05 oct. 2024

Ex funcionario demanda a ministros de la Corte tras ser acusado de planillero

Un ex funcionario judicial demandó a tres ministros de la Corte y a otras dos funcionarias por acusarlo de planillero cuando estaba internado a raíz de un tumor cerebral.

Poder Judicial

Foto: Archivo UH.

Gregorio Darío Acosta Talavera, abogado de 33 años, entabló una demanda contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Gladys Bareiro de Módica, por supuestamente incluirlo en una lista de funcionarios planilleros cuando el mismo había solicitado un permiso especial por graves problemas de salud.

La demanda fue también contra Geraldine Cases Monges, que en ese entonces se desempeñaba como secretaria del Consejo de Superintendencia, y Lilian Giovanna Luraschi, directora general interina de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y el Estado paraguayo.

El denunciante trabajó en el Poder Judicial por 10 años hasta su renuncia el 20 de enero del 2021, donde se desempeñó como dactilógrafo en el despacho del Juzgado del Séptimo Turno en lo Civil y Comercial.

La demanda señala que en los primeros días de marzo del año 2019 solicitó un permiso sin goce de sueldo por el término de seis meses, el cual fue concedido mediante Resolución Nº 83 del 13 de marzo de ese año.

A mediados del mes de junio del 2019 fue diagnosticado con un tumor cerebral que atentaba contra su vida y debía someterse a una intervención quirúrgica inmediatamente. Por lo que en fecha 1 de julio solicitó su reincorporación, lo cual le fue resuelto favorablemente el 2 de julio.

El afectado indicó que solicitó su reincorporación para acceder a un permiso especial con goce de sueldo, un derecho del funcionario.

Nota relacionada: Corte publica nombres de 58 supuestos planilleros

Agregó que el 1 de julio del 2019 recurrió a la Dirección de Recursos Humanos para realizar ambas solicitudes y entregar copias del diagnóstico y poner al tanto sobre su situación delicada de salud. Posteriormente, el 2 de julio viajó al Brasil para ser intervenido en el Hospital Sirio-Libanés dada la gravedad del caso.

Si bien señala que la intervención fue todo un éxito ya que se logró extirpar el tumor, la operación tuvo ciertas consecuencias como falta de equilibrio, insensibilidad en el brazo y extremo inferior lado derecho, dificultad en el habla, visión doble y un poco nublosa, además de una leve parálisis facial.

Acosta relató en su denuncia que el 9 de agosto del 2019, al no tener respuesta de su pedido de permiso, volvió a presentar nuevamente una solicitud de permiso especial, esta vez dirigida al presidente del Consejo de la Superintendencia, Eugenio Jiménez Rolón, y de la misma tomó conocimiento Geraldina Cases Monges.

Finalmente, el 13 de agosto del 2019, 42 días después, el servicio médico del Poder Judicial dictaminó que correspondía el permiso médico en consideración a la gravedad del caso. No obstante, el permiso especial no fue despachado, por lo que el 6 de setiembre del 2019 volvió a solicitar nuevamente dirigiéndose en esta ocasión a Jiménez Rolón.

Lamentó que tras varias deficiencias administrativas el 18 de setiembre se resolvió un sumario a 35 funcionarios por abandono de cargo y que seguían percibiendo sus honorarios. Dijo que días anteriores ya fueron publicados en una lista nombres de presuntos planilleros y que en segundo lugar se encontraba su nombre, a pesar de todas las notificaciones que realizó de su estado de salud.

“Los agravios y expresiones deshonrosas que recibí en las páginas de los diarios digitales se dieron única y exclusivamente al irresponsable actuar de los demandados”, expresó el documento. El afectado señaló que todas estas acciones interfirieron en su recuperación, en sus sesiones de quimioterapia, además de un daño moral a él y su familia.

Dijo que tras el sumario le fue suspendido su sueldo y le fue retirado su seguro médico que en ese momento eran esenciales para seguir luchando por su vida.

La demanda cuenta con unas 45 páginas, la parte afectada quiere que los demandados abonen, cada uno, la suma de G. 400.000.000 con costas e intereses desde de la fecha de lo sucedido, 18 de setiembre de 2019, en concepto de daño moral.

También requiere un pedido de disculpas público, y que su nombre ya no aparezca relacionado al caso en los motores de búsqueda de internet, así como una aclaración de la Corte en la página web sobre su situación.

El denunciante mencionó que presentó su renuncia luego de soportar todo tipo de calificativos y tener que explicar a cada compañero lo que realmente sucedió.

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