La abogada y activista anticorrupción Teresa Flecha denuncia sin rodeos las irregularidades que se dan en los distintos ámbitos de poder, sobre todo político y judicial.
Viene denunciando varios hechos a lo largo de su carrera, como son los casos de nepotismo que se dan en ambas Cámaras del Congreso.
“El caso de los nepobabies es una muestra clara del sometimiento de las instituciones al poder de turno”, indicó, atendiendo a que de las más de 20 personas denunciadas solo se dio la imputación de dos diputados del PLRA y sus respectivos hijos por cobro indebido de honorarios.
“Considero sumamente deficiente la labor de los fiscales asignados a la causa, pero no me sorprende, ya que por los resultados que se tienen es obvio que direccionaron la investigación”, resaltó.
Teresa sostiene que el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, debe ser imputado porque es el responsable del pago. “¿Cómo explican la desestimación de la denuncia si existió cobro indebido por parte de los imputados?”, increpó.
Congreso
La abogada coincide con quienes afirman que “este es el peor Congreso de la era posstronista”.
Manifestó que es notorio el abuso constante de poder que ejercen los legisladores del oficialismo y aliados, al aprobar leyes específicas orientadas a perseguir a ciertos sectores como la ley de control a las ONG mientras que, por otro lado, aprueban leyes que sirven para beneficiar o encubrir sus actuaciones.
Puso como ejemplo de esa asimetría la ley contra el nepotismo, “a la que solo le agregaron un pequeño maquillaje, pero en realidad no aporta solución abriendo nuevamente el camino para que continúe el despilfarrando de fondos públicos en beneficio de sus allegados”.
Gobierno
Teresa Flecha sostiene que este es un “Gobierno improvisado, cargado de incoherencias y decisiones puramente emocionales, con un pésimo manejo de ciertos aspectos, como por ejemplo la política exterior del país”.
En ese sentido, considera peligrosas ciertas decisiones que adopta el presidente Santiago Peña “de manera irresponsable, sin medir las consecuencias”.
Mencionó que en el caso de la guerra entre Israel y Hamás, el Gobierno aprueba los ataques masivos de Israel en la Franja de Gaza, contrariamente en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que condena los ataques. “¿En qué quedamos?”, se preguntó.
Asimismo, manifestó que hay incoherencias en la actuación del primer mandatario.
Citó la indiferencia ante la problemática de los ganaderos que denuncian la manipulación del precio de la carne a la baja por parte de una multinacional. “En este caso, Peña sostiene que no puede intervenir en la fijación del precio, porque este debe ser el resultado del movimiento del mercado, pero contrariamente interviene en la fijación del precio del combustible. “No se indigna por el comportamiento de la multinacional como sí se indignó y se rasgó las vestiduras en defensa de Tabesa”, indicó. “Paraguay es un Estado social de derecho y su economía debe estar orientada en dicho contexto. La posición de dominio de un grupo determinado debe ser frenada”, aseveró.
Incidencia de Cartes
Al ser consultada si hay incidencia de Horacio Cartes en el Gobierno, dijo que “no es solamente una incidencia”.
”Creo que va más allá. Es un sometimiento de los poderes del Estado al servicio de un oscuro personaje. Eso se evidenció claramente con la reacción que tuvo Santiago Peña, ante el anuncio del embajador norteamericano con relación a las sanciones impuestas a Horacio Cartes, apoyado y vitoreado por los legisladores del cartismo”, expresó.
Señaló que los cartistas “confundieron de manera imperdonable los intereses de un particular con los de la nación. Diferente hubiera sido si se tratase de Itaipú, Yacyretá u otro órgano o recurso del Estado paraguayo”. Apuntó que el embajador Marc Ostfield no violó en ningún momento la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, al contrario, fue claro al expresar que la medida adoptada por su Gobierno era en defensa de los intereses de su nación, función establecida en el artículo tercero inciso b) de la mencionada Convención. “Por su parte el Gobierno norteamericano NO solo NO “aceleró” la salida de Ostfield sino que anunció que la llegada de su reemplazante llevaría un tiempo largo, colocándolo en el ridículo total”, dijo recordando que el Gobierno cortó vínculos con el embajador porque el cartismo considera que Ostfiel “politizó y mediatizó”, las nuevas sanciones sobre Tabesa.
Caso Senad-DEA
Destacó que la interrupción del convenio de la DEA con la Senad es una grave equivocación que no solo revela negligencia en la actuación del titular de la Senad, Jalil Rachid, “sino que podríamos estar ante un hecho punible de sabotaje tipificado en el artículo 274 del Código Penal vigente, ya que al ser el cabecilla de la institución sustrajo al órgano de su finalidad relacionada a la seguridad de nuestro país al dar por terminada la cooperación firmada con la DEA en base a una decisión unilateral”. Agregó que se debe tener en cuenta que si bien el Gobierno se retractó de su mala decisión, la DEA aún no ha respondido oficialmente a esa última nota, por lo que se entiende que sigue vigente la retirada de la administración.
Copamiento
También reflexionó sobre el copamiento por parte de un solo sector en los poderes del Estado. “Ese copamiento obedece a un plan bien estructurado y orientado para acumular y monopolizar el poder en todos los estamentos. No es casualidad que hayan modificado el Reglamento Interno para extender el mandato del actual presidente del Congreso hasta junio del 2027. Tampoco es cuestión de simple deseo de permanecer en el cargo. Lo hicieron siguiendo el libreto que tienen diseñado. De esta manera mañana podrán decidir quién vive y quién muere”, acotó.
“Califico a este sector como un grupo voraz, inescrupuloso y perverso”, dijo, y advirtió que si continúa esta situación y los ciudadanos “no nos ponemos de acuerdo y no reaccionamos podemos correr la misma suerte que los venezolanos. Incluso peor teniendo en cuenta la seguidilla de malas decisiones que viene adoptando Santiago Peña en cuanto a la política exterior”.
Justicia
“El Poder Judicial desde hace varios años viene implementando reformas estructurales con el objetivo de optimizar y mejorar la administración de justicia, sin embargo, en la práctica ninguna de éstas medidas han logrado mejorar la calidad del trabajo que realiza, ni ha resuelto la problemática fundamental del impedimento en el acceso a la justicia”, reflexionó.
Además, precisó que los “principios que rigen a este poder del Estado están en decadencia, por ejemplo, “existen ministros que pertenecen a la masonería, lo cual no puede ser, ya que el órgano queda expuesto a la manipulación de intereses egoístas y no precisamente a la buena administración de justicia”.
