–¿Se violan derechos humanos en el caso de la mafia de los pagarés?
–Absolutamente. La violación de derechos humanos se da cuanto actúa el Estado por medio de sus funcionarios, ya sea haciendo algo; es decir, acción directa o no haciendo nada para evitar que ocurra, que sería omisión. En estos casos se utiliza el sistema judicial en coordinación o no –eso veremos luego de todas estas investigaciones penales, auditorias de gestión de la Corte Suprema de Justicia y desde la Comisión que creamos en el Senado– con estudios jurídicos, casas de cobranzas, que en forma abusiva ejecutan más de una vez un mismo pagaré o incluso fraguándolos. Todo esto violando las garantías judiciales y la protección judicial efectiva.
–¿Esto se da en todos los casos?
–Hay que separar de aquellos casos donde efectivamente hay una deuda impaga, se notifica al deudor y se cumple todo lo previsto en la ley antes de ejecutar un embargo de salario o jubilación, que también es una realidad, el alto grado de endeudamiento. Justamente para ser rigurosos y separar esos casos es que iniciamos este registro de casos.
–¿Cuáles podrían ser las medidas legislativas para solucionar el drama de las víctimas?
–Primero, tenemos que la regulación sobre el pagaré es absolutamente laxa, solo cuatro artículos hablan de ello en el Código Civil. No hay norma expresa que obligue a guardar las formalidades más mínimas en la ejecución; es decir, para el embargo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que no se realice una verificación previa del documento para evitar una doble ejecución? No puede ser que los juzgados no tengan una base de datos para verificarlo.
–¿Y los embargos que se dan en los juicios?
–Sí, los embargos judiciales son normalmente depositados en cuentas abiertas por orden en los propios jueces, donde los demandantes deben solicitar el retiro de los fondos. Se podría exigir la entrega del pagaré al momento del retiro de los fondos. También están las iniciativas respecto a las notificaciones electrónicas y, ya que lo mencionamos, por sobre todo digitalizar los juzgados de Paz es ahora absolutamente necesario para evitar estos abusos.
–¿Cree que hubo respuesta insuficiente de la Corte?
–Totalmente. La Corte no dijo nada que ya no sepamos. Si uno mira desde el punto estrictamente procesal, es lógico que las intervenciones en los casos deban hacerse en cada expediente, cada víctima. Pero aquí estamos ante un esquema criminal que tiene origen en el propio Poder Judicial o que al menos se sirve del sistema de justicia, con actores que, en teoría, son supervisados por la Corte. En resumen, el mensaje fue, véanse ustedes con sus abogados y recurran al mismo magistrado (que es parte del esquema) para que les solucione el problema. La víctima solicitando justicia al victimario. Un absurdo. Si la Corte de una vez no asume que son responsables, no serán capaces de pensar en respuestas extraordinarias para un escenario extraordinario o excepcional.
–La Corte Suprema señala que no pueden levantar los embargos en forma genérica ni anular juicios, ¿cómo harán ustedes desde el Legislativo?
–Esto guarda relación con la pregunta anterior. La que pensamos nunca fue una orden genérica de congelar todos los embargos. Para eso es que estamos conformando una base de datos identificando las causas. Lo nuestro está en identificar los casos en los cuales se haya violado el derecho a ejercer la defensa producto de las notificaciones voladoras, donde está el vicio de origen. A partir de ahí, requerir las auditorías de cada uno de esos expedientes a la Corte Suprema de Justicia. Esto no solo ocurre en los juzgados de la capital, ni tampoco únicamente en Juzgado de Paz, también está la Justicia Letrada y los Juzgados Civiles de primera instancia.
–¿Se plantea también algún cambio en la ley sobre los Juzgados de Paz?
–Estamos evaluando todas las opciones posibles, tanto legales como administrativas. Incluso leyes ordinarias y extraordinarias; es decir, temporales para abordar esta situación crítica. No descartamos ninguna posibilidad y vamos a invitar para escuchar las voces de abogados que están en el ejercicio de la profesión y de académicos al respecto.
–¿Proyectan modificar la legislación respecto a los juicios ejecutivos para evitar este tipo de casos?
–Es uno de los fines por los cuales fue conformada la comisión especial de investigación, específicamente en la instrumentalización del pagaré, la notificación y, sobre todo, la entrega del pagaré al deudo al momento de la cancelación de la deuda. Hay varias opciones, que el equipo técnico está elaborando. Igualmente, recibimos todas las sugerencias que sean de utilidad, ya sea de colegas, abogados o de litigantes independientes que conocen bien la problemática.
–¿Cree que la investigación fiscal abarcará a todos los responsables o solo a algunos de ellos?
–Nos gustaría que eso fuese así, pero abarcar a todos los responsables es algo utópico, ya que es una rosca muy antigua, los nuevos actores lo que hacen es subirse a este carrusel que ya estuvo girando cuando ellos llegaron, ¿cuántos años tienen los ujieres imputados? La jueza Cibils también es joven. Siempre habrá quién se salve, sobre todo porque cuentan con apoyos poderosos, pero eso no nos puede detener. Por lo menos, esperamos marcar con esto un antes y un después, y en el peor de los casos, nuestro legado será dejar una nueva normativa que eviten estos abusos en el futuro. Igualmente, pensamos llevar esto hasta abarcar a la mayor cantidad responsables posibles, ya que han causado mucho daño a la gente, sobre todo a los más humildes. Cuántos planes de vida arruinados por este esquema. Los testimonios desgarrados no nos pueden mantener indiferentes. Sobre todo, cuando quien más quien menos conoce a alguna víctima, si es que uno mismo no lo fue.
–Hay muchas víctimas.
–El impacto social de esta problemática no menor es que afecta de manera desproporcionada a mujeres trabajadoras, muchas de ellas jefas de hogar, constituyendo una forma de violencia económica e institucional. Hemos visto casos de madres solteras sin otro sustento que se han visto perjudicadas con este esquema, quedando en el más absoluto desamparo.
