Desde hace días se inició un fuego cruzado entre las autoridades del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio, la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), Emilio Fuster y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, todos ellos ex fiscales anticorrupción, contra el Ministerio Público ante una supuesta complicidad en hechos de contrabando que involucra al ex presidente Horacio Cartes.
El primero en salir al frente fue Giuzzio, quien realizó una denuncia a medios de comunicación y posteriormente la formalizó en el Congreso Nacional, dejando al desnudo un presunto esquema liderado por Cartes de quien dijo que tiene un nivel de criminalidad mayor al de Pablo Escobar, el mafioso colombiano.
A pesar de las proporciones de la denuncia, el ministro del Interior, además de hacer público el supuesto esquema liderado por el caudillo del movimiento Honor Colorado, presentó los documentos a la Seprelad, ante una desconfianza hacia el Ministerio Público.
La denuncia es por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Incluso, el alto funcionario acusó a Cartes de ser el responsable del contrabando de cigarrillos y hasta de tener vínculos con grupos criminales para llegar a otros países donde los narcotraficantes lideran.
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Todo este episodio mediático se dio en medio de una amenaza de juicio político a Giuzzio, tras el trágico concierto Ja’umina, donde fueron asesinados la influencer Cristina Aranda y el supuesto narco Marcos Rojas; y en donde también fueron heridas otras cinco personas. El caso tiene como trasfondo una deuda en las filas del Primer Comando Capital (PCC) y la corrupción policial.
Sin embargo, la denuncia de Giuzzio ante los congresistas sirvió como jugada para salvarse de la destitución y posicionar a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez en la mira de un juicio político, que es apoyado por el oficialismo y los partidos de la oposición, quienes ya se encuentran trabajando en un libelo acusatorio, pero que aún no se sabe si tendrá los votos necesarios para la expulsión.
Fuster y Arregui se suben al tren de denuncias
A este escenario, se sumó Emilio Fuster, titular de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), quien afirmó ayer que en el 2018 solicitó al Ministerio Público el allanamiento de varias tabacaleras, pero que hasta el momento no tuvo respuesta.
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El pedido, según afirmó, se dio tras el decomiso de una importante carga de cigarrillos en campamentos clandestinos ubicados en la localidad de Salto del Guairá.
El otro operativo fue en febrero del 2020 a orillas del lago Itaipú, en la zona de colonia Camino 3, en Salto del Guairá, con la ayuda de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde se incautaron de 40 millones de cajetillas, la mayoría de los cigarrillos de la Tabacalera del Este, propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes.
Fuster había afirmado, en comunicación con Monumental 1080 AM, el pasado 8 de febrero, que el 95% de las cajetillas incautadas pertenecen a la empresa del líder del movimiento Honor Colorado.
Por su parte, Carlos Arregui, titular de la Seprelad, también se subió al tren de denuncias y mencionó que la investigación de la denuncia al ex presidente de la República Horacio Cartes realizada por Giuzzio es un caso de la categoría “alta importancia”.
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Señaló que todos los elementos recabados hasta el momento fueron sometidos al área de inteligencia. En este caso, fue debatido si la Seprelad puede iniciar investigaciones por denuncias de terceros, los abogados defensores de Cartes solicitaron que sea el Ministerio Público el encargado de realizar la investigación.
No obstante, Arregui dijo que la tarea de la institución a su cargo es analizar su denuncia. “Todo lo que es pertinente y se encuentre en la competencia de la Seprelad lo vamos a desarrollar y, seguramente, el Ministerio Público tomará nota de esto”, había manifestado en su momento.
Fiscalía reacciona con anuncio de investigaciones
Luego del descargo de Giuzzio, varios senadores salieron al paso para cuestionar que la Fiscalía cajoneó la denuncia presentada por la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados, en el cual vinculaban a Cartes en operaciones financieras dudosas.
Ante esta situación hablaron de una posible parcialidad de Quiñónez a favor del cartismo y con el transcurrir de los días, la idea de enjuiciar a la fiscala general tocó las puertas de la Cámara de Diputados, donde las multibancadas y los diputados de Colorado Añetete anunciaron su apoyo por “falta de confianza a la alta funcionaria”.
Por su parte, Quiñónez anunció la apertura de una investigación contra el ex mandatario y solicitó a la Seprelad que remitiera todos los documentos con los que contaba.
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Sin embargo, esta medida no desactivó la amenaza de un juicio político y se espera que en los próximos días los diputados presenten el libelo acusatorio que debe aprobarse por la Cámara Baja.
En contrapartida, los diputados de Honor Colorado salieron a respaldar a Quiñónez y anunciaron que no apoyarían un juicio político atendiendo a que esto podría debilitar aún más a la institución. Argumentaron que todas estas acusaciones forman parte de una interna política de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de cara a las elecciones internas para elegir al próximo candidato a presidente de la República por el Partido Colorado.
Hasta el momento aún es incierta la cantidad de votos que se tienen a favor de la destitución. Serían los diputados llanistas los que tendrían la última decisión.
Desmienten acusaciones
Tras conocerse la versión de Fuster, la Fiscalía emitió un furibundo comunicado para rechazar “las falsas expresiones” del ministro sobre complicidad en hechos de contrabando y en las demoras del Ministerio Público para allanar tabacaleras.
“Procesos administrativos de control y fiscalización (de contrabando) son atribuciones de la Secretaría a su cargo. La causa a la que hace referencia tiene condena y comiso histórico”, señalaron en su escrito.
La Fiscalía aseguró que se trata de un caso que ya fue elevado a juicio oral por el Ministerio Público por los fiscales María Estefanía González y Diego Zilbervarg en tiempo récord y obtuvieron una condena.
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“El ministro Fuster no solo ha faltado a la verdad, también realiza declaraciones sin fundamentos jurídicos y objetivos, pretendiendo atribuir al Ministerio Público la responsabilidad del contrabando de cigarrillos con una tesis construida con base en una falsa teoría”, aseveraron.
Finalmente, expusieron que con la misma teoría se podría inferir que la cartera anticontrabando es cómplice directa de todos los hechos de contrabando de gran escala y de hormiga, en atención a que el control preventivo de productos, como tomates, carnes, quesos y otros, es una responsabilidad a cargo de esa cartera de Estado y, sin embargo, los productos ingresan hasta la capital del país, lo cual queda evidenciado en las intervenciones que realiza el Ministerio Público en diversos allanamientos.
La fiscala María Estefanía González, que llevó la causa de una megaincautación de cigarrillos en el 2018, también salió al paso y argumentó que “él (Fuster) solo pedía allanar la tabacalera de Cartes”. Dijo que los verdaderos dueños están siendo procesados de la carga de contrabando y que hay personas sentenciadas en la causa.
“El Ministerio Público tiene que ser objetivo. Esa causa tiene una condena. Los dueños están siendo procesados. Pero que no quiera ensuciar mi trabajo o que no me quiera utilizar a mí para salir en los periódicos”, apuntó.
Si bien la investigación ya se abrió en Paraguay, las escandalosas denuncias contra Horacio Cartes llamaron la atención de autoridades internacionales como EEUU y Brasil. Esto además de una investigación contra el empresario y político que ya está en proceso en Panamá.
