El análisis de la política fiscal y del gasto público en particular de las dos últimas décadas nos deja, generalmente, con la sensación de que estamos haciendo las cosas mal. Eso es verdad, pero en parte, por lo que es necesario contextualizar y analizar con detenimiento los avances pasados y los desafíos futuros.
En primer lugar es importante señalar que el Presupuesto creció pero también somos más y con una estructura demográfica cambiante. En 2000, la población era de 5.300.000 y pasamos a ser 7.350.000. Es decir, somos 2.000.000 de personas más. Al inicio del periodo la población de 60 años o más representaba el 7,0% y para 2021 pasó al 10,2%, aumentó de 370.000 personas a 750.000. Este cambio no es menor, ya que el envejecimiento por ejemplo conlleva mayores costos públicos en salud por el perfil epidemiológico. Una parte de estas personas mayores hoy viven mejor gracias a la pensión alimentaria. Nadie con un mínimo de sensibilidad podría poner en duda el rol del Estado en la calidad de vida de quienes hicieron posible nuestra existencia y el crecimiento de nuestro país.
Pero el aumento de la población no es solo un dato demográfico. También implica cambios culturales. Han pasado 20 años y las aspiraciones son otras. A inicios de este siglo las presiones por la digitalización eran menores. Quién iba a imaginarse que la universidad podría continuar dando clases durante la peor pandemia de los últimos 100 años.
Los cambios culturales implicaron la valorización de las demandas de colectivos particulares. El Estado hoy cuenta con servicios de atención especializada a niños con autismo, realiza trasplantes, fomenta la investigación, mantiene parques, incentiva a atletas de alto rendimiento, entre muchas otras acciones que benefician de manera directa a grupos pequeños, pero indirecta al resto del país.
La pobreza monetaria y multidimensional que a inicios de siglo afectaban a más de la mitad de la población, actualmente afectan a un cuarto. Hoy las vidas de miles de niños, niñas y adolescentes mejoraron gracias al avance de los servicios públicos como el agua. Solo un tercio de la población rural tenía acceso a agua en red, esta proporción se elevó a más del 80%, cobertura que ya disfrutaba el sector urbano desde el siglo pasado. Que nosotros en el sector urbano no hayamos sentido la diferencia no significa que el Presupuesto no haya sido útil.
Una situación similar ocurre con la mortalidad materna. Quienes viven en ciudades y son del quintil de ingresos más altos es muy difícil que conozcan una muerte materna cercana; sin embargo, en los últimos 20 años la mortalidad materna bajó de 174 a 79 mujeres por 1.000 nacidos vivos. Hoy mueren menos de la mitad que hace 20 años.
Esto no significa que no debamos preocuparnos por la eficiencia. Paraguay tiene espacio para mejorar la gestión de los recursos públicos. La ausencia de carrera del servicio civil, la corrupción, la debilidad institucional, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y la falta de competencia y concentración de proveedores del Estado hacen que tengamos menores resultados que los esperados.
Las responsabilidades son compartidas. Por un lado la mala gestión pública no contribuye a la provisión de servicios públicos de calidad. Por otro lado, el sector privado aprovecha las fallas del mercado y del Estado para entregar productos de mala calidad y venderle a precios sobrefacturados. En el área de salud, alrededor del 80% de los contratos se concentra en 5 o 6 empresas. En las construcciones, las mismas empresas son fiscalizadoras y proveedoras, siendo claros ejemplos de conflicto de interés.
Hay mucho por debatir en materia de política fiscal y debemos hacerlo con racionalidad y sin generalizaciones que terminan invisibilizando logros y obstaculizando un diálogo constructivo y pragmático sobre los cambios necesarios.