“Estos chats desnudan la realidad de la administración de Justicia”

Raúl Ramírez Bogado
@Raulramirezpy

El Dr. Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), habla de la situación de los magistrados ante los chats, las presiones que reciben y la falta de una reforma judicial a través de ley de carrera judicial.

–Como titular de la AJP, ¿cómo ve la situación de los jueces con los cuestionamientos por los chats que salieron a la luz?

–Sí, siempre es una preocupación que nosotros ya hemos advertido. No es una cosa nueva. En el 2017, también la prensa se hizo eco sobre los audios del Jurado de Enjuiciamiento. A raíz de eso y, por la situación de la administración de Justicia en nuestro país, hemos convocado una histórica convención donde asumimos una dura autocrítica ante la ciudadanía. Donde nos comprometimos a combatir los males de la Justicia, la mora, la corrupción, la falta de transparencia, la conducta ética y profesional del juez. Entonces, no defendemos a los jueces que se apartan ostensiblemente de su función. Inclusive tenemos sanciones en su calidad de asociados a los que han cometido cierta inconducta en la función. Por eso que estos chats, como bien lo señalás, desnudan la realidad de la administración de Justicia. Hay injerencia política, económica, mediática porque no hay una independencia.

–Falta independencia.

–El juez que no tiene una estabilidad laboral que es fundamental porque un juez móvil es un juez presionado. Un magistrado con baja remuneración, no por el salario, sino por la responsabilidad es también vulnerable. Entonces, si esos presupuestos básicos, fundamentales, no se le dan al juez para administrar recta justicia conforme con la normativa legal y constitucional, que es su deber, pero también el juez debe munirse también de otros atributos que den garantía a la ciudadanía cumpliendo su deber, delicado por cierto, con responsabilidad, con una conducta ética, una conducta sujeta ahora o por lo menos la probidad que debe tener un ser humano, una persona. El coraje y la valentía. No es fácil. Hago esta acotación porque existe jueces realmente comprometidos. Cumplen su función con honestidad. Sin ponerme como ejemplo, hace 35 años que soy juez. He administrado justicia en la frontera, en Amambay, en Pedro Juan Caballero por 7 años. También en la circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro por más de 4 años. Y actualmente como miembro del Tribunal Segunda Sala Penal. No tengo ningún apercibimiento. Ninguna sanción. Y así también hay varios jueces comprometidos. Nosotros alzamos nuestra voz ante estas situaciones y abogamos por una ley de carrera judicial.

–¿Cómo se da esa presión?

–La injerencia en nuestro país es de todo tipo. El juez está sujeto a que debe ser confirmado cada 5 años. Y la conformación del Consejo de la Magistratura. Un órgano extrapoder con un fin altruista, por cierto, pero integrado por mayoría política, donde uno rinde cuenta de la actuación que cumplió en esos 5 años. En la valoración de su gestión mal podía ser valorado por el Consejo de la Magistratura porque no es un órgano que conoce el trabajo del juez. Debería ser la Corte. Por ahí el primer inconveniente, inestabilidad. Entonces fácilmente hay presión. Llamados de políticos, también ofrecimiento económico. El caso de los jueces de Paz, no podemos decir que es una cuestión política. El tema de los pagarés. Es una cuestión económica y es vulnerable el sistema evidentemente por falta de una consolidación, vamos a llamarlo así, de la independencia del Poder Judicial, con reglas claras que debe funcionar los órganos de control. La auditoría de la Corte, el Jurado de Enjuiciamiento para tratar de depurar. Y la presión mediática también porque por las publicaciones es que, a veces, la duda que se instala a nivel de la opinión con respecto a ciertas actuaciones de jueces o cuando se maneja una causa que tiene un interés en impacto social. Y esa presión viene justamente por la falta de confianza. La falta de seguridad jurídica. Tenemos tratar de trabajar por una seguridad jurídica. Para eso tenemos que dar señales claras. Aquella vez, nosotros hicimos un mea culpa a la ciudadanía porque hay una desconfianza total con la administración de justicia y la figura juez.

–Hay desconfianza.

–La figura del juez está desgastada. Nadie confía en su juez. Y debería ser el último refugio de un ciudadano cuando uno tiene problemas a quién recurrir al magistrado para tratar de enmendar un hecho, una realidad, ya sea en la área Penal o Civil. Cuando se violenta un derecho o cuando se comete un hecho punible, lo que se busca es justicia. Por eso hay un reclamo general de la ciudadanía por los resultados que nosotros estamos dando a la sociedad y ahí viene la desconfianza. Entonces, definitivamente, creo que la clase política en cumplimiento de la normativa constitucional artículo tercero que debe trabajar de forma coordinada, control recíproco, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y trabajar sobre una reforma judicial.

–¿Cuál es la solución?

–Creemos que la ley de carrera judicial va a traer tranquilidad para los que puedan ingresar por sus méritos a la administración de justicia, la permanencia, la confirmación, los ascensos. Entonces, hoy el Consejo de la Magistratura se rige por reglamentos y cada cambio de integrante un nuevo reglamento va a someterse. Entonces, la inseguridad en la función que no es un motivo por cierto, pero sí permite que sea vulnerable.

–¿Reciben denuncias sobre estas presiones?

–Generalmente, como el sistema no permite transparencia rara vez se hacen. Instamos a los colegas que hagan la denuncia. Si recibe un llamado de un miembro del Jurado, un miembro del Consejo de la Magistratura o un actor político o un ministro de la Corte o un ofrecimiento económico, denunciar por la vía pertinente. Hay pocos casos. No sé si eso es temor o miedo. Porque si el juez tiene miedo, los vecinos no pueden dormir tranquilos como siempre se dice. Así que se necesita también coraje, valentía. Hay entrega de jueces a la función. Así como también hay corrupción que no tapamos nosotros, y que nos comprometimos ante la ciudadanía.

–Ante estas situaciones, ¿cómo quedan ante la opinión pública?

–Y ese es un deber, pero nosotros como asociación no actuamos corporativamente, no somos sindicato. Defendemos los principios y los ideales de una justicia independiente y eso no es un reclamo de hoy, sino de años. Y hemos hecho pronunciamiento 2017. En el 2021, instalamos la ley de carrera judicial que fue retirado por presión política y jurídica, judicial, vamos a decir.

–¿Quién presionó?

–Y a través de la opinión pública, de los propios jueces. Algunos jueces se opusieron y sin entrar a debatirse ese proyecto, tuvimos que retirar con el compromiso de que la Corte Suprema de Justicia estaría elaborando un proyecto que también ha estado más de 2 años y no hay respuesta. Y hoy hay un clamor general sobre la falta de independencia, entonces creo que el primer paso que hay que dar para la reforma judicial es una ley de carrera judicial conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Y en más de 30 años no tenemos una ley clara.