Cecilia Colinas
La ex ministra de Justicia Cecilia Pérez aborda las implicancias de la crisis generada con la interrupción de la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) a iniciativa de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Sostuvo que las decisiones recientes favorecen al crimen organizado y el mensaje que se envía desde Paraguay debilita la lucha contra el crimen organizado, afectando también a países vecinos como Brasil.
–¿Cómo evalúa usted la decisión inicial de retirar la cooperación con la DEA y el posterior retroceso? Actualmente, la DEA está solicitando un inventario para retirarse definitivamente del país.
–Claramente, deberíamos mirar la visión de Paraguay hacia el mundo. No podemos considerar esta situación como algo aislado. Si bien esta es una cuestión que genera una verdadera crisis, ya tuvimos un episodio al inicio del gobierno con el convenio de la Unión Europea relacionado con la transformación educativa. Esa revocación generó consecuencias políticas porque hubo un recorte en el aporte de la Unión Europea, impactando negativamente en los niños, contradiciendo el eslogan del gobierno de “Dios, Patria y Familia”. Ese fue el primer conflicto público y político que impactó nuestras relaciones internacionales. En ese caso, se intentó revocar una decisión que requería un procedimiento constitucional mediante una ley, lo que resultó en el retroceso y afectó el aporte de la Unión Europea.
Esto es un claro ejemplo de contradicción en el manejo de las relaciones internacionales. Y contradice la imagen del presidente de la República, quien está más tiempo en el exterior que en el país, promocionando al Paraguay en el exterior destacando su estabilidad macroeconómica y grado de inversión. Internamente, se observan conductas autoritarias y retrocesos en democracia y Estado de derecho. Llegamos al punto de que, en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional vinculada a la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que es trasnacional, resulta que tenemos casos que han generado importantes consecuencias y que políticamente molestan.
–¿Resultará complicado restablecer la confianza de la DEA para retener la cooperación?
–Nosotros no sabemos cuál es la respuesta del Gobierno norteamericano y de la DEA en este escenario.
Hay una cuestión muy importante que nos pone en una situación extremadamente vergonzosa y aldeana, porque es un criterio pueblerino pensar que, como sucede en Paraguay, no pasa nada: Quien pierde las elecciones carga con la idea de que todo lo que hizo estuvo mal, y quien gana debe destruir todo lo que hizo el gobierno anterior. Hasta ahora no saben cómo administrar el Estado, cómo manejar las instituciones que les toca dirigir, como en el caso de la Senad donde ni siquiera saben qué papeles hay en la institución o cuáles son los parámetros de los convenios que están ejecutando. Esto demuestra una falta de preparación alarmante.
–¿Qué implicancias tiene esta postura respecto a la DEA y la lucha contra el narcotráfico?
–Cada retraso en las investigaciones y operativos planificados representa un día más que ellos ganan. Paraguay envía ese mensaje al crimen organizado y a otros países involucrados en la lucha contra las drogas y la criminalidad afectando también a países vecinos como Brasil, que expresó: “Estamos en alerta porque esta decisión es peligrosa”.
–¿Cuál fue la relevancia de A Ultranza?
–A Ultranza es un procedimiento que surge a partir de un operativo importante realizado con la Senad y con una cooperación internacional, habiendo ocupado justamente la DEA junto con la Europol y la Policía uruguaya, y que generó sus consecuencias. Hoy tiene un resultado evidente de cómo operaba el narcotráfico dentro de la política. A Ultranza es el procedimiento más emblemático en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el lavado de dinero que afecta directamente a la economía de cualquier país, y en este caso, de la región.
–¿Qué consecuencias tiene el copamiento de los órganos de Justicia para la efectividad de las investigaciones del crimen organizado?
–Aquí hay que tener en cuenta que el trabajo no es solamente de seguridad. Se puede hacer un enfoque preventivo. La información de inteligencia es clave para tomar medidas antes de que las cosas sucedan, pero también se tiene que entender como parte de un todo. Estos convenios de cooperación incluyen a organismos del sistema de Justicia, como la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Quedarse con la información en los operativos no le sirve a nadie, porque desde la decisión de tomar intervención o realizar intervenciones, por ejemplo, las intercepciones telefónicas, se hacen con orden judicial, y esa es una decisión que el Código explica que tiene que ser fundada. La información que surge de la investigación con la cooperación internacional, sea cual sea, tiene que derivar en la Fiscalía, y esta para llevarlo al juzgado y conseguir un resultado y avanzar en la investigación, debe fundar su decisión. Vemos que si en las líneas de trabajo y en las distintas etapas del procedimiento hay falencias en los avances, uno tiene que analizar por qué y cómo. Cada decisión que favorezca al crimen organizado y al narcotráfico debe necesariamente tener un resultado en la investigación de los organismos correspondientes. En este caso, en el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura deben considerar los antecedentes al decidir volver a poner a estas personas en su cargo o tener en cuenta su desempeño en el mismo, especialmente si desean permanecer o ascender.
–Por otro lado, la ciudadanía vive en zozobra por la inseguridad y en ese sentido, ¿cómo ve la gestión del ministro del Interior, Enrique Riera?
–La inseguridad ciudadana es un concepto bastante amplio y multifactorial, que se debe trabajar de una manera coordinada.
Se tiene que trabajar en todos los ámbitos, los factores que generan, mapear las zonas consideradas rojas, pero también se tiene que trabajar en contra de la corrupción.
En ese punto, yo tengo mis serias dudas, sobre establecer como causa de la corrupción el hecho de tener dos familias (expresiones del ministro Riera). Con ese criterio, todos los cargos que generan estrés tienen que llevar a una doble vida. Es un criterio desacertado y es un mal enfoque en relación con la corrupción policial.
–¿Cómo ve la gestión del Congreso que está altamente cuestionada por la falta de debate y de rigurosidad a la hora de aprobar leyes?
–Realmente es lamentable. La mayoría de las leyes que se aprueban, se hacen sin debate, sin análisis. No se tiene en cuenta el efecto que van a tener esas leyes. Un ejemplo es el proyecto de ley de la Policía, al que se le iba a dar un tratamiento de Código. Sin embargo, se aprobaron los artículos a libro cerrado, porque no quieren que se discuta ni que se debata absolutamente nada de lo que se plantea desde el oficialismo. Estamos ante un Parlamento donde no se parla, donde no se debate nada. Realmente no hay rigurosidad y no hay un análisis basado en datos específicos a partir de los cuales se hacen los planteamientos, ni tampoco se ve una proyección de las leyes que se dictan. También vemos cómo hay mudanzas estafando a los electores, porque hay personas que han sido electas por un discurso y finalmente terminan haciendo absolutamente lo contrario.
