarios corruptos eran sobornados para hacer ingresar teléfonos celulares; señalaba que los delincuentes pagaban desde G. 3 millones a incluso 1.000 dólares, por hacer ingresar teléfonos a sus celdas, además de otro tipo de beneficios.
La nota había sido enviada el 14 de junio al director general de Establecimientos Penitenciarios y en ella también se agrega que, los funcionarios penitenciarios, que no accedían al soborno para cooperar con el grupo, eran amenazados.
Finalmente otro detalle. El anterior director había también advertido que los nuevos guardias formados especialmente para trabajar en la zona de máxima seguridad no tienen en realidad “la capacidad necesaria para el manejo de situaciones de crisis”, y que tienen miedo a realizar intervenciones.
Tras los hechos, y a pesar de las evidencias exhibidas con el video y los audios, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró que el control del penal de máxima seguridad de Emboscada nunca se perdió, y que los “inconvenientes” surgieron y van a seguir surgiendo porque se implementa un nuevo modelo, mientras que el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, admitió que hubo omisiones o relajamiento por parte de los agentes penitenciarios en cuanto a los protocolos.
La situación penitenciaria en el Paraguay es crítica.
Sin embargo, se debe reconocer que, las condiciones en las que se encuentran las cárceles del país es el resultado lógico de un proceso que se fue desarrollando y creciendo a lo largo de décadas de una ausencia total del Estado paraguayo.
El operativo Veneratio del 18 de diciembre pasado de 2023, llevado a cabo en el penal de Tacumbú, permitió la recuperación del dominio del penal de las manos del grupo Rotela, que utilizaba la prisión como un fuerte. Aquella operación dejó como resultado seis reclusos muertos y un agente policial, y supuso el traslado de 700 reos a otras penitenciarías del país.
La victoria sobre el grupo de delincuentes, sin embargo, parece haber durado poco.
No caben dudas de que uno de los puntales de este problema es el hacinamiento que se vive en las cárceles, por lo que la reforma o la transformación del sistema penitenciario debe ser una prioridad urgente y necesaria.
Los problemas del sistema penitenciario reflejan al mismo tiempo la crisis de infiltraciones de los grupos criminales en nuestras instituciones, los cuales han venido a ocupar el espacio cedido por el mismo Estado.
Finalmente, no se puede soslayar la necesidad de apurar el debate y el delineamiento de una política pública de prevención del delito, considerando la situación de saturación de la población carcelaria y la corrupción que sabotea toda reforma posible.
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