Una vez más se posterga el juzgamiento del ex ministro de Educación, Luis Alberto Riart, quien estuvo al frente de la cartera de Estado durante el gobierno de Fernando Lugo y que está acusado por lesión de confianza. Esta vez el que logró la postergación fue Luis Fretes Prieto, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), quien cambió de abogado ayer.
Fretes estaba representado legalmente por los abogados Carmelo Caballero, José Almada y Osvaldo Bittar; sin embargo, revocó el poder de los tres y designó como su nuevo defensor al letrado Carlos Sánchez, quien además indicó al Tribunal de Sentencia que había extraviado su matrícula.
Esta es la cuarta vez que se suspende el juzgamiento del ex ministro Riart y los funcionarios del MEC Fretes, Marcos Ferreira, ex asesor jurídico del Ministerio de Educación, y José Albino López Pistilli, director general de Administración y Finanzas.
ARRESTADO. Tras la jugada realizada por Fretes para suspender el inicio del juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia, integrado por Nilda Giménez, Gloria Hermosa y Alba González, determinó levantarle las medidas cautelares al acusado y ordenó que permanezca privado de libertad en la Comisaría Primera de Asunción hasta que se inicie el juzgamiento.
La medida fue adoptada por supuestamente intentar no someterse a la Justicia. Finalmente, el Tribunal de Sentencia convocó nuevamente a los acusados para el jueves 19 de octubre de 2017, y que finalmente el juicio se inicie a las 11.00 de la mañana.
INVESTIGACIÓN. Los agentes fiscales Josefina Aghemo y José Dos Santos, de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, acusaron al ex ministro y sus funcionarios claves por una supuesta lesión de confianza en la compra de un edificio que está situado sobre Benjamín Constant esquina 15 de Agosto, en pleno microcentro de la ciudad de Asunción.
La compra la realizó el MEC en el 2009 y de acuerdo a la Fiscalía se pagó la suma de G. 14.000 millones (unos USD 2,6 millones).
Los agentes de la unidad fiscal Anticorrupción sostienen que existió un pago superior en G. 1.500 millones de lo que en realidad valía el inmueble, que hoy está abandonado y funciona como aguantadero.