Muchas décadas han transcurrido desde que un joven Augusto Roa Bastos, quien daba sus primeros pasos como periodista, huía de lo que era nuestra primera redacción para protegerse de la acción de un grupo parapolicial denominado Guion Rojo, que atacó el diario y destruyó su imprenta. Años después, nuestras posturas periodísticas contra el régimen de Stroessner costaron el exilio a uno de los directores, la detención de otros y, posteriormente, incluso sufrimos una arbitraria suspensión por 30 días. Dentro de unas semanas, Última Hora cumplirá 50 años, un tiempo en el que acompañó a la ciudadanía y estuvo al servicio de sus lectores en los peores momentos de un gobierno autoritario que violó derechos humanos y restringió derechos y libertades. Hemos acompañado el retorno de la democracia en el Paraguay y hemos estado comprometidos con el convencimiento de que una prensa libre es el “perro guardián de la democracia”.
Por ese pasado de oprobio que no queremos que se repita, debemos expresar nuestra preocupación ante los últimos acontecimientos que han sido denunciados y nos ha puesto a nosotros y al colega diario ABC Color en el centro de un escándalo.
Los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez solicitaron una copia íntegra de la publicación periodística de ÚH de fecha 13 de mayo de 2022, cuyo título expresaba: “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Los funcionarios pidieron también datos de la persona encargada de la redacción del citado artículo. El oficio corresponde a una diligencia en la causa iniciada por el Ministerio Público tras la denuncia promovida por el ex presidente de la República Horacio Cartes, el pasado 31 de julio, acerca de una supuesta persecución política. El mismo oficio fue enviado al diario ABC.
Los agentes del Ministerio Público, tras los cuestionamientos emitieron un comunicado en el que reafirman la decisión de solicitar la identificación de periodistas que escribieron artículos periodísticos vinculados al ex presidente. Sostienen que el pedido se enmarca dentro de las normas y que no hay intenciones de amedrentamiento ni de violentar la libertad de prensa.
Como Última Hora no solamente creemos en el sistema democrático y en defender el Estado de derecho, sino que además tenemos el convencimiento de que sin una prensa libre no puede haber democracia. Reivindicamos el derecho a la libertad de expresión, pues somos conscientes de que como medio de comunicación a través nuestro la ciudadanía ejerce su derecho a estar informada.
La Constitución Nacional protege el ejercicio del periodismo, respalda nuestro trabajo y sabemos que las garantías constitucionales contenidas en los artículos 28 y 29 de la Carta Magna no son simples declaraciones, como tampoco los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando proclama que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; a investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Considerando esto y conociendo el pasado autoritario del país, la experiencia dictatorial y nuestra muy breve experiencia democrática expresamos la preocupación por el mensaje que subyace en el pedido que hemos recibido por parte de los fiscales. Es inaceptable cualquier intento de amedrentar a periodistas o medios de comunicación para informar de acuerdo con los intereses o antojos de intereses políticos y económicos o del poder de turno. Nosotros somos el perro guardián de la democracia; nuestro compromiso es con la ciudadanía, con nuestros lectores y con la democracia.