19 sept. 2024

Estudio jurídico devela inconsistencias de la “Comisión Garrote”

En respuesta a una solicitud de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), un estudio jurídico trató de ignorantes a sus miembros al cuestionar la solicitud que va en contra de varias normativas. Además, no descartaron la posibilidad de tomar acciones judiciales.

Gustavo Leite y Dionisio Amarilla - CBI

Los senadores Gustavo Leite y Dionisio Amarilla integran la Comisión Bicameral de Investigación.

Foto: Gentileza.

En el marco de sus investigaciones, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que realiza sus sesiones de modo reservado, solicitó informes al estudio jurídico Colab Abogados, que contestó con una nota en la que criticaron el actuar de la Comisión al referir sobre las inconsistencias legales de su actuar, además de cuestionar la idoneidad y capacidad de sus miembros.

“Abrazando conductas jacobinas, inspirándose en el mismo Torquemada, circularon notas a diferentes organizaciones pidiendo rendiciones de cuenta bajo una denominación rimbombante, pero peculiar”, se lee en el documento presentado por el estudio jurídico.

En el texto, señalaron que no se pueden imaginar “cómo un proyecto para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción, financiado con fondos del Gobierno de Estados Unidos de América, puede estar relacionado con una Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos”.

El estudio jurídico trabaja en una serie de proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), institución que financia diversos programas en el país desde hace varios años, según detalló la periodista Rocio Pereira Da Costa.

Asimismo, Colab Abogados trabaja en un proyecto de fortalecimiento del sistema judicial y cuestiona qué relación tendría esto con el lavado de activos y, de igual manera, qué atribuciones tiene la comisión para realizar ese tipo de requerimientos.

Asimismo, el estudio jurídico afirmó que sería un delito responder a la solicitud de la comisión, puesto que presta un servicio particular de una organización con fines de lucro que no tiene relación con una organización sin fines de lucro y, por lo tanto, existe de por medio un secreto profesional resguardado por el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Acciones legales

En un fragmento de la nota de cinco páginas de extensión informaron que una copia de esa presentación se remite al Colegio de Abogados, para que tome nota del “ataque a la institución sagrada del secreto profesional del abogado”; además, a la Corte Suprema de Justicia para que también tome nota del pedido y “actúe en consecuencia”, y a la Embajada de Estados Unidos de América, “por cortesía de que estén enterados de estos pedidos”.

“Nos reservamos el derecho de denunciar penalmente a los integrantes de la Comisión Bicameral por instigación a cometer delitos (revelación de carácter profesional artículo 147 del Código Penal y concordantes), posible atentado contra el orden”, advirtieron en el documento.

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Igualmente, en el documento indicaron que con el “ulterior objetivo de salvaguardar nuestro Estado de derecho y democracia”, pidieron la renuncia de los integrantes de la comisión a sus bancas legislativas “porque es una tremenda pena que gente no cualificada esté sentándose en tan prestigioso lugar”.

“La ignorancia mezclada con poder es la fórmula perfecta para dinamitar las instituciones republicanas sobre las cuales está fundada nuestra democracia. Si le agregamos a esta fórmula astucia, prepotencia, populismo y teorías de conspiración, entonces estamos comenzando el camino sinuoso hacia una autocracia”, expresaron en el documento firmado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown y Mauricio Salgueiro.

Amarilla alega supuesto intento de “relativizar la soberanía paraguaya”

Por su parte, el presidente de la CBI, senador Dionisio Amarilla, señaló que existen sospechas de injerencia para afectar a ciertas personas, además de un supuesto intento de relativizar la soberanía paraguaya.

“USD 500.000 para nosotros es mucha plata, no sé para ustedes si es poco o mucho, pero se niegan a entregar los papeles”, señaló Amarilla.

Asimismo, señaló que van a someter la respuesta recibida a debate en la comisión y, si la mayoría lo decide, van a recurrir ante las instancias jurisdiccionales tal como les faculta la Ley 137/93, para pedir el concurso de una autoridad jurisdiccional que les provea los documentos.

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“A mí, en particular, no me va a temblar el pulso en ejecutar las decisiones que se tomen en el seno de la comisión bicameral de ilícitos. Ya vieron luego que las tapas de diario no me asustan”, expresó el legislador.

Además, señaló que van a pasar por alto los insultos manifestados en la nota, porque “tal vez quieren que nosotros caigamos en ese juego bastardo, cosa que no va a suceder”.

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